Impacto España Noticias
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha reconocido que no dispone de datos que permitan determinar cuántas personas se han incorporado al Censo Electoral tras obtener la nacionalidad española a través de la conocida como Ley de Nietos, incluida en la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2022.
La principal dificultad se encuentra en el propio sistema de registro electoral. La Oficina del Censo Electoral no recoge la causa concreta por la que un ciudadano pasa a formar parte del censo por primera vez. Por ello, no es posible identificar de manera específica a los nuevos electores que han adquirido la nacionalidad española mediante la Ley de Nietos y diferenciarlos de otros ciudadanos nacionalizados.
Así lo ha confirmado el propio INE en respuesta a una solicitud de información presentada. El organismo concedió únicamente un «acceso parcial a la información interesada» y explicó que «en el censo no se refleja el motivo del alta», circunstancia que impide identificar de forma concreta las incorporaciones vinculadas a procesos de nacionalización.
Esta carencia estadística impide conocer con exactitud cuántos nuevos electores ha generado la Ley de Nietos y cuál ha sido su impacto sobre el Censo Electoral español.
La solicitud de información fue presentada en junio de 2026 y planteaba siete cuestiones relacionadas con el efecto de la nacionalización de descendientes de españoles residentes en el extranjero sobre el censo electoral.
En su respuesta, fechada el 17 de julio, el INE explica que el Censo Electoral se actualiza cada mes a partir de los datos que proporcionan los ayuntamientos, los consulados y los responsables del Registro Civil.
El sistema permite registrar la incorporación de nuevos ciudadanos al censo, pero no conserva información sobre el procedimiento concreto mediante el cual cada persona adquirió la nacionalidad española.
Esto significa que la Oficina del Censo Electoral no puede realizar un desglose que permita saber cuántos de los nuevos electores son beneficiarios de la Ley de Nietos frente a otras personas que hayan obtenido la nacionalidad por diferentes vías.
La consecuencia es que no existe una estadística específica sobre el número de nuevos votantes incorporados al censo como consecuencia de esta medida de nacionalidad.
La falta de datos afecta también a la distribución territorial de estos nuevos electores.
La consulta planteada al INE preguntaba si era posible relacionar el país de residencia de los nuevos ciudadanos españoles con la provincia o municipio español al que quedan vinculados electoralmente. La respuesta del organismo fue clara: «El INE no dispone de esta información».
Este dato tiene especial relevancia en el caso de la Ley de Nietos, ya que una parte importante de sus beneficiarios obtiene la nacionalidad española mientras reside fuera de España. Estos ciudadanos pueden quedar incluidos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) sin haber residido previamente en territorio español.
La normativa establece diferentes criterios para determinar su circunscripción electoral. Cuando el ciudadano ha vivido anteriormente en España, la inscripción se realiza en el municipio correspondiente a su última residencia.
En cambio, si nunca ha residido en España, debe asignarse un municipio atendiendo al vínculo o arraigo que tenga el propio ciudadano o alguno de sus ascendientes.
Los ciudadanos que deseen ser inscritos en un municipio concreto pueden presentar una declaración en la que expliquen los motivos de su elección y aportar documentos que acrediten el vínculo existente con esa localidad.
Cuando la documentación aportada no resulta suficiente, la Oficina Consular puede establecer de oficio el municipio de inscripción electoral, utilizando para ello la información disponible.
Sin embargo, el INE tampoco dispone de datos que permitan conocer cuántos procedimientos han requerido documentación adicional, cuántas solicitudes han sido rechazadas o cuántos ciudadanos han terminado adscritos de oficio a un determinado municipio.
Tampoco existe una estadística que permita conocer cuántos nuevos españoles residentes en países como Argentina, Cuba, México o Venezuela han quedado vinculados electoralmente a cada provincia española.
Otra de las cuestiones planteadas al INE estaba relacionada con el tiempo que transcurre entre la adquisición de la nacionalidad española y la incorporación efectiva al Censo Electoral.
El organismo señala que tampoco puede obtener ese dato a partir de los registros disponibles.
El INE sí publica periódicamente la evolución de los censos electorales cerrados, lo que permite comprobar cómo varía el número total de electores antes y después de diferentes procesos electorales.
Sin embargo, esas estadísticas no permiten identificar qué porcentaje del incremento o descenso del número de votantes está relacionado directamente con los españoles nacionalizados mediante la Ley de Nietos.
Por tanto, tampoco es posible utilizar los datos generales del censo para establecer con precisión el impacto electoral de esta vía de acceso a la nacionalidad.
La solicitud de información también planteaba la posibilidad de conocer cuántas inscripciones en el Censo Electoral habían sido tramitadas por cada consulado.
En este punto, el INE explicó que la obtención de esa información requeriría «una reelaboración de los datos que implica la creación de procesos específicos para la extracción».
El organismo señala que existe la posibilidad de solicitar determinados trabajos estadísticos personalizados mediante un procedimiento específico, sujeto a las tarifas establecidas desde 2024.
En relación con el padrón municipal, la respuesta tampoco permite identificar de manera independiente las altas que tengan su origen en la nacionalización de descendientes de españoles mediante la Ley de Nietos.
El INE también hace referencia a las normas relativas al secreto estadístico y a la protección de datos personales para explicar algunas de las restricciones existentes a la hora de facilitar información.
La normativa impide proporcionar datos que puedan permitir identificar, directa o indirectamente, a ciudadanos concretos.
No obstante, la respuesta del organismo plantea una cuestión adicional. Las dificultades para medir el impacto de la Ley de Nietos no se deben únicamente a las restricciones derivadas de la protección de datos.
En varios de los puntos planteados, el propio INE reconoce que no dispone de la información desglosada necesaria para identificar a los ciudadanos que han accedido al Censo Electoral después de obtener la nacionalidad española por esta vía.
De este modo, actualmente no existe un dato oficial que permita conocer con precisión cuántos nuevos votantes proceden de la Ley de Nietos, dónde están electoralmente adscritos o qué peso representan dentro del conjunto de nuevos electores españoles.
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