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El Tribunal de Cuentas ha confirmado en su informe de fiscalización sobre el Consejo Superior de Deportes (CSD) que la adjudicación de un contrato de 3,68 millones de euros a Innova Next SLU, la empresa de Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez, incumplió el propio pliego de condiciones.
El organismo público otorgó un punto de más en un criterio técnico, lo que resultó «determinante para la adjudicación del contrato».
El CSD adjudicó el contrato el 4 de agosto de 2022 mediante resolución firmada por su entonces presidente, José Manuel Franco (PSOE). El expediente, y financiado dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) –por lo que la Fiscalía Europea investiga el caso–, tenía por objeto el «diseño y operación del modelo de innovación y transformación digital en el ámbito del deporte».
El valor estimado total del contrato ascendía a 10,1 millones, dividido en dos lotes. El primero, valorado en 3 millones más IVA, recayó en Innova Next SLU. El segundo lo obtuvo PwC Asesores de Negocios.
En la licitación del primer lote solo compitieron dos empresas: Innova Next y Atos IT Solutions and Services Iberia. La resolución final otorgó 89,00 puntos a la firma de Barrabés frente a los 88,60 de su competidora.
El Tribunal de Cuentas ha detectado que ese resultado se apoyó en una valoración irregular. Según el informe, elaborado por el entonces subdirector general de Alta Competición, Jesús Mardaras, el criterio «Enfoque de los trabajos» otorgó 15 puntos a Innova Next cuando el pliego fijaba un máximo de 14 para ese nivel de calidad. Si se aludía a «alto valor añadido», podía rebasarse el 14, pero no fue el caso.
El propio texto del informe técnico, fechado el 30 de junio de 2022, revela la contradicción. Para justificar los 17 puntos de Atos, el documento recurre a la fórmula reservada al tramo superior: la propuesta «aporta un alto valor añadido».
Para Innova Next, en cambio, la justificación se limita a decir que «se adapta completamente a las necesidades del Consejo Superior de Deportes», la fórmula textual del tramo inferior, que el propio pliego limita a un máximo de 14 puntos. Pese a ello, por sorpresa, recibió 15.
El Tribunal de Cuentas resume la irregularidad de forma más escueta en su informe: la valoración «no era acorde con el anexo del pliego» y ese punto de diferencia «fue determinante para la adjudicación del contrato».
A ello se suma otro fallo de procedimiento. Mardaras firmó el informe de valoración y, posteriormente, formó parte de la Mesa de Contratación que aprobó ese mismo informe, sin que el cambio en la composición del órgano se publicase con la antelación de siete días que exige la Ley de Contratos del Sector Público.
El contrato, tal y como adelantó este periódico, incluía una propuesta de formación digital dirigida al «ecosistema del deporte» a través de «minijuegos» como el Trivial o Quién quiere ser millonario.
El propio proyecto de Innova Next defendía esta estrategia con el argumento de que «el aprendizaje a través del juego es una manera muy eficaz de hacerse con nuevos conceptos». Daban a entender que, para los deportistas, en lugar de formación online al uso, era más adecuado un sistema de juegos online.
El CSD, en su memoria justificativa, defendió la necesidad del gasto alegando que, en términos generales, «el deporte es una actividad que vertebra transversalmente nuestra sociedad» y que su práctica «construye una sociedad más capaz, feliz y sostenible».
El expediente ya había levantado sospechas antes del informe del Tribunal de Cuentas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en un informe remitido al juez del caso Begoña Gómez, señaló que no constaban los documentos que acreditan la apertura de las ofertas presentadas por las dos empresas licitadoras.
Según ese informe, «no se han localizado, entre la información aportada, los informes de apertura generados por la Plataforma de Contratación del Sector Público».
La UCO registró las dependencias del CSD para recabar la documentación del expediente.
El organismo fiscalizador que preside Enriqueta Chicano, en cualquier caso, no atribuye el defecto a una componenda deliberada, sino que lo enmarca dentro de un patrón más amplio de deficiencias en el CSD: el mismo informe detecta que trece de los veintisiete contratos analizados en la fiscalización del PRTR se tramitaron de forma urgente sin justificación suficiente, y que diecinueve incluyeron criterios de adjudicación redactados de manera «excesivamente genérica e imprecisa».
Los mismos folios que debían blindar la imparcialidad del proceso son, según el propio Tribunal de Cuentas, los que terminan por delatar la falla que decidió a qué empresa correspondía formar en materia digital a los deportistas españoles. Fue la que tenía el apoyo de la hoy procesada mujer de Pedro Sánchez.
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