Impacto España Noticias
El juez José Luis Calama ha acordado citar como investigadas a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, dentro de las diligencias relacionadas con el denominado caso Plus Ultra. El magistrado considera que existen indicios que justifican examinar su intervención como administradoras de la sociedad Whathefav SL.
La decisión judicial, según la información facilitada, se produce después de la comparecencia de Zapatero ante el instructor y amplía el foco de las pesquisas hacia las operaciones económicas de su entorno familiar. La investigación analiza ahora movimientos vinculados a cuentas del antiguo jefe del Ejecutivo, de su esposa, Sonsoles Espinosa, y de sus dos hijas.
La condición de investigadas no implica una declaración de culpabilidad. El propio auto señalaría que, en esta fase procesal, no resulta necesario disponer de pruebas concluyentes ni haber acreditado plenamente la intención delictiva, sino únicamente contar con elementos suficientes para esclarecer los hechos mediante una investigación judicial.
Uno de los principales ejes de las diligencias es el funcionamiento de Whathefav SL. El instructor sospecha que la sociedad pudo utilizarse como instrumento para recibir, distribuir u ocultar dinero supuestamente relacionado con empresas del entorno investigado y con la aerolínea Plus Ultra.
La investigación parte de la hipótesis de que Zapatero habría ejercido labores de intermediación para favorecer la concesión del rescate público de 53 millones de euros aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para la compañía aérea. Por ahora, esa posible participación y el supuesto origen ilegal de determinados fondos no han sido establecidos mediante sentencia.
Según los informes policiales y el escrito atribuido a la Fiscalía Anticorrupción, Whathefav habría transferido más de 450.000 euros a las cuentas personales de Alba y Laura Rodríguez Espinosa durante el periodo examinado. Los investigadores sostienen que esas cantidades superarían los pagos que corresponderían a los trabajos desarrollados por ambas en la empresa.
El Ministerio Público considera, de acuerdo con el texto aportado, que la evolución patrimonial de las dos hermanas no guardaría correspondencia con los salarios percibidos en la sociedad. Esta circunstancia sería uno de los indicios utilizados para relacionarlas con la presunta estructura financiera investigada.
El juez también concede relevancia al hecho de que el expresidente apareciera autorizado en cuentas bancarias de sus hijas que recibieron transferencias procedentes de Whathefav. A juicio del instructor, este vínculo reforzaría provisionalmente la hipótesis de que la compañía pudo actuar como canal de circulación del dinero.
Las pesquisas abarcan igualmente las finanzas del matrimonio formado por Zapatero y Sonsoles Espinosa. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal habría detectado que una de sus cuentas conjuntas recibió aproximadamente 1,5 millones de euros entre 2020 y 2025.
Cerca de medio millón de esa cantidad habría procedido de Análisis Relevante SL, sociedad perteneciente a Julio Martínez Martínez, empresario cuya relación con las personas y compañías examinadas también está siendo objeto de análisis.
Entre las operaciones destacadas por la UDEF figura la cancelación anticipada de un préstamo hipotecario mediante una transferencia de unos 498.000 euros en enero de 2025. El crédito había sido contratado once meses antes para financiar la compra de una vivienda situada en la calle Ramón Crespo de Madrid.
De acuerdo con el informe policial, Sonsoles Espinosa habría ordenado personalmente el abono desde una cuenta secundaria de CaixaBank. Esta cuenta habría recibido previamente dinero procedente de otro depósito compartido por el matrimonio, por lo que los investigadores tratan de reconstruir el origen y el recorrido de los fondos.
La documentación sostiene que, si se acreditara que el dinero utilizado para amortizar la hipoteca o adquirir otros bienes procedía de actividades ilícitas, podrían estudiarse las eventuales consecuencias jurídicas para quienes se hubieran beneficiado de él. En el caso de Espinosa, el texto plantea la posibilidad de una responsabilidad civil, aunque no consta en la información suministrada que haya sido citada como investigada.
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