La impunidad con la que opera el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha alcanzado cotas verdaderamente alarmantes. Al gobernar de espaldas al Parlamento, sin unos Presupuestos Generales del Estado aprobados y mediante el uso abusivo del decreto, el Consejo de Ministros se ha arrogado el poder absoluto de saquear las arcas públicas para sus fines partidistas. No hay control, no hay fiscalización y, lo que es peor, no hay el más mínimo pudor.
Una de las últimas fechorías presupuestarias se ha saldado con un generoso «regalo» de 32 millones de euros extraídos directamente del bolsillo de los trabajadores españoles. Este dinero no va destinado a mejorar las pensiones, ni a rescatar a los autónomos asfixiados, ni a reforzar una sanidad pública en estado crítico.
Va directo a engrasar los estómagos agradecidos de las cúpulas de UGT y CCOO. El Gobierno utiliza el dinero de todos como un mecanismo de soborno legalizado para comprar voluntades y garantizar que las estructuras que deberían defender al pueblo actúen como la guardia pretoriana sindical de La Moncloa.
El entreguismo de los denominados «sindicatos comegambas» constituye la mayor estafa social de la España contemporánea. UGT y CCOO han sido arrastradas por el fango de la sumisión política a cambio de prebendas económicas.
Hoy en día, estas organizaciones ya no representan al obrero, representan a una casta de burócratas instalada en la opulencia que ha vendido su dignidad por un plato de lentejas… o, mejor dicho, por una bandeja de marisco pagada por el contribuyente.
La desconexión entre los líderes sindicales y la cruda realidad de la calle es absoluta. Mientras las familias españolas se ven obligadas a modificar su dieta alimentaria, renunciando a la carne y al pescado por culpa de una inflación galopante que el Gobierno es incapaz de frenar, los liberados sindicales disfrutan de mariscadas y comidas de lujo en restaurantes de postín.
Se han convertido en organizaciones parásitas que han renunciado de forma voluntaria, consciente y cobarde a su obligación constitucional de movilización laboral. Han preferido el pesebre institucional y la subvención millonaria antes que cumplir con su deber, firmando una traición histórica contra la clase trabajadora a la que han dejado completamente desamparada.
Al aceptar ser regados con millones de euros en cada Consejo de Ministros, Pepe Álvarez y Unai Sordo han asumido sin tapujos el papel de mamporreros sindicales del sanchismo. Su sumisión al relato oficial de La Moncloa es tan extrema que ya ni siquiera disimulan su complicidad.
Su función actual en el tablero político español no es presionar o exigir reformas al Ministerio de Trabajo; su verdadera tarea consiste en actuar como bomberos de la conflictividad social, apagando cualquier atisbo de protesta obrera que pueda desestabilizar al presidente.
Es repugnante constatar la doble vara de medir de estas organizaciones mercenarias. Con gobiernos de signo contrario, UGT y CCOO incendiaban las calles, convocaban huelgas generales por décimas de desviación en el IPC y paralizaban el país ante el más mínimo ajuste laboral.
Hoy, bajo el mandato del Gobierno que más ha empobrecido a las clases medias y trabajadoras mediante una presión fiscal confiscatoria y el encarecimiento salvaje de la cesta de la compra, los sindicatos comegambas guardan un silencio sepulcral. No hay protestas, no hay pancartas, no hay huelgas.
Las cúpulas sindicales actúan como comisarios políticos del régimen, saliendo a los medios de comunicación a aplaudir los datos de empleo maquillados y a justificar la ruina económica de los españoles a cambio de que su flujo de subvenciones no se detenga.
La perversión total de este sistema clientelar radica en que la factura de la paz social comprada por Sánchez no la paga el Partido Socialista, sino que se carga de forma íntegra sobre las costillas de los ciudadanos. Los 32 millones de euros de la última adjudicación son una bofetada directa en el rostro de los millones de españoles que sufren para pagar el recibo de la luz, el combustible o la hipoteca.
Es un negocio redondo para los mercenarios del sindicalismo: ellos cobran millonadas por callar, mirar hacia otro lado y desactivar la contestación social, mientras el pueblo llano asume el coste de su propia sumisión a través de impuestos abusivos.
Financiar con el dinero de las víctimas a los encargados de defenderlas, para que estos se alíen con el verdugo económico, es la máxima expresión de la corrupción institucional del sanchismo. Las sedes de UGT y CCOO se han transformado en agencias de colocación y ministerios encubiertos donde lo último que importa es el bienestar del trabajador.
Se han vendido al poder político perdiendo toda legitimidad moral para firmar convenios o arrogarse la representación de una ciudadanía a la que han vendido en los despachos de Ferraz por un puñado de monedas estatales.
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