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La impunidad y el desprecio institucional hacia las victimas del terrorismo han alcanzado cotas históricas en España. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha denunciado con firmeza la concesión de cinco nuevos beneficios penitenciarios a asesinos de la banda terrorista ETA por parte del Ejecutivo autonómico. Esta decisión no es un hecho aislado, sino el reflejo de una calculada y perversa hoja de ruta que comparte plenamente el Gobierno de Pedro Sánchez.
Ambas administraciones ejecutan la misma agenda de impunidad: vaciar las cárceles de terroristas mediante atajos legales. Las asociaciones de víctimas asisten con dolor e indignación a un proceso de amnistía encubierta, donde los derechos de los criminales se anteponen sistemáticamente a la memoria, la dignidad y la justicia de quienes pagaron el precio más alto por defender la democracia.
Con estas últimas resoluciones, la cifra de presos de ETA que han accedido a la semilibertad mediante terceros grados o la aplicación fraudulenta del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario supera ya el centenar desde que el Gobierno vasco asumió la gestión de prisiones en octubre de 2021. Los datos del Observatorio de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) confirman que son exactamente 101 los etarras que hoy disfrutan de privilegios inadmisibles.
Esta vergonzosa realidad evidencia cómo la transferencia de competencias penitenciarias se concibió desde el poder político como un pago de favores a los herederos de la banda de asesinos, transformando las prisiones vascas en un coladero de impunidad y privilegios.
La gravedad de la situación radica en el uso arbitrario y partidista de la legislación por parte del Ejecutivo autonómico. COVITE ha denunciado de forma tajante la concesión de terceros grados a criminales de la talla de Asier Arzalluz Goñi y Óscar Celarain, así como la flexibilización de régimen otorgada a Joanes Larretxea, Gorka Palacios y Arantza Zulueta.
Ninguno de estos individuos, cumple con las exigencias morales ni legales que impone el ordenamiento jurídico, entre las que destaca de forma irrenunciable el arrepentimiento sincero y la colaboración eficaz con la Justicia para esclarecer los cientos de atentados que aún permanecen sin resolver.
La administración vasca recurre a informes de progresiones de grado que los colectivos de víctimas tildan directamente de fraudulentos. Estos expedientes camuflan la persistente justificación del terrorismo bajo eufemismos burocráticos. Al actuar de este modo, el Gobierno vasco de la mano del Ejecutivo central sabotea los principios más elementales del derecho penitenciario.
Se concede la semilibertad a personas orgullosas de su pasado criminal, enviando un mensaje devastador a la sociedad civil: en la España actual, asesinar por objetivos políticos tiene premio si los votos de los cómplices son necesarios para mantener al Gobierno en el poder.
El ejemplo que mejor ilustra este atropello institucional es la situación de Asier Arzalluz Goñi, un terrorista que arrastra una condena de 30 años de prisión por asesinatos, estragos, tentativas de homicidio y tenencia de armas de guerra. El Gobierno vasco ya le había otorgado el tercer grado, pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió la medida y el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria la revocó de inmediato al constatar la ausencia de los requisitos legales exigidos.
Sin embargo, en un acto de flagrante rebeldía y chulería institucional, la administración autonómica ha vuelto a concederle el mismo beneficio apenas unos meses después, burlando el criterio judicial.
Esta reiteración delictiva desde las propias instituciones autonómicas demuestra una voluntad deliberada de forzar la legalidad hasta sus límites con tal de favorecer a los reos de ETA. No importa que la justicia dicte lo contrario; el Gobierno vasco repite el procedimiento una y otra vez en un bucle infinito que desgasta los recursos del Ministerio Público y destroza anímicamente a las familias de las víctimas.
En esta misma tanda de beneficios figura Joanes Larretxea, implicado en el vil asesinato del empresario Ignacio Uría. El ensañamiento institucional contra la memoria de los asesinados se consuma al ver cómo sus verdugos pasean por las calles de los mismos pueblos donde sembraron el terror.
Una de las herramientas más utilizadas en esta estrategia de vaciado carcelario es el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Este precepto legal fue diseñado originalmente para facilitar itinerarios de reinserción en casos muy específicos y excepcionales, permitiendo a presos en segundo grado trabajar o realizar actividades fuera de la prisión.
No obstante, las autoridades penitenciarias vascas lo han desvirtuado por completo, utilizándolo como un tercer grado encubierto para terroristas que no reúnen las condiciones legales para progresar de grado de forma ordinaria.
Un caso paradigmático de este uso espurio es el de Arantza Zulueta, considerada durante años el brazo ejecutor del frente de cárceles de ETA, cuya misión principal era coaccionar a los presos para impedir cualquier atisbo de arrepentimiento individual o colaboración con los jueces.
Que una figura clave en el mantenimiento del fanatismo criminal reciba estos beneficios sin renegar de su historial es una burla sangrienta. El Gobierno de Sánchez y sus socios vascos han convertido un artículo de flexibilidad terapéutica en una puerta trasera de amnistía técnica para criminales que jamás han pedido perdón a sus víctimas.
El origen de este deterioro se encuentra en la nefasta decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de transferir las competencias de prisiones al País Vasco en octubre de 2021. Al ceder esta competencia clave, Moncloa entregó la llave de las celdas a quienes siempre han mostrado una evidente simpatía por el entorno terrorista, consumando una traición inaceptable a los servidores públicos asesinados por la banda.
La dinámica actual es perversa: la administración vasca otorga la semilibertad, la Fiscalía recurre, los juzgados la tumban y, a los pocos meses, el Gobierno autonómico vuelve a firmar la progresión de grado. Este procedimiento fraudulento dilata los tiempos y permite a los terroristas disfrutar de meses de libertad condicional de facto antes de que los tribunales actúen. La desprotección de las víctimas es absoluta frente a una maquinaria institucional volcada en blanquear el pasado sangriento de ETA para asegurar la estabilidad parlamentaria del Gobierno en Madrid.
El Observatorio de la AVT ratifica estadísticamente este proceso de impunidad planificado que comenzó en 2018. El plan se ejecutó con absoluta frialdad en cuatro fases consecutivas:
De los 119 terceros grados concedidos por el Ejecutivo vasco, la inmensa mayoría terminaron consolidándose debido a las trabas burocráticas y a la pasividad del Ejecutivo central. Ejemplos sangrantes como el del histórico dirigente del comando Vizcaya, Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias «Gadafi» —condenado a más de 1.100 años de cárcel por quince asesinatos, incluido el del niño de dos años Fabio Moreno— evidencian la monstruosidad de esta política.
Que un monstruo capaz de asesinar a un niño disfrute hoy de semilibertad confirma la quiebra moral del Gobierno. La traición del sanchismo y del nacionalismo vasco no solo humilla a las víctimas del terrorismo, sino que corroe los cimientos éticos de la nación española, borrando la frontera entre los asesinos y los inocentes.
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