Impacto España Noticias
El Gobierno de Navarra vuelve a quedar bajo sospecha tras destaparse un nuevo episodio de gestión irregular en el departamento de Derechos Sociales. Un informe interno de la Intervención Delegada ha confirmado que se abonaron más de 60.000 euros a una asociación que gestionaba un centro de MENAS sin contrato en vigor y sin fiscalización previa obligatoria.
La irregularidad afecta directamente al Ejecutivo de María Chivite y al área dirigida por Carmen Maeztu, que vuelve a quedar en el foco tras varios escándalos acumulados en centros tutelados y ayudas públicas.
Según el documento oficial, la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas pagó 60.290,55 euros a la Asociación Educativa Berriztu por la atención prestada durante enero de 2026 en el proyecto Garapen, pese a que el contrato había expirado el 31 de diciembre de 2025.
La Intervención Delegada detectó que el servicio continuó funcionando sin que se hubiera tramitado un nuevo expediente de contratación pública. Tampoco se realizó la fiscalización previa obligatoria antes de autorizar el gasto.
El contrato original había sido adjudicado en julio de 2024 mediante procedimiento negociado para atender a ocho menores migrantes no acompañados. Posteriormente se amplió a nueve plazas, pero el acuerdo terminó oficialmente al cierre de 2025.
Pese a ello, la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia consideró “imprescindible” mantener el servicio durante enero y propuso realizar el pago bajo la fórmula jurídica del enriquecimiento injusto.
Ese mecanismo permite compensar económicamente a una empresa o entidad cuando la Administración se ha beneficiado de un servicio prestado sin contrato formal, siempre que exista buena fe y se acredite que el trabajo se realizó realmente.
Aunque el Gobierno navarro acabó autorizando el pago mediante un acuerdo aprobado el 11 de marzo de 2026, la Intervención dejó por escrito una advertencia especialmente delicada.
El informe subraya que la regularización del pago “no eximirá de la exigencia de responsabilidades” por haber omitido los procedimientos exigidos en la Ley Foral de Contratos Públicos y en la normativa de Hacienda Pública.
Es decir, el dinero se pagó, pero el órgano fiscalizador deja abierta la puerta a posibles consecuencias administrativas o políticas.
La resolución final fue formalizada por la directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Inés Francés Román, el 16 de marzo de 2026.
El caso llega además en un momento especialmente sensible para el departamento de Derechos Sociales, que acumula varios episodios polémicos en los últimos meses.
Entre ellos figuran denuncias por el mordisco de una rata a un discapacitado en el centro público San José, abusos a menores tutelados, una agresión sexual en un centro de Tudela y las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el cobro de renta garantizada por parte de inmigrantes ilegales.
De hecho, recientemente también se conoció cómo las multas del nuevo radar de tramo más largo de Navarra están provocando una fuerte reacción social por sanciones de hasta 600 euros y pérdida de puntos.
A esto se suma la creciente presión política sobre el Ejecutivo navarro tras las críticas por la gestión educativa y social. Hace apenas unos días, Vox acusa a Educación de sectarismo por suprimir 14 aulas concertadas en Navarra y pide la dimisión de Gimeno aumentó todavía más la tensión parlamentaria.
Desde el área de Derechos Sociales se defendió la necesidad de mantener operativo el recurso de atención a menores migrantes sin interrupciones, argumentando que el servicio era esencial.
Sin embargo, el informe deja claro que esa continuidad se produjo sin cumplir los procedimientos legales habituales en contratación pública.
La cuestión ahora es política. Porque el documento no cuestiona que el servicio se prestara, pero sí pone negro sobre blanco que se actuó sin los controles exigidos por la ley.
Y eso coloca de nuevo a María Chivite frente a un nuevo frente de desgaste en plena acumulación de polémicas sobre la gestión de los servicios públicos navarros.
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