España se enfrenta a una creciente preocupación por las consecuencias a largo plazo de años de migración marroquí a gran escala, a medida que aumentan las advertencias de que una comunidad numerosa y cada vez más organizada podría empezar a ejercer una influencia política coordinada.
Las cifras oficiales citadas por La Región muestran que en 2024 residían en España cerca de 900.000 ciudadanos marroquíes, lo que los convierte en el grupo musulmán más numeroso del país. Más de 226.000 se concentran en Cataluña, y las cifras siguen aumentando drásticamente.
Lo que ahora causa alarma no es solo la magnitud, sino el potencial de movilización política.
La Región hizo referencia a un discurso pronunciado en 2023 por Enaam Mayara, entonces presidente de la cámara alta del parlamento marroquí, en el que hizo un llamamiento abierto a los marroquíes residentes en España para que entraran en política, se afiliaran a partidos y participaran en las elecciones.
Su objetivo era claro: ganar influencia dentro de las instituciones españolas y defender los intereses nacionales marroquíes desde dentro.
“Se debe alentar a la comunidad de nuestro vecino del norte a participar en el proceso político de ese país”, dijo Mayara.
“Se debe alentar a los miembros de la comunidad marroquí a que se conviertan en miembros del parlamento en el país de su nacionalidad para defender los intereses de su patria cuando sea necesario.”
“La comunidad marroquí debe integrarse en los partidos políticos españoles para formar un grupo de presión que defienda a Marruecos”, añadió.
Estos comentarios suscitaron temores de que lo que comenzó como una migración pudiera convertirse en una estrategia de presión política coordinada.
Más recientemente, Marruecos ha tomado medidas para reforzar su control sobre la identidad de la diáspora a través de la educación.
A principios de este mes, en respuesta a la suspensión del programa de lengua árabe y cultura marroquí en las regiones españolas de Madrid y Murcia, el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Nasser Bourita, pidió reformas en los programas de enseñanza en el extranjero que pudieran propiciar una «transformación cualitativa» en la forma en que se enseña la lengua árabe y la cultura marroquí a los niños que viven en el extranjero.
Estos cambios otorgarán mayor responsabilidad a la educación de la diáspora bajo una nueva estructura institucional, con el objetivo de ampliar los lazos culturales y lingüísticos entre Marruecos y sus ciudadanos en el extranjero.
Esta iniciativa surge en un momento en que los programas financiados por Marruecos ya están profundamente arraigados en el sistema educativo español. Cientos de escuelas en todo el país ofrecen clases de lengua árabe y cultura marroquí, con profesores seleccionados y remunerados por las autoridades marroquíes.
El Programa de Enseñanza de la Lengua Árabe y la Cultura Marroquí (PLACM) ya se está implementando en 12 comunidades autónomas, siendo Cataluña la región con mayor participación, con 125 centros. Le siguen Andalucía con 96 y Madrid con 70.
La combinación de la expansión de la educación subvencionada por el Estado y los mensajes políticos plantea serias dudas sobre la integración a largo plazo y sobre si las futuras generaciones estarán tan influenciadas por las instituciones marroquíes como por la sociedad española.
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