El chantaje funciona!: Los beneficios penitenciarios a presos de ETA alcanzan los 235 desde la llegada de Sánchez a La Moncloa

El panorama político e institucional de España atraviesa uno de sus episodios más oscuros y humillantes para la sociedad en general y para las víctimas del terrorismo en particular debido a la sistemática degradación del Estado de derecho provocada por Sánchez. La gestión de sumisión que encabeza P.S. ha rebasado todas las líneas rojas de la decencia y de la dignidad moral al cimentar su permanencia en el Palacio de La Moncloa sobre el pacto espurio y la rendición incondicional ante los herederos políticos e ideológicos del terrorismo asesino de ETA.

Lo que en un principio se pretendió disfrazar como una normalización de la política penitenciaria ordinaria se ha revelado con crudeza como una indigna estrategia de sumisión y entreguismo absoluto a los verdugos de la organización criminal ETA.

La impunidad se ha convertido en la moneda de cambio habitual para garantizar los votos necesarios que sostienen al Ejecutivo en el poder, sacrificando el honor de la nación y la memoria de los caídos por la libertad. Los privilegios otorgados a quienes empuñaron las armas y regaron de sangre las calles de España no dejan de aumentar, en una progresión obscena que demuestra el absoluto desprecio de Sánchez hacia los principios de justicia y reparación.

De acuerdo con las verificaciones más recientes elaboradas por el Observatorio de Víctimas del Terrorismo, un total de 235 reclusos de la banda asesina se han beneficiado de diversas medidas de alivio penal desde que Sánchez asumió la Presidencia del Gobierno. Esta pavorosa cifra no es casual, sino el resultado directo de una hoja de ruta meticulosamente diseñada para vaciar las cárceles de terroristas por la puerta de atrás.

La claudicación histórica ante el terrorismo y el pacto de Moncloa

El constante incremento en la concesión de estas prebendas a los asesinos convictos de ETA coincide en el tiempo con una de las decisiones más polémicas y dañinas tomadas en la historia reciente de España: el traspaso definitivo de las competencias de gestión penitenciaria al Gobierno autonómico vasco. Al transferir las llaves de las prisiones a una administración fuertemente condicionada por las exigencias del separatismo terrorista, el Ejecutivo central abdicó conscientemente de su obligación de velar por el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas.

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Los datos estadísticos recopilados en los registros oficiales reflejan con absoluta nitidez las diferentes resoluciones que se han adoptado tanto antes como después de que el Ejecutivo autonómico asumiera de forma directa la gestión de los centros penitenciarios de Vascongadas. Desde el preciso instante en que se materializó dicha transferencia de competencias, la concesión arbitraria de terceros grados, libertades condicionales anticipadas y regímenes especiales de semilibertad ha experimentado una aceleración sin precedentes.

 Esta indigna situación mantiene sumidas en un estado de profunda desolación y permanente preocupación a las numerosas asociaciones de víctimas del terrorismo, que asisten impotentes al espectáculo de ver cómo el Estado se arrodilla ante quienes intentaron destruirlo mediante el terror y la extorsión.

El escandaloso goteo de terceros grados a asesinos convictos

La última actualización del macabro registro de beneficios ha incorporado dos nuevos nombres que evidencian la falta de escrúpulos de la actual política penitenciaria española. Se trata de los terroristas Goñi y Óscar Celarain, este último una figura especialmente sanguinaria condenado por su implicación directa en el brutal atentado perpetrado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en la localidad alicantina de Santa Pola.

 Aquel ataque, que sesgó de forma salvaje la vida de un hombre y de una niña de apenas seis años, constituye uno de los atentados más trágicos, cobardes y dolorosos ejecutados por la banda armada ETA en los últimos años de su sangrienta actividad criminal. Ambos delincuentes han obtenido recientemente la clasificación en tercer grado penitenciario por obra y gracia de los criterios de flexibilización aplicados bajo el amparo de los pactos de La Moncloa.

Esta vergonzosa decisión administrativa eleva de manera oficial hasta los 235 el número total de etarras que han resultado directamente favorecidos por medidas de alivio penal desde que Pedro Sánchez alcanzara el poder. El mensaje que se transmite a las familias de las víctimas y a la sociedad en general es devastador y profundamente amoral: el asesinato masivo y la lealtad al terrorismo obtienen recompensa si sirven para apuntalar mayorías parlamentarias en Madrid.

Las cifras de la vergüenza y los mecanismos de semilibertad

Cuando se analizan con detenimiento las estadísticas del entreguismo, se constata que la inmensa mayoría de estos intolerables beneficios corresponden a la concesión directa del tercer grado penitenciario. En total, se contabilizan ya 151 resoluciones de esta naturaleza, algunas de las cuales fueron acordadas cuando la competencia de prisiones seguía formalmente en manos de la Administración General del Estado y muchas otras validadas ya bajo la gestión directa y cómplice del Ejecutivo vasco.

A esta elevadísima cifra se añaden, además, 62 libertades condicionales concedidas de manera laxa a internos de la banda criminal, junto con cerca de una veintena de regímenes de semilibertad que han sido autorizados mediante la controvertida aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Este mecanismo legal específico, concebido originalmente para supuestos excepcionales de reinserción social, se está utilizando de forma fraudulenta para flexibilizar al máximo el cumplimiento efectivo de las condenas impuestas por los tribunales. Gracias a este subterfugio, se facilitan salidas diarias a la calle y se establece un régimen de reclusión sumamente atenuado y menos restrictivo, sirviendo como una antesala encubierta antes de otorgar el tercer grado definitivo a los delincuentes.

El insulto a la memoria histórica con los dirigentes favorecidos

Entre los beneficiarios más destacados de esta modalidad de semilibertad fraudulenta figuran históricos y sanguinarios dirigentes de la cúpula de ETA como Soledad Iparraguirre, conocida en el entorno criminal bajo el alias de Anboto, y Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki. Estos dos nombres representan la máxima expresión de la crueldad y la dirección estratégica de la estructura armada de la organización terrorista, responsables intelectuales y materiales de decenas de asesinatos y atentados indiscriminados. 

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Que criminales de este calibre se beneficien de medidas de gracia encubiertas supone un insulto intolerable a la memoria histórica de España y una burla sangrienta a los tribunales de justicia que los condenaron a cientos de años de prisión.

Resulta clamoroso que, ante esta deprimente realidad, algunas de estas vergonzosas decisiones administrativas hayan tenido que ser recurridas con posterioridad por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la cual ha solicitado formalmente en determinados casos la revocación inmediata de los beneficios al considerar que no concurrían en absoluto los requisitos legales mínimos y obligatorios para su concesión a internos por delitos de terrorismo.

La complicidad institucional y el desprecio absoluto a las víctimas

Las principales asociaciones de víctimas del terrorismo en España han manifestado en reiteradas e incontables ocasiones su más enérgico rechazo y repulsa hacia estas medidas de gracia institucionales. Los colectivos de afectados argumentan, con toda la razón moral y legal de su parte, que la práctica totalidad de los etarras beneficiados no han cumplido con el requisito básico de colaborar de forma activa y efectiva con la Administración de Justicia para esclarecer los más de trescientos atentados mortales que todavía permanecen pendientes de resolución y autoría.

Asimismo, se denuncia que ninguno de estos reclusos ha mostrado jamás un arrepentimiento real, sincero y efectivo por el dolor causado, limitándose a firmar formularios tipo redactados por sus abogados para poder acceder a los beneficios carcelarios.

La indignante actualización del registro del Observatorio de Víctimas del Terrorismo desvela que, en el transcurso de apenas dos meses, diez nuevos presos de ETA han accedido sin esfuerzo a algún tipo de beneficio penitenciario, consolidando una tendencia al alza que no hace más que alimentar la indignación ciudadana y el legítimo reproche social.

La rendición del Gobierno ante el entorno separatista radical

Este vergonzoso incremento en los privilegios carcelarios coincide temporalmente con el lento avance de otros procedimientos judiciales de enorme trascendencia internacional relacionados con antiguos e históricos dirigentes de la banda asesina. Entre ellos destaca el caso del prófugo Josu Ternera, cuya posible y largamente esperada entrega a las autoridades judiciales de España vuelve a situarse sobre la mesa tras las últimas e importantes resoluciones adoptadas por los altos tribunales de la Justicia francesa.

Sin embargo, la persistente inacción política del Gobierno español para exigir con firmeza el cumplimiento íntegro de las penas en el extranjero contrasta fuertemente con la celeridad que muestran las instituciones vascas y centrales para agasajar a los presos que se encuentran en suelo nacional.

Las pavorosas cifras oficiales conocidas vuelven a abrir de par en par una brecha insalvable en el escenario político nacional, evidenciando el enfrentamiento radical entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la oposición respecto a la arbitraria política penitenciaria aplicada de forma sectaria a los reclusos etarras desde la consumación de la transferencia competencial al Ejecutivo vasco.

La urgencia de recuperar la dignidad de la nación

Mientras el Gobierno socialista se aferra a un discurso cínico y defiende de cara a la galería que todas las decisiones de clasificación carcelaria se adoptan en estricta conformidad con la legislación vigente y bajo criterios supuestamente técnicos y profesionales, la realidad de los hechos demuestra lo contrario.

 Los partidos de la oposición parlamentaria, la inmensa mayoría de la opinión pública española y los diferentes colectivos que agrupan a los damnificados por el terrorismo coinciden en señalar que existe una directriz política clara, emanada directamente desde la Presidencia del Gobierno, para aplicar una flexibilización total que favorezca de manera descarada a los antiguos miembros de la organización asesina.

La sumisión de Sánchez ante las exigencias de las formaciones herederas del terror asesino de ETA no solo debilita los cimientos de la sociedad sino que humilla diariamente a las víctimas que pagaron el precio más alto por la libertad de todos los ciudadanos.

Frente a esta indigna deriva gubernamental, resulta de vital importancia que la sociedad civil se mantenga firme en la defensa de la justicia, la memoria colectiva y la dignidad nacional, exigiendo el fin de unas prebendas carcelarias que avergüenzan a España ante el mundo y que degradan la condición de las instituciones públicas.

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