La ONU aplaude a Sánchez por perseguir la objeción de los médicos

El engranaje del globalismo transnacional y sus terminales ejecutivas a nivel local han vuelto a sintonizar sus frecuencias para perpetrar un ataque coordinado contra las libertades más fundamentales del individuo. En un ejercicio de cinismo institucional sin precedentes, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de sus relatorías ideológicas y sectarias, ha aplaudido y bendecido de manera abierta la deriva tiránica del Gobierno de Pedro Sánchez en España. 

El motivo de esta felicitación internacional no es otro que el desmantelamiento progresivo y la asfixia legal del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, un pilar ético y ético-médico que estorbaba los planes de la agenda proabortista global.

La confirmación de esta alianza liberticida ha sido destapada por la organización C-Fam, al detallar el contenido del último informe presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bajo el pomposo y manipulador título de «La salud como facilitadora de la dignidad«, la doctora Tlaleng Mofokeng ha tardado seis años en dar forma a un documento que destila falsedades y dogmatismo ideológico en cada párrafo. Mofokeng, en su condición de relatora especial sobre el derecho a la salud, no ha disimulado sus prioridades.

 En el texto ha reiterado su exigencia global para que los estados miembros despenalicen por completo el aborto en cualquier supuesto y, simultáneamente, ha elogiado de forma entusiasta a España por haber impuesto severos límites a la capacidad de los médicos, enfermeros y matronas para negarse a practicar estas intervenciones alegando imperativos éticos o morales.

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El perfil radical de la relatora de las Naciones Unidas

Para comprender el calado de este informe, resulta indispensable analizar la trayectoria de su autora, una activista que encarna la infiltración del lobby abortista en los organismos internacionales. Tlaleng Mofokeng es una conocida militante ultra radical de extrema izquierda del sector que forma parte de la junta directiva del Fondo de Acción para el Aborto Seguro.

Su historial incluye comparecencias ante el Congreso de los Estados Unidos con el único fin de torpedear la denominada Política de Ciudad de México, una medida provida histórica que prohibía desviar fondos públicos norteamericanos hacia organizaciones extranjeras que promueven o ejecutan abortos en el tercer mundo.

 Asimismo, es coautora de manuales de litigio estratégico en colaboración con la Universidad de Georgetown, diseñados específicamente para blindar jurídicamente la ideología de género y la llamada salud reproductiva.

El informe de Mofokeng no se limita al ámbito de la cultura de la muerte, sino que abraza la totalidad de la agenda globalista contemporánea. En sus páginas se incluye una reclamación formal para que las naciones adopten legislaciones que amparen la denominada identidad de género autodefinida, desarticulando los criterios biológicos elementales.

De igual modo, exige la despenalización absoluta del trabajo sexual, asumiendo los postulados del colectivismo más radical. Esta hoja de ruta se alinea de forma exacta con las directrices de Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, quien de manera reiterada ha exigido la eliminación de cualquier barrera gestacional para el aborto, abriendo la puerta a su práctica legal hasta el mismo instante del parto.

La pinza del globalismo local y transnacional en España y Europa

La sintonía entre los dictados de Ginebra y Nueva York con las políticas desarrolladas en Madrid y Bruselas demuestra la existencia de una estrategia coordinada. El Parlamento Europeo ya dio su visto bueno a iniciativas destinadas a blindar el aborto como un supuesto derecho fundamental dentro de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Esta ofensiva se complementa con la asfixia económica ejecutada por las instituciones europeas, que han llegado a bloquear la financiación de entidades provida bajo el pretexto de que sus postulados de defensa de la vida y la familia natural no se adhieren a los supuestos valores comunes de la Unión.

En el caso español, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha convertido en el alumno aventajado de esta corriente centralizadora de pensamiento único. La reforma de la ley del aborto, impulsada inicialmente bajo el mandato de la comunista Irene Montero en el Ministerio de Igualdad y consolidada por el actual Ejecutivo, se diseñó bajo la premisa de garantizar el acceso libre, público y gratuito a esta práctica en el centro médico más cercano al domicilio de la solicitante.

Para lograr este objetivo logístico, el gobierno de Sánchez no dudó en arrollar la libertad de conciencia de aquellos profesionales que, fieles al juramento hipocrático y a sus convicciones personales, consideran que su misión es salvar vidas y no destruirlas.

El mecanismo del señalamiento y las listas de objetores

La herramienta elegida por el sanchismo para doblegar la resistencia de la comunidad médica ha sido la creación de los polémicos registros de objetores de conciencia. Bajo una falsa apariencia de organización administrativa, estos listados obligan a los facultativos a significarse de manera oficial si desean eludir la práctica de abortos o la aplicación de la eutanasia.

Diversos colectivos médicos y profesionales de la sanidad pública han denunciado que este sistema funciona, a efectos prácticos, como una lista negra destinada al señalamiento y la discriminación laboral, alterando los procesos de promoción interna y penalizando la fidelidad a los principios deontológicos.

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La agresión legislativa no se ha limitado al personal hospitalario. En el ámbito de las oficinas de farmacia, el derecho a la objeción de conciencia fue laminado de forma directa. 

Las leyes actuales obligan a todas las farmacias del territorio nacional a dispensar las píldoras del día después, contemplando sanciones económicas coercitivas que pueden alcanzar el millón de euros en caso de desabastecimiento o negativa por motivos morales. Esta coacción económica evidencia la nula tolerancia del Ejecutivo hacia cualquier manifestación de disidencia ideológica frente a los dogmas oficiales del Estado.

El Tribunal Constitucional como garante de la tiranía legislativa

El blindaje jurídico de esta vulneración de derechos fundamentales ha corrido a cargo de un Tribunal Constitucional cuya imparcialidad se encuentra profundamente cuestionada. La corte de garantías, presidida por Cándido Conde-Pumpido, emitió una sentencia clave durante el análisis de las impugnaciones a la ley del aborto, sentando un precedente doctrinal de tintes claramente totalitarios.

El tribunal dictaminó textualmente que el derecho a la libertad ideológica no es suficiente, por sí mismo, para liberar a los ciudadanos del cumplimiento de los deberes constitucionales y legales por razones de conciencia.

Mediante este pronunciamiento, el Tribunal Constitucional redujo la objeción de conciencia a una excepción marginal que debe ser interpretada siempre de forma restrictiva. Al anteponer el mandato legal e ideológico del Gobierno de turno sobre el derecho fundamental a actuar conforme a la propia conciencia, el tribunal ha despojado a los ciudadanos de su última barrera de defensa frente a la arbitrariedad del poder político, facilitando el aplauso y la validación de organismos internacionales como la propia ONU.

La resistencia médica frente a la propaganda de la Moncloa

Frente al discurso oficial de la Moncloa, que insiste en que los registros se gestionan con el máximo respeto y lógica administrativa, la realidad en el día a día de los centros sanitarios desmiente la propaganda gubernamental. Coincidiendo con las denuncias de diversas asociaciones en jornadas de defensa de la libertad de conciencia, los profesionales denuncian una atmósfera de presión asfixiante. 

Los facultativos señalan el contrasentido de crear un registro para quienes se niegan a realizar un acto que interrumpe una vida, en lugar de confeccionar una lista con aquellos voluntarios dispuestos a ejecutar las directrices de la ley.

El escenario actual revela la preocupante alianza entre el globalismo transnacional de las Naciones Unidas y el autoritarismo local encarnado por Pedro Sánchez. Mientras la ONU utiliza sus informes para validar la persecución de la disidencia ética en los sistemas sanitarios, el Gobierno español ejecuta con precisión milimétrica la liquidación de las libertades civiles en el plano doméstico. 

La felicitación internacional a Sánchez no es una medalla al progreso, sino la constatación de que España se ha convertido en el laboratorio idóneo para ensayar la deconstrucción de los derechos individuales en beneficio de una agenda global uniforme y totalitaria.

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