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Una sociedad con sede en una de las calles más exclusivas de Madrid, sin plantilla de trabajadores y sin ingresos por actividad comercial, figura en una investigación judicial que analiza posibles irregularidades en la tramitación de proyectos de energías renovables.
La empresa, Next Generation Caliope Innova SL, está controlada por el empresario Antxon Alonso Egurrola, cuyo nombre aparece en las diligencias elaboradas por la Guardia Civil dentro de un procedimiento abierto en un tribunal de Teruel.
Las actuaciones se apoyan en informes elaborados por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), que está rastreando la estructura societaria vinculada a la investigación. El foco del procedimiento se centra en presuntas irregularidades en la tramitación administrativa de proyectos de energías renovables, varios de ellos relacionados con la compañía Forestalia.
Entre los nombres que aparecen en el sumario también se encuentra Eugenio Domínguez, quien ocupó el cargo de subdirector general de Evaluación Ambiental en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La investigación lo sitúa como uno de los principales investigados en relación con las supuestas irregularidades detectadas.
Además, el empresario Antxon Alonso Egurrola ha sido señalado en distintas informaciones por su relación empresarial con el exdiputado socialista Santos Cerdán en la sociedad Servinabar SL.
Una sociedad con liquidez millonaria y sin actividad operativa
La documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 muestra una estructura financiera que ha despertado el interés de los investigadores.
Según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Next Generation Caliope Innova SL declaró un activo total de 2.180.917,99 euros. La mayor parte de esa cifra corresponde a liquidez disponible: aproximadamente 1,95 millones de euros estaban depositados en cuentas bancarias o caja.
No obstante, el balance revela también una elevada carga de deuda a corto plazo. Las obligaciones financieras de la sociedad alcanzaban los 2.176.904,97 euros, lo que dejaba el patrimonio neto reducido a apenas 4.013 euros.
Este esquema contable implica que la mayor parte de los recursos de la empresa procede de financiación externa o de préstamos. Aunque este tipo de estructuras puede ser habitual en sociedades instrumentales destinadas a desarrollar proyectos energéticos, en este caso ha sido objeto de análisis dentro del contexto de la investigación.
Otro elemento relevante es la ausencia de actividad económica directa. Según los registros contables presentados por la propia compañía, la sociedad no contaba con empleados ni en 2022 ni en 2023.
Asimismo, no registró ingresos por ventas ni facturación comercial, lo que indica que no ha desarrollado actividad operativa generadora de ingresos.
El resultado del ejercicio 2023 fue ligeramente positivo, con 1.067 euros de beneficio, después de que el año anterior se cerrara con pérdidas muy reducidas. El equilibrio financiero se alcanzó principalmente gracias a ingresos financieros cercanos a los 200.000 euros, que compensaron unas pérdidas de explotación superiores a los 100.000 euros.
En la memoria de sus cuentas, la empresa señala que su actividad se centra en el desarrollo de proyectos energéticos de tecnología fotovoltaica, integrados dentro de un conjunto de iniciativas todavía en fase inicial. El propio documento reconoce que la compañía apenas ha generado ingresos hasta el momento.
Fundación de la empresa y entrada de Antxon Alonso Egurrola
La sociedad Next Generation Caliope Innova SL fue constituida en abril de 2022 con un capital social inicial de 3.000 euros. En su creación participaron un particular y la empresa Caliope Innova SL.
Poco tiempo después de su constitución se produjo un cambio significativo en la estructura accionarial. En mayo de 2022, Antxon Alonso Egurrola adquirió 2.998 participaciones sociales de la empresa, convirtiéndose en su socio mayoritario.
La operación fue formalizada mediante escritura pública ante notario el 17 de mayo de 2022, quedando registrada en el protocolo notarial correspondiente.
Este tipo de adquisiciones tempranas es relativamente frecuente en sociedades creadas como vehículos para proyectos energéticos, donde las participaciones pueden cambiar de manos durante las fases iniciales de desarrollo.
El papel de Caliope Innova dentro del entramado empresarial
Los investigadores han identificado a Caliope Innova SL como una de las sociedades que aparece de forma recurrente en la estructura empresarial analizada.
Esta empresa fue constituida en septiembre de 2010 con un capital social de 3.100 euros y, con el paso de los años, ha participado en diversas operaciones societarias, incluidas la creación de nuevas compañías vinculadas al sector energético.
Entre las sociedades creadas en los últimos años destacan:
Caliope Energy Greem SL, constituida en noviembre de 2022.
Caliope Smart Energy SL, creada en febrero de 2023.
En ambos casos, Caliope Innova figura como socio único o principal accionista.
La investigación está analizando la relación financiera y societaria entre estas empresas para determinar si forman parte de una estructura destinada a gestionar proyectos energéticos concretos o si podrían haber sido utilizadas para canalizar determinadas operaciones económicas.
Movimientos patrimoniales bajo análisis
El procedimiento judicial también examina diversas operaciones patrimoniales realizadas por algunas de las personas investigadas.
Entre ellas figura la firma de un acta de depósito notarial en septiembre de 2023 entre Caliope Innova SL y Estudio de Asesoramiento Dherco SL, una sociedad controlada por la esposa de Eugenio Domínguez.
Ese mismo día, Domínguez y su esposa formalizaron capitulaciones matrimoniales de separación de bienes, un movimiento que forma parte del análisis patrimonial que están llevando a cabo los investigadores.
Con el objetivo de reconstruir la red empresarial y el flujo de activos, la Guardia Civil ha consultado múltiples registros oficiales, entre ellos el Registro Mercantil, el Registro de la Propiedad, el Catastro, la Dirección General de Tráfico, el fichero de titularidades financieras y los protocolos notariales.
Además, durante el desarrollo de la investigación se han realizado entradas y registros en domicilios particulares y sedes empresariales, autorizadas judicialmente.
Posibles delitos investigados
Las diligencias judiciales analizan la posible comisión de varios delitos relacionados con la gestión administrativa de proyectos energéticos.
Entre las figuras penales que están siendo investigadas figuran:
prevaricación administrativa
cohecho
blanqueo de capitales
pertenencia a organización criminal
Los investigadores intentan determinar si existió una estructura organizada destinada a influir de forma irregular en la tramitación de proyectos energéticos o a obtener beneficios económicos indebidos.
No obstante, el procedimiento se encuentra todavía en fase de investigación y no existen por el momento resoluciones judiciales definitivas sobre los hechos analizados.
Un domicilio en el barrio de Salamanca
Otro aspecto que ha llamado la atención en el análisis de la sociedad Next Generation Caliope Innova SL es su domicilio social, situado en la calle Serrano de Madrid, en pleno barrio de Salamanca.
Se trata de una de las zonas más exclusivas de la capital, donde numerosas sociedades establecen su sede en despachos profesionales o centros de negocios.
Aunque este tipo de domicilios es relativamente habitual en sociedades instrumentales o vehículos de inversión, en el contexto de la investigación judicial los investigadores están examinando con detalle la función real de la empresa dentro del entramado societario analizado.
Una investigación abierta
El procedimiento continúa en curso y la Guardia Civil sigue recopilando documentación y analizando operaciones societarias y financieras para esclarecer el papel de las empresas y personas implicadas.
El objetivo final es determinar si las sociedades investigadas actuaban simplemente como vehículos empresariales para el desarrollo de proyectos de energía renovable —una práctica habitual en el sector— o si, por el contrario, formaban parte de una estructura diseñada para facilitar irregularidades administrativas en la tramitación de dichos proyectos.
Hasta que concluyan las diligencias y se pronuncien los tribunales, la investigación permanece abierta y bajo supervisión judicial.
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