Impacto España Noticias
La Fiscalía Europea está ultimando una investigación iniciada hace aproximadamente dos años sobre la adjudicación de contratos públicos por valor de 8,4 millones de euros a empresas vinculadas al empresario Juan Carlos Barrabés. Las diligencias apuntan a posibles irregularidades que podrían encajar en delitos como tráfico de influencias o prevaricación, aunque por el momento no existe una conclusión judicial firme.
En junio de 2024, este organismo asumió el análisis de parte del procedimiento que instruye el juez Juan Carlos Peinado desde el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid. En ese marco, se investiga a Begoña Gómez por varios presuntos delitos, entre ellos malversación, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo. Sin embargo, su situación procesal se limita al ámbito nacional, ya que no forma parte de las actuaciones de la Fiscalía Europea.
Las pesquisas europeas se centran en dos contratos relacionados con programas de formación digital dirigidos a personas desempleadas y jóvenes, financiados en parte con fondos comunitarios. Dichos contratos fueron adjudicados por Red.es a una unión temporal de empresas en la que participaban sociedades del entorno de Barrabés junto a una escuela de negocios especializada.
Uno de los elementos que se están examinando es la inclusión de cartas de apoyo en las propuestas presentadas. Entre ellas figura un documento firmado en 2020 por Begoña Gómez en su condición de codirectora de un máster de la Universidad Complutense de Madrid, en el que se respaldaba la iniciativa impulsada por las empresas adjudicatarias.
Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado, elaborado a petición de la Fiscalía Europea, señala diversas anomalías en el proceso de adjudicación.
Entre ellas, destaca la falta de transparencia, posibles irregularidades administrativas y el peso determinante que se otorgó a ciertos criterios como las cartas de recomendación y acuerdos institucionales.
Según ese análisis, estos factores habrían influido de manera decisiva en la valoración de las ofertas, beneficiando a la unión empresarial adjudicataria y perjudicando a otros competidores. También se apunta que la ausencia de dichos elementos podía penalizar a los licitadores, lo que, a juicio de los técnicos, pudo distorsionar la objetividad del procedimiento.
La relevancia de Juan Carlos Barrabés en la causa aumentó después de que admitiera haber mantenido reuniones con Begoña Gómez en dependencias oficiales, sin precisar fechas ni contenidos. Tras su declaración, el juez Juan Carlos Peinado decidió modificar su situación procesal a investigado.
Mientras la Fiscalía Europea se acerca al cierre de su investigación sobre los contratos vinculados a fondos de la Unión Europea, el procedimiento judicial que se sigue en España continúa abierto y abarca un número mayor de adjudicaciones bajo análisis.
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