Impacto España Noticias
Un juzgado de Madrid ha condenado a la diputada y secretaria general de Podemos Ione Belarra a pagar 9.000 euros al ex magistrado Manuel García-Castellón por llamarle prevaricador cuando se jubiló.
El magistrado del juzgado civil 45 estima parcialmente la demanda de García-Castellón y considera que sus manifestaciones en la red social X en 2024 generaron al juez "un daño moral que debe ser indemnizado en la cuantía de 9.000 euros". La demanda reclamaba que la compensación fuera de 350.000 euros.
También impone a Belarra difundir el contenido de la sentencia en su perfil de X o en otro medio con semejantes características.
De momento, Belarra ha insistido en su línea de acusación: "Me condenan a pagarle 9.000 euros a García-Castellón, el juez que se va a Cartagena de Indias con los corruptos de Plus Ultra, que ha protegido a los corruptos del PP y le ha hecho la guerra sucia judicial a Podemos. Nos perseguirán, pero no conseguirán que nos callemos.Seguimos", ha escrito en X.
García-Castellón alegaba en su demanda que Belarra vulneró su derecho al honor al publicar en 2024 con mensajes en la red social X, con motivo de su jubilación. El 2 de septiembre escribió: "Hoy el BOE publica la jubilación forzosa del juez García-Castellón. Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rositas sin sanción alguna gracias al PSOE. Vergüenza".
Le siguieron otros de este tenor: "García-Castellón no tenía ganas de jubilarse y continúa la guerra sucia judicial contra Podemos. Se querella contra mí por decir la verdad, que lo que ha hecho para proteger al PP y para seguir a los adversarios políticos de la derecha es corrupción, con o sin condena".
El magistrado interpuso la demanda ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo , all estar Belarra aforada como diputada. Sin embargo, el Alto Tribunal lo remitió a los juzgados ordinarios al considerar que las manifestaciones no fueron hechas "en el ejercicio de su cargo" de diputada, algo que le habría exonerado de cualquier responsabilidad conforme a la Constitución.
"Aquellas manifestaciones constituyen la atribución directa al demandante de la condición de delincuente y corrupto lo que para cualquier ciudadano, al margen de su profesión, constituye la imputación más grave que puede hacerse, solo graduable en función del delito de que se trate. En nuestro caso, la imputación del delito de prevaricación es, quizá con el cohecho, la peor de las que profesionalmente cabe atribuir a un juez o magistrado, lo que tampoco parece requerir de más explicaciones", añade la sentencia.
La sentencia pone de relieve que en este caso se enfrentan el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión de "dos personajes públicos con gran trascendencia mediática".
En este sentido resuelve que, en contra de lo argumentado por Ione Belarra, sus expresiones "no contienen sustrato fáctico alguno" y se limitan "a la simple y pura descalificación profesional del demandante, sin acotación alguna".
Subraya que "ni siquiera la formación a la que pertenece la demandada, ni ninguno de sus dirigentes", ha estimado oportuno formular una querella (en el ámbito penal) contra García-Castellón por las actuaciones que señaló Belarra.
Sobre la cantidad fijada, de 9.000 euros frente a los 350.000 que pedía García-Castellón, la sentencia cita jurisprudencia sobre casos similares y destaca que el juez jubilado "ha ejercitado libre y públicamente su derecho a confrontar su opinión con la sostenida por la demandada".
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