La investigación del accidente ferroviario de Adamuz ha puesto el foco en un problema que va más allá del fallo en la vía: la fiabilidad de los documentos aportados. Los técnicos detectan irregularidades que cuestionan la validez de informes clave para esclarecer lo ocurrido.
La CIAF, a través de su presidente Ignacio Barrón de Angoiti, alertó a la Guardia Civil de que muchas firmas incluidas en partes de soldadura y actas técnicas no son válidas. En lugar de firmas manuscritas o electrónicas verificables, aparecen como imágenes escaneadas, fácilmente manipulables y sin garantías de autenticidad.
Estas dudas surgieron tras un requerimiento de la Guardia Civil el 12 de febrero, al que la CIAF respondió el día 20 confirmando las “incongruencias” en la documentación remitida por ADIF.
En un accidente con 46 víctimas mortales, la falta de control sobre quién firma, cuándo y cómo se validan los documentos no es un detalle menor: compromete directamente la credibilidad de toda la investigación.
La documentación técnica del accidente ferroviario de Adamuz se ha convertido en el centro de una controversia que va mucho más allá de errores administrativos. Lejos de ofrecer claridad, los informes presentan inconsistencias que cuestionan tanto su fiabilidad como la transparencia de quienes los elaboraron y gestionaron.
El presidente de la CIAF, Barrón de Angoiti, ha advertido a la Guardia Civil de irregularidades difíciles de justificar. Una de las más llamativas es la presencia de firmas que no son válidas desde el punto de vista técnico: ni manuscritas originales ni electrónicas verificables. En su lugar, aparecen imágenes escaneadas que podrían haber sido insertadas sin garantías, lo que pone en duda la autenticidad de documentos clave.
Las dudas se agravan al analizar la evolución de los informes. Existen documentos redactados después del accidente que contradicen versiones anteriores, sin que se haya aclarado cuál refleja realmente los hechos. Esta falta de coherencia no parece fruto del desorden, sino de una gestión documental que permite alterar el relato técnico sin dejar rastro claro.
Uno de los puntos más delicados afecta directamente al origen del siniestro: el parte de la soldadura del carril. Este documento fue modificado días después del accidente. El inspector responsable, Eduardo J. Huertas, vinculado a la supervisión de los trabajos, aparece en actas cuya firma presenta una calidad deficiente, lo que refuerza las sospechas sobre la integridad del proceso documental. Aunque se ha alegado un simple “error”, los cambios afectan a aspectos técnicos esenciales, como el tipo de material utilizado, lo que hace difícil aceptar que se trate de una corrección menor.
Víctimas de la DANA acusan al Gobierno y a la Justicia de un «pacto» para encubrir responsabilidadesAdemás, se han detectado varias versiones de un mismo informe final, con fechas que no encajan entre sí y con páginas firmadas en momentos que no corresponden con la cronología oficial. Algunas modificaciones ni siquiera fueron recogidas en notas posteriores, lo que impide reconstruir con precisión qué se cambió, cuándo y por qué. En la práctica, esto supone la pérdida de trazabilidad de la información técnica.
Desde ADIF, su presidente, Luis Pedro Marco de la Peña, ha reconocido que hubo correcciones posteriores en la documentación e incluso la retirada de elementos de la vía sin autorización judicial. Sin embargo, ha rechazado de forma contundente cualquier acusación de manipulación, calificando las críticas como infundadas. Sus explicaciones, lejos de cerrar el debate, han alimentado nuevas dudas.
La investigación judicial, liderada por la jueza Cristina Pastor, intenta ahora esclarecer una cadena de decisiones que permanece difusa: quién detectó el defecto en el carril, quién recomendó su sustitución y quién autorizó finalmente la intervención. La opacidad documental está complicando de forma evidente esta labor.
El caso ha escalado también al ámbito comunitario. La Fiscalía Europea examina si los fondos europeos destinados a la modernización de la línea fueron utilizados de forma irregular. De confirmarse, las responsabilidades dejarían de ser únicamente técnicas o administrativas para adentrarse en el terreno penal.
En conjunto, lo que emerge es un panorama inquietante: documentos cuya autenticidad es cuestionable, versiones que se contradicen y decisiones técnicas imposibles de seguir con claridad. En un accidente con consecuencias tan graves, este nivel de descontrol no solo resulta difícil de explicar, sino que compromete seriamente la confianza en las instituciones implicadas.
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