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El juez Santiago Pedraz ordenó de forma expresa al coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que cualquier novedad relacionada con la investigación sobre las cloacas del PSOE fuera comunicada únicamente al juzgado y a la Fiscalía Anticorrupción. La instrucción quedó plasmada por escrito con el objetivo de blindar la causa, evitar filtraciones y limitar al máximo el número de personas con acceso a las diligencias.
La decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional se produjo en un contexto de especial preocupación por las posibles interferencias internas en la Guardia Civil. La investigación sobre Leire Díez había empezado a revelar una fractura dentro del Instituto Armado y la existencia de maniobras dirigidas, presuntamente, a obstaculizar el trabajo de la UCO en causas judiciales que afectan al entorno del Gobierno.
En una providencia, Pedraz reclamó al jefe de la UCO, Pedro Merino, que actuara «con la debida y rigurosa cautela» respecto al avance de las pesquisas. El magistrado advirtió además de que cualquier incumplimiento de ese deber de reserva podría acarrear consecuencias disciplinarias, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran derivarse.
El instructor estableció que los resultados de las investigaciones sobre la red presuntamente dirigida por Santos Cerdán, así como cualquier información obtenida en el curso de esas diligencias, solo debían ser trasladados al propio juzgado y al departamento que dirige el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón. La orden buscaba impedir que datos sensibles circularan por canales orgánicos ordinarios dentro de la Guardia Civil.
La cautela del juez se explica por los indicios recabados durante el análisis de los dispositivos intervenidos a los investigados y por las declaraciones prestadas por mandos y agentes del Cuerpo. Esas diligencias habrían apuntado a la existencia de presiones para que determinadas investigaciones que afectaban al entorno del presidente del Gobierno quedaran ralentizadas o fueran tratadas con distancia por parte de algunos responsables internos.
Durante el periodo en el que se sitúa una parte relevante de los hechos, la UCO estaba dirigida por Rafael Yuste. El exjefe de la unidad declaró el pasado martes que se habían producido presiones directas desde la cúpula de la Guardia Civil. En concreto, señaló al antiguo director general del Cuerpo, Leonardo Marcos, y al DAO Manuel Llamas, en relación con la investigación abierta sobre el hermano de Pedro Sánchez.
Yuste también relató que el pasado mes de septiembre se impulsó una tercera investigación interna por orden de la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Según su testimonio, se solicitó a la Jefatura de la UCO un organigrama detallado con nombres y apellidos de los oficiales que participaban en investigaciones relacionadas con el entorno del presidente del Gobierno.
A esas declaraciones se suman las evidencias localizadas por la propia UCO sobre una presunta relación de confianza entre Mercedes González y Leire Díez, considerada una de las principales investigadas en la causa. Los agentes sostienen que la directora general recibió a la llamada fontanera del PSOE en al menos tres ocasiones para abordar cuestiones vinculadas a estas investigaciones.
Los investigadores sospechan que Díez pudo haber influido sobre González para que se activaran actuaciones administrativas contra agentes implicados en pesquisas que afectaban al Ejecutivo y a personas próximas a Pedro Sánchez. Ese escenario reforzó la necesidad de restringir al máximo la circulación de información dentro del propio Cuerpo.
La investigación ha destapado, según las diligencias, una serie de movimientos destinados a neutralizar o condicionar el trabajo de unidades policiales encargadas de causas sensibles. En ese marco se encuadra la decisión de Pedraz de imponer un canal de comunicación cerrado entre la UCO, la Audiencia Nacional y Anticorrupción.
No es la primera vez que un juez adopta una medida similar en procedimientos de alta sensibilidad política. El magistrado José Luis Calama también ordenó a los responsables de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal encargados del caso Plus Ultra que no informaran a sus superiores orgánicos sobre el desarrollo de la investigación.
En aquella causa, el juez impuso un régimen de «absoluta reserva» al apreciar indicios de posible implicación de personas que habían ocupado altas responsabilidades públicas y de contactos con individuos vinculados a gobiernos extranjeros. El instructor consideró que esas circunstancias elevaban el riesgo de interferencias externas.
La investigación sobre Plus Ultra derivó posteriormente en la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Ese precedente refuerza la tesis de que, en determinadas causas con derivadas políticas e institucionales, los jueces han optado por limitar los flujos internos de información para evitar filtraciones o presiones.
La orden de Pedraz, por tanto, no solo buscaba proteger el secreto de la investigación que terminó con la entrada de la UCO en Ferraz, sino también preservar la independencia de los agentes encargados de avanzar en una causa marcada por las sospechas de injerencias dentro de la Guardia Civil.
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