Impacto España Noticias
Los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional han mostrado su malestar por la decisión del Ministerio del Interior de asignar protección policial a la analista política Sarah Santaolalla. La medida se adoptó después de que Santaolalla denunciara al activista Vito Quiles por presunto acoso y lesiones, tras asegurar que sufrió una agresión física cuando abandonaba el Senado.
La jueza encargada de investigar los hechos rechazó la solicitud de orden de alejamiento presentada por la denunciante al considerar que no existía un riesgo objetivo que justificara la adopción de dicha medida cautelar.
Ante esta situación, los sindicatos policiales Jupol y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han calificado de “escándalo” la asignación de escolta a la colaboradora televisiva. En un comunicado conjunto, ambas organizaciones han reclamado que se hagan públicos los informes técnicos que habrían justificado la decisión de destinar recursos policiales a su protección.
Asimismo, han solicitado conocer cuántos agentes participan en el dispositivo y si su designación ha supuesto retirar efectivos de otras unidades operativas de la Policía Nacional. Según recuerdan desde el SUP, la normativa que regula la protección policial establece que este tipo de medidas se adopta únicamente cuando existe constancia de un riesgo grave e inminente contra la vida, la integridad física o la libertad de una persona, o tras una valoración técnica realizada por los órganos competentes.
Los sindicatos subrayan que este tipo de dispositivos requieren el uso de recursos policiales limitados, por lo que consideran necesario que las autoridades expliquen las circunstancias concretas que han llevado a aprobar esta protección.
Por otro lado, las organizaciones sindicales han enmarcado su crítica en la situación de falta de personal que, aseguran, afecta a diversas unidades policiales. En especial, mencionan a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), cuyos agentes se encargan del seguimiento y protección de víctimas incluidas en el sistema de vigilancia de violencia de género.
Según denuncian, existen casos en los que un solo agente debe supervisar a decenas de víctimas dentro del sistema VioGén, llegando incluso a ratios cercanas a más de cien mujeres con protección activa por cada policía encargado del seguimiento.
Por este motivo, sostienen que mientras faltan medios para proteger a víctimas con medidas judiciales reconocidas, se destinan agentes a escoltas cuya necesidad consideran cuestionable.
Fuentes policiales han señalado que la Comisaría General de Seguridad Ciudadana ordenó a la Brigada Central de Escoltas activar un dispositivo de protección para Santaolalla a finales de la semana pasada. No obstante, se trataría de una escolta de carácter puntual y no permanente.
Los agentes la acompañarían únicamente en determinadas situaciones, especialmente cuando participe en actos públicos o eventos con gran afluencia de personas.
La orden, según estas fuentes, habría partido directamente de la Secretaría de Estado de Seguridad. Desde la Dirección General de la Policía señalan que no pueden ofrecer detalles sobre este tipo de dispositivos por motivos relacionados con la protección de las víctimas.
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