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Santiago Abascal entierra la ‘vía andaluza’ de Juanma Moreno. El Partido Popular y la formación verde han cerrado en la tarde de este jueves un acuerdo íntegro de coalición in extremis para que el nuevo Ejecutivo autonómico eche a andar con plenas funciones la próxima semana. Pocos minutos después de las 19:00 horas, el líder del PP ha logrado ser investido como presidente de la región por tercera vez consecutiva, asegurándose el mandato hasta 2030.
Una hora antes, a las 18:00, el político malagueño y el líder de Vox en esta comunidad, Manuel Gavira, firmaron el “Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía” frente a un sinfín de cámaras y flashes que han inmortalizado el momento en el que los de Abascal entran por primera vez en el Palacio de San Telmo. El presidente electo intentó hasta el final marcar su propia agenda en el sur, evitar ‘el lío’ que más que advertir, vaticinó en campaña. Trató de alejarse de Génova y resistir a los embates de Abascal desde Bambú, pero no ha podido soportar la presión.
El acuerdo tendrá como líneas maestras la prioridad nacional y la desregularización. Los de Abascal entran en el Gobierno, como en el resto de autonomías, con una vicepresidencia y una consejería. En concreto, Manuel Gavira asumirá la cartera de Turismo, Justicia, Desregularización y Administración Local con rango de vicepresidencia, amén de un senador. Todo sellado bajo 150 medidas, la inmensa mayoría sobre el sector primario.
“Es similar a la que asumió Juan Marín en 2018”, indican fuentes del entorno de Moreno. “Desde la experiencia que en Andalucía ha habido de muchos acuerdos, en la época de Chaves, en la época de Griñán, en la época de Susana Díaz, y en mi propia época, donde ya he tenido la experiencia de acordar con Vox en el año 2019 y con el Grupo Ciudadanos, siempre he dicho que es muy importante un acuerdo que el partido con el que se acuerda esté en el Gobierno”, justificó el mandatario andaluz.
El partido verde ha mantenido una posición férrea en todo el proceso de negociaciones que comenzó el 9 de junio, tras 23 días de silencio por parte del PP. En estas tres semanas de conversaciones intensas, Moreno ha esgrimido el apoyo recibido el 17-M, cuando obtuvo la confianza de 1,7 millones de personas (el 41,16% de los sufragios), y se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta. Un aval que ha intentado utilizar hasta el último minuto para reeditar un gabinete monocolor, diferente a lo que ambas fuerzas han pactado en Aragón, Extremadura y Castilla y León.
Tras la firma del documento, Moreno y Gavira comparecieron de manera conjunta en la planta superior del Parlamento de Andalucía. “No es un simple acuerdo de investidura, sino un pacto de legislatura para los próximos cuatro años”. De hecho, entre los 150 puntos que recogen las 60 páginas del documento, una de ellas es la cláusula de “lealtad institucional”, para que las votaciones en los asuntos fundamentales vayan unidos. De romperlo, supondría el fin de la coalición según fuentes del Ejecutivo andaluz consultadas.
Moreno justificó el gobierno conjunto argumentando que, tras los resultados del 17-M, la falta de una mayoría suficiente abría la puerta al “desgobierno” en proyectos clave. “Vox es Vox y el PP es PP. Somos diferentes pero con objetivos en común. Todos dejamos cosas atrás, algo que ocurre en cualquier negociación. Es fruto de un diálogo permanente, constante, intenso y honesto”, defendió más serio de lo habitual salvo algún que otro chascarrillo para romper el hielo.
Los de Abascal no han negociado por los dos sillones que le faltaban al PP para conseguir otra mayoría parlamentaria, sino por los 15 diputados que ostentan actualmente. Hasta llegar a este punto, los populares han dado un giro de 180º en su discurso desde la campaña electoral hasta ahora: de defender un mandato en solitario pasaron a apostar por un ejecutivo “de estabilidad” y ahora, asimilan que la ultraderecha entre con al menos un asiento en el Consejo de Gobierno del Palacio de San Telmo, lo que les garantiza la viabilidad de aprobar hasta cuatro presupuestos autonómicos.
El ciclo electoral que comenzó el 21 de diciembre de 2025 en Extremadura ha concluido este jueves 2 de julio. Cuatro comunidades autónomas, cuatro alianzas entre PP y Vox y, en suelo andaluz, la extrema derecha ha colocado la guinda del pastel. Es el territorio con mayor población de España (8,5 millones de habitantes), cada año supera la cantidad diseñada para las cuentas públicas regionales (la última de 51.600 millones de euros) y es la que más diputados envía al Congreso (61 escaños). La joya de la corona.
Andalucía, el “oasis” que hasta hace unas semanas seguía un camino propio, se pone a la cola del resto de regiones donde ambas siglas han asumido que están obligadas a entenderse. Una unión aupada por la fraternidad política que Feijóo ha impuesto desde Génova con los de Abascal. No quiere pillar desprevenido a su electorado en las elecciones generales de 2027 para desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa como ocurrió en 2023. No obstante, por el camino hasta dicho destino, ha enterrado la “vía andaluza”, la de su “califa”.
El pacto se ha desbloqueado tras superar el que se pensaba que sería el principal escollo de la negociación: la política migratoria y la exigencia de la organización de Gavira de aplicar la “prioridad nacional”. Querían el compromiso por escrito del presidente que garantice la preferencia de los andaluces en el acceso a ayudas y servicios públicos frente a los inmigrantes. Pero, sobre todo, querían plazos. En la memoria colectiva de los ultraconservadores quedó marcado como un trauma ‘el error de 2019’, cuando pactaron por primera vez junto a Moreno y, según la extrema derecha, “se incumplieron la mitad de las medidas”.
Siguiendo la fórmula previamente ensayada por las cúpulas de ambos partidos en Extremadura, Aragón y Castilla y León, el PP-A ha asumido el concepto bajo el paraguas técnico del “arraigo real, duradero y verificable” en el territorio. “Nuestra tierra no puede ser menos”, han repetido hasta la saciedad los de Vox.
En el acuerdo suscrito entre entre el PP extremeño y Vox para la Junta de Extremadura se define así: “El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. En Andalucía lo han copiado palabra por palabra.
Para salvar el perfil moderado de Moreno y esquivar las limitaciones legales que imponen los artículos de la Ley de Extranjería contra la discriminación de extranjeros residentes, el equipo popular ha modificado su relato explícitamente crítico que caracterizó su campaña. Los populares vinculan ahora esta medida con los criterios ya existentes en las ayudas a la dependencia, donde se exige un empadronamiento mínimo de cinco años. Ya no es un “eslogan hueco”, una medida “irreal” o “ilegal”, como dijo el presidente en campaña electoral.
Fuentes del Ejecutivo autonómico matizan que este criterio de arraigo no se aplicará en los comedores escolares, descartando cualquier tipo de exclusión en el ámbito educativo menor. En su lugar, el texto introduce el fomento del consumo de alimentos ecológicos y de proximidad en los centros. Asimismo, se ha confirmado que no se suspenderán las subvenciones destinadas a la cooperación internacional, manteniendo las partidas presupuestarias de desarrollo exterior.
El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ejerció la presión suficiente para que el PP-A cediera definitivamente. “En primera no, en segunda me parece a mí que no, y que siga por ese camino, tercera, cuarta, quinta o nunca”, advirtió de forma paralela al primer discurso de investidura del presidente. A partir de entonces, ambas fuerzas se emplazaron para cambiar el tono áspero con el que iniciaron las conversaciones y, hasta unas horas antes de la votación, los encuentros han sido muy intensos con tal de llegar a este momento.
Entre las medidas más destacadas, una nueva bajada de impuestos. Este es uno de los puntos donde ambos partidos se han entendido a la perfección y habrá una reducción estimada de 325 millones de euros al año, que suma un total de 1.300 millones en toda la legislatura. Habrá una reducción del IRPF autonómico para rentas inferiores a los 60.000€ anuales y un recorte directo en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
Con este encaje, ambas fuerzas políticas han logrado un punto de encuentro que desatasca el apartado ideológico y los populares “superan el complejo” al que aludió Gavira en la cámara autonómica. El pacto, además, implica un cambio en la composición de la Mesa del Parlamento, gobernada hasta ahora con mayoría absoluta por el grupo mayoritario, que se había quedado con cinco de los siete puestos de relevancia y Vox ostentará una de las vicepresidencias.
Ahora, el equipo de la Consejería de Hacienda podrá ponerse en marcha para dar los primeros pasos hacia las próximas cuentas de la comunidad autónoma para 2027. Para cumplir con las metas fiscales, este departamento necesita iniciar las tareas en el correspondiente proyecto que la consejera, Carolina España, iniciaba sobre el mes de mayo y ponía en marcha en julio. Cualquier retraso en la formación del Ejecutivo afecta directamente a la planificación económica regional, algo a lo que no están acostumbrados después de cuatro años con mayoría absoluta. No obstante, con este pacto llegan en tiempo y forma a la fecha límite, que sería a finales de diciembre.
Una vez que se ha superado el bloqueo programático, las delegaciones han terminado por desalojar al “elefante en la habitación” que representaba el reparto del poder ejecutivo. Aunque el PP esgrimió los 53 escaños y su cercanía a la mayoría absoluta para defender un mandato monocolor, la firmeza del equipo de Manuel Gavira ha forzado la coalición.
Los puntos clave del reparto institucional reflejan el equilibrio de fuerzas:
Vicepresidencia de la Junta: Manuel Gavira asumirá este rango institucional, pilotando una macroárea que unifica las competencias de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local. Este departamento gestionará un presupuesto aproximado de 1.200 millones de euros. Además, de los cinco representantes que le corresponde designar al Parlamento de Andalucía por cupo autonómico, uno de los asientos será cedido a Vox.
La formación verde ha hecho valer los 576.635 votos obtenidos el 17-M (13,8%) y sus 15 diputados para asegurar un mandato más, apoyado por 68 de 109 parlamentarios. Hasta ahora, un candidato a presidir esta tierra jamás había obtenido tanto apoyo para ser investido como presidente, aunque si fuese por el líder popular, estaría satisfecho si hubiesen sido 55.
Porque inicialmente, el equipo negociador de los populares (el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, y el secretario general del PP-A, Antonio Repullo) se opuso a las aspiraciones de Vox de replicar el modelo de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Pero como en toda negociación, ambas partes tienen que ceder y estaba claro que Abascal no iba a desaprovechar la oportunidad después de una campaña en la que se habían sentido “despreciados” por “la soberbia” del presidente. ‘Le tenía ganas’.
Una de las carteras más codiciadas por los de Abascal es la de Agricultura, plataforma que han utilizado allá donde han gobernado para imponer su agenda. En el sur peninsular, el presupuesto que maneja es de 2.000 millones de euros, mucho más que la cantidad que suman juntas las otras regiones donde la dirigen. No obstante, las principales asociaciones agrarias (ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de la región) "le echaron un capote" al equipo dirigido por Ramón Fernández-Pacheco con un comunicado conjunto exigiendo continuidad en la consejería al no “tener la experiencia o el conocimiento de los detalles”, tal como expresaron distintos representantes de estas organizaciones.
Pese a haber sido una de las mayores pretensiones de la formación de Abascal durante las semanas de negociación, los populares consiguen retener el control de esta cartera estratégica para el campo andaluz. Desde la Junta de Andalucía señalan a este diario que la cesión de esta cartera era una de las líneas rojas que no cruzaría el PP, algo que celebran para diferenciarse del resto de territorios.
Este nuevo Gabinete pasa a la historia como el quinto ejecutivo de coalición de la autonomía andaluza. El socialista Manuel Chaves inauguró la fórmula pactando con el Partido Andalucista (PA) en 1996 y en el año 2000.
Doce años más tarde, José Antonio Griñán revalidó el poder aliando los 47 escaños del PSOE con los 12 de Izquierda Unida para frenar al popular Javier Arenas, que había ganado las elecciones con 50 parlamentarios.
La cuarta coalición la estrenó el líder actual del PP, Juanma Moreno en 2018 con Ciudadanos y gracias al primer pacto programático con Vox. Ocho años después, el mandatario malagueño inicia su tercer mandato sumando el apoyo de 68 de los 109 diputados de la Cámara y abriendo por primera vez las puertas de San Telmo a la extrema derecha.
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