Marruecos ha lanzado una dura advertencia a España en plena crisis migratoria de Ceuta. El ministro de Justicia marroquí, Abdelatif Ouahbi, sostiene que resulta imposible exigir a Rabat que contenga la inmigración ilegal mientras las políticas españolas permiten posteriormente obtener residencia, asilo o regularizar la situación de parte de quienes consiguen entrar en territorio nacional.
Las declaraciones llegan después de la entrada masiva registrada en Ceuta el pasado 30 de julio y trasladan buena parte de la responsabilidad hacia las decisiones adoptadas en España.
Ouahbi asegura, además, que Marruecos había advertido al Gobierno de Pedro Sánchez más de un año antes de que existía una contradicción entre exigir controles en la frontera y ofrecer posteriormente vías legales para permanecer en España.
El ministro marroquí ha expuesto su posición durante una entrevista concedida al canal árabe Asharq News.
Su planteamiento es especialmente contundente.
Según Ouahbi, España no puede reclamar a Marruecos que dedique recursos a impedir las salidas mientras simultáneamente existen mecanismos que permiten a algunos inmigrantes permanecer legalmente en territorio español.
El ministro asegura que Rabat ya trasladó esta contradicción al Ejecutivo español.
En otras palabras, Marruecos plantea una pregunta incómoda al Gobierno: ¿qué incentivo existe para frenar las salidas si alcanzar territorio español puede terminar abriendo la puerta a quedarse?
La advertencia llega además en un momento especialmente delicado para las relaciones entre ambos países.
El Ejecutivo destinó recientemente 500.000 euros a Marruecos para un programa de salud sexual y reproductiva dirigido a inmigrantes, una nueva muestra del volumen de cooperación existente entre ambos gobiernos.
Ouahbi ha señalado específicamente una resolución del Tribunal Supremo como otro de los elementos que habrían agravado la situación.
Según las declaraciones recogidas, el ministro considera que la reciente sentencia relacionada con las devoluciones de inmigrantes que acceden a nado habría sido “la gota que colmó el vaso”.
El mensaje lanzado desde Rabat va más allá de una crítica puntual.
Marruecos está cuestionando la coherencia de toda la estrategia migratoria española y europea.
Ouahbi sostiene que no puede pedirse a un tercer país que ejerza de barrera mientras las normas aplicadas una vez alcanzado territorio europeo pueden ofrecer protección, residencia o posibilidades posteriores de regularización.
Las palabras más contundentes de la entrevista llegan precisamente en este punto.
El ministro plantea que, si España pretende regularizar posteriormente a quienes consiguen entrar, Marruecos podría preguntarse directamente por qué debería impedir su salida.
La amenaza política implícita resulta evidente.
Sin cooperación marroquí, controlar una frontera sometida a una fuerte presión migratoria resulta mucho más complicado para España.
Y Rabat lo sabe.
La dependencia española de la colaboración marroquí vuelve así al centro del debate después de los acontecimientos de Ceuta.
La cuestión resulta todavía más sensible porque Marruecos mantiene históricamente sus reivindicaciones territoriales sobre Ceuta y Melilla. La advertencia de Santiago Abascal sobre las dos ciudades autónomas en Santiago Abascal acusa a Sánchez y Von der Leyen de negociar la soberanía de Gibraltar sin el respaldo de los españoles.
Existe otra paradoja en esta crisis.
Marruecos reclama la repatriación de los menores marroquíes que consiguieron acceder a España durante los acontecimientos de Ceuta.
Ouahbi ha sido tajante al defender que estos menores deben regresar con sus familias y permanecer dentro del entorno cultural y familiar marroquí.
El ministro asegura que su país no pretende renunciar a ellos y reclama coordinación con España para organizar su retorno.
La cuestión de los menores extranjeros lleva años generando un enorme debate político en nuestro país, especialmente por las dificultades existentes para comprobar la edad en determinados casos y efectuar repatriaciones.
El reproche no se limita a Pedro Sánchez.
Ouahbi acusa a Europa de mantener una política de “inmigración selectiva”.
Su argumento es que los países europeos aceptan con facilidad médicos, ingenieros, especialistas tecnológicos y otros trabajadores altamente cualificados formados en Marruecos, mientras intentan impedir la llegada de otros perfiles migratorios.
Rabat defiende que la solución pasa por establecer vías ordenadas y mecanismos de cooperación, pero insiste en que Europa debe definir primero qué política quiere realmente aplicar.
Según el ministro, Marruecos y los países europeos deberían compartir los costes humanos, sociales y económicos derivados del fenómeno migratorio.
La entrevista ha dejado otro momento particularmente sensible.
Ouahbi niega que Marruecos esté utilizando deliberadamente Ceuta y Melilla como instrumento de presión contra España.
Pero eso no significa que Rabat renuncie a sus conocidas reivindicaciones.
El ministro reconoce que la cuestión permanece encima de la mesa y apuesta por resolverla mediante el diálogo y una estrategia de largo plazo.
La combinación resulta políticamente explosiva: Marruecos niega estar utilizando la inmigración como herramienta de presión mientras, simultáneamente, recuerda que mantiene abierto el debate sobre las dos ciudades españolas.
El problema deja así de ser exclusivamente migratorio.
La crisis afecta a las relaciones diplomáticas con Marruecos, a la política de extranjería, a las devoluciones fronterizas, al reparto de menores y a la propia capacidad española para controlar una de las fronteras más sensibles de Europa.
Mientras tanto, Pedro Sánchez continúa pasando buena parte del verano en Lanzarote. Sánchez se toma más de un mes de vacaciones en su palacio canario, con una estancia prevista en La Mareta durante buena parte de agosto.
El mensaje procedente de Marruecos deja ahora al Ejecutivo ante una difícil contradicción.
España necesita la cooperación de Rabat para contener las entradas irregulares, pero Marruecos sostiene que no puede exigírsele cerrar la puerta mientras las políticas españolas ofrecen posteriormente posibilidades de permanecer a quienes consiguen cruzarla.
Y después de lo sucedido en Ceuta, esa discusión ha dejado de ser teórica.
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