El informe 98/2026 de la Guardia Civil incorporado en el 'caso cloacas' que investiga el magistrado Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional ha permitido a la Unidad Central Operativa (UCO) acreditar que la 'fontanera' Leire Díez no actuó de manera autónoma, como sugieren desde el PSOE y La Moncloa, sino que existía un canal de información de sus maniobras a la dirección política socialista, personificada por el momento en el que fue secretario de Organización del partido de Pedro Sánchez, Santos Cerdán.
No en vano, a diferencia de los indicios disponibles hasta la fecha, este nuevo atestado se apoya tanto en el material incautado por los investigadores en los registros practicados durante los días 27 y 28 de mayo en los domicilios del propio Cerdán, del empresario Javier Pérez Dolset y del ex senador andaluz Gaspar Zarrías, como en los requerimientos cursados a Ferraz y a la Dirección General de la Guardia Civil; y, en el análisis de los teléfonos de Leire Díez y de los ordenadores intervenidos, el pasado mes de diciembre; además de las declaraciones que se tomó a un total de 16 testigos más 2 investigados.
Es decir, la mayoría de la nueva documentación recogida en el dictamen policial no se basa en referencias personales o en versiones aportadas por los interrogados sino que procede de los archivos socialistas -la contabilidad de los viajes de la 'fontanera' y los pagos y facturas correspondientes a los mismos, que fueron autorizados por «orden» de Santos Cerdán, sin control previo o revisión posterior de ningún tipo- y de las notas internas del Instituto Armado, donde ha quedado documentado que la cúpula política contribuyó en una campaña de desprestigio y boicot a sus compañeros de la UCO.
Y, todo ello, abunda en la tesis de que Leire actuó bajo el paraguas de la estructura criminal orquestada en Ferraz, durante los cinco días de reflexión del presidente del Gobierno, tras la imputación de su mujer Begoña Gómez, y que existió una «dación de cuentas» de la mujer a los responsables de la formación.
La UCO ha encontrado un mismo documento bajo el título «2024-11-19 Incumplimientos», que resultaría estratégico para el funcionamiento de la trama, en dos localizaciones diferentes, avalando así la tesis de los vasos comunicantes entre las 'cloacas' y el Partido Socialista.
Llegados a este punto, cabe recordar que el archivo se encontró por primera vez en diciembre de 2024, en un portátil de Leire Díez. Se trataba de un listado de promesas judiciales supuestamente incumplidas a personajes como el ex comisario José Manuel Villarejo, Francisco Martínez o Pérez Dolset, con referencias explícitas a fiscales y magistrados como José Grinda, el jefe de Anticorrupción Jesús Luzón o el magistrado del Supremo Manuel Marchena.
Sin embargo, los nuevos y más recientes hallazgos han sumado un dato clave a la instrucción del caso: una copia impresa de ese mismo documento que fue localizada en una sala cerrada con llave en el sótano de la sede del PSOE en Ferraz, entre las cajas con loe efectos recopilados del despacho de Santos Cerdán, tras su salida del cargo interno.. Las propiedades del archivo digital indican que el mismo fue creado por «Leire Díez Castro» el 19 de noviembre de 2024. De tal manera que si se confirma la coincidencia, la evidencia es muy sólida y así lo ha reflejado la UCO: esto sugiere que Leire rendía cuentas, de manera directa, al 'dos' de Sánchez en el partido.
Sin embargo, no son las únicas evidencias palpables ya que entre el resto del material entregado por el propio PSOE a requerimiento de la Audiencia Nacional, ejecutado por los investigadores, constaba una libreta de tapas negras rotulada a mano con el titular «Santos Cerdán enero 2025 mayo 2025», entre cuyas páginas también aparecen anotaciones manuscritas de su dueño, que la UCO ha transcrito por su utilidad para las pesquisas.
Una de ellas hace referencia a cómo tras la salida del empresario Víctor de Aldama de prisión provisional, donde ingresó por su presunta implicación en las licencias irregulares de los hidrocarburos, por las que se encuentra imputado, el PSOE activó el contacto con el abogado Jacobo Teijelo, hoy letrado de Cerdán y también investigado, para explorar la posibilidad de una estrategia procesal basada en la anulación de las causas de corrupción que salpican al Gobierno: «Ha dicho Jacobo, pide la nulidad en la causa de su cliente Yepes».
Lo anterior, además, aderezado con el hecho de que el PSOE pagó 125.000 euros más IVA a Teijelo -53.000 de ellos en dos facturas que no se incorporaron a la contabilidad oficial- por diseñar la petición de las anulaciones en bloque que «habría nacido de Santos».
Otra, en cambio, apuntaba de manera directa a la jueza que instruía el caso del hermano del presidente del Gobierno en Badajoz, la instructora Beatriz Biedma, que sentó a David Sánchez en el banquillo. «BADAJOZ que Fiscalía apoye la recusación», reza el apunte. Una línea que exploró la propia Leire Díez, más tarde, durante sus maniobras para desactivar a los magistrados y fiscales incómodos, y que vuelve a poner en el punto de mira de la UCO la conexión evidente entre 'fontanera' y partido.
El informe también incluye otras dos notas internas de la Dirección General de la Guardia Civil que demuestran que el Cuerpo detectó, en tiempo real, la operación de desgaste que las 'cloacas' orquestaron contra los miembros de la UCO. Una trama que, presuntamente, implica a la directora general del Instituto Armado, Mercedes González, y al Director Adjunto Operativo (DAO), Llamas.
La primera, del 29 de abril de 2025 y firmada por la Jefatura de Información, relata una videoconferencia en la que Leire instó a atacar a la UCO «personalizando acusaciones injuriosas» contra los investigadores. La nota añade que el grupo transmitía que detrás de la estrategia estaba Santos Cerdán y que la Directora General de la Guardia Civil lo sabía.
La segunda, elaborada por la propia UCO el 5 de mayo, afirma textualmente que Leire «presume de tener un control absoluto sobre la cúpula de la Dirección General de la Guardia Civil, concretamente sobre su Directora General».
Estas notas subieron por la cadena de mando: el jefe de la UCO las remitió al jefe de Policía Judicial, este al Director Adjunto Operativo (número dos del cuerpo) y, según el informe, la Directora General Mercedes González ya tenía conocimiento al menos desde el 8 de mayo.
En el teléfono de Leire constan mensajes en los que su abogada le pasa una noticia sobre la UCO y le pide que se la pase a «Mercedes» para conocer su opinión. Leire responde que ya lo ha hecho y añade: «Acabo de jugarme una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO».
Justo el día en que se publicaron mensajes de José Luis Ábalos con Pedro Sánchez, se activó en ese chat el borrado automático a 24 horas. La Dirección General de la Guardia Civil ha negado contactos posteriores al 2 de abril, pero el juez tendrá que valorar la contradicción entre lo que consta en el teléfono y el comunicado oficial.
A todo lo anterior se suma una reunión atada entre Leire Díez y Mercedes González que, de acuerdo con las conclusiones de la UCO, se produjo tal y como lo trasladó la propia Leire a tres personas distintas: el expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) Vicente Fernández; la abogada Leticia de la Hoz, encargada de la defensa de Koldo García Izaguirre; y, el abogado Ismael Oliver, también implicado en la trama.
Hace unos días, la propia González reconoció la existencia de dicho encuentro. La directora general señaló que Leire quiso verla para que Rubén Villalba, el guardia civil detenido por la corrupción del 'caso Koldo' -al que se le pagó hasta medio millón de euros por garantizar la seguridad de los miembros de la trama y de sus corruptelas- pudiera volver a su puesto, algo que no llegó a materializarse. En realidad, la UCO asegura que Leire y González se vieron hasta en tres ocasiones diferentes los días 30 de septiembre de 2024, 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025.
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