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El rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia vuelve a golpear directamente al Gobierno de Pedro Sánchez después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama haya situado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como supuesto «líder» de una estructura de tráfico de influencias vinculada a la operación.
La clave política del caso es que aquella ayuda pública no salió adelante sin el visto bueno del Consejo de Ministros presidido por Sánchez.
Según el auto judicial conocido este martes, Zapatero habría utilizado «sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración» para favorecer el rescate de la compañía aérea, investigada desde hace años por sus conexiones con el régimen venezolano.
La resolución sostiene que la trama actuaba de forma «estable y jerarquizada» y que el expresidente socialista ejercía labores de intermediación política para facilitar decisiones administrativas favorables a Plus Ultra. El juez apunta además a presuntas comisiones del 1% que habrían terminado en sociedades vinculadas al entorno de Zapatero y de sus hijas.
El caso amenaza ahora con alcanzar políticamente a Pedro Sánchez porque el rescate fue aprobado por el Ejecutivo en marzo de 2021 a través del fondo de apoyo a empresas estratégicas gestionado por la SEPI. La operación siempre estuvo rodeada de polémica debido a la reducida cuota de mercado de Plus Ultra y a sus vínculos empresariales con Venezuela.
El juez desvela que Plus Ultra ocultó sus deudas para acceder al rescate de 53 millones del GobiernoLa investigación recoge además conversaciones halladas en el móvil del empresario venezolano Rodolfo Reyes Rojas, propietario de la aerolínea hasta el pasado año, en las que miembros de la trama celebraban el rescate días antes de su aprobación oficial por el Consejo de Ministros. En esos mensajes se refieren presuntamente a Zapatero como «nuestro pana» y aseguran que «Zapa es nuestro contacto».
Mientras la UDEF registraba el despacho de Zapatero y varias sociedades vinculadas a la trama, tanto el PSOE como sus socios parlamentarios intentaron desacreditar la investigación judicial. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, llegó a afirmar erróneamente que el procedimiento partía de una denuncia de Manos Limpias, cuando la investigación fue impulsada por la Fiscalía Anticorrupción tras recibir información de las fiscalías de Francia y Suiza.
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