El Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido la inmigración, la regularización y la ampliación de la ciudadanía en una de sus grandes apuestas políticas. Mientras las nacionalizaciones se disparan y el CERA presenta anomalías estadísticas extraordinarias en pequeños municipios, el Ejecutivo sigue sin ofrecer una radiografía suficientemente transparente que permita seguir el rastro entre residencia, nacionalidad, censo y voto.

Hay momentos en los que una cifra deja de ser simplemente una cifra.

Cuando aparecen 451 municipios españoles en los que el CERA equivale al menos al 50% de toda la población residente, 220 en los que alcanza el 75%, 123 en los que los electores residentes en el extranjero igualan o superan a los habitantes y 21 en los que el CERA duplica o más a la población, la obligación de cualquier Gobierno democrático debería ser sencilla: explicar los datos, facilitar las bases de cálculo y permitir que cualquiera pueda comprobarlos.

Estamos ante una acusación de fraude electoral.

No hay pruebas, con estos datos, de un pucherazo.

Pero tampoco hay ninguna razón democrática para pedir al ciudadano que mire hacia otro lado.

Y mucho menos cuando estas cifras coinciden con un fenómeno de enorme trascendencia política: la aceleración de las nacionalizaciones españolas durante los años de Pedro Sánchez.

Los datos oficiales del Ministerio de Justicia son contundentes. Entre 2021 y el 31 de marzo de 2026 se contabilizaron 1.130.040 solicitudes de nacionalidad por residencia y 1.030.641 concesiones. Solo en 2025 hubo 296.897 solicitudes y 221.284 concesiones.

No es una cuestión menor.

Porque nacionalizar no significa únicamente entregar un documento.

Significa incorporar a una persona a la comunidad política española.

Y eso tiene una consecuencia que nadie puede discutir: quien adquiere la nacionalidad española puede convertirse en elector si cumple los requisitos legales.

Ahí es donde Pedro Sánchez debería aceptar una discusión política mucho más incómoda.

Sánchez no está simplemente gestionando expedientes: está cambiando el tamaño del cuerpo político

Pedro Sánchez ha hecho de la inmigración una pieza central de su proyecto político.

El 30 de junio de 2026 presentó personalmente el nuevo Plan de Integración y Ciudadanía, dotado con 500 millones de euros durante su primer año, y defendió una gestión migratoria que calificó de “justa, ordenada e inteligente”. El plan incorpora medidas sobre integración, regularización, empleo, derechos y obligaciones y contempla también una futura Agencia Estatal de Movilidad Humana.

Junto a Sánchez estaban, entre otros, Yolanda Díaz, Fernando Grande-Marlaska, Elma Saiz, Ángel Víctor Torres, Mónica García y Óscar López.

No es casualidad.

La inmigración ha dejado de ser una política sectorial.

Es una política de Estado.

Y la nacionalidad es su consecuencia más profunda.

Porque un Gobierno puede regularizar a una persona.

Puede concederle residencia.

Puede facilitar su integración.

Pero cuando concede la nacionalidad está haciendo algo distinto: está incorporando a esa persona al demos español.

Y eso exige una transparencia extraordinaria.

Más de un millón de solicitudes en poco más de cinco años

Las estadísticas del Ministerio de Justicia permiten dimensionar el fenómeno.

Entre 2021 y marzo de 2026:

• 1.130.040 solicitudes de nacionalidad por residencia.
• 1.030.641 concesiones.
• 75.431 denegaciones.
• Cientos de miles de expedientes en tramitación o pendientes.

El dato de concesiones es especialmente relevante.

Más de un millón de concesiones en ese periodo no constituye una operación administrativa rutinaria.

Es una transformación demográfica y política.

Y precisamente porque es legal, el Gobierno debería ser el primero interesado en que nadie pueda poner en duda la limpieza del proceso.

Sin embargo, aquí aparece una contradicción.

Sánchez exige confianza en sus políticas migratorias, pero la confianza democrática no se decreta.

Se construye con datos.

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¿“Nacionalizaciones exprés”? Sí, pero hay que explicar qué significa

El término “nacionalización exprés” se utiliza políticamente para describir determinados procesos de adquisición de nacionalidad en plazos reducidos.

Pero conviene hablar con precisión.

La ley española no establece un único plazo para todos los extranjeros.

El artículo 22 del Código Civil fija como regla general diez años de residencia legal, pero reduce el plazo a cinco años para refugiados y dos años para nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal y para sefardíes. También existen supuestos de un año.

Por tanto, decir simplemente que Sánchez “regala la nacionalidad en dos años” .

El plazo de dos años existe desde mucho antes de Pedro Sánchez.

Pero precisamente por eso la crítica puede ser más seria:

¿Qué ha hecho el Gobierno de Sánchez para controlar y acelerar estos procedimientos?

¿Cuántas nacionalidades ha concedido?

De qué países proceden los nuevos ciudadanos?

Cuánto tarda cada tipo de expediente?

Qué controles se aplican?

Qué relación existe entre las concesiones de nacionalidad y la evolución posterior del CERA?

Ahí está la verdadera cuestión.

El dato que nadie debería manipular: nacionalidad no significa voto socialista

Hay una línea roja que una investigación seria no debe cruzar.

No existe ninguna base para afirmar que una persona nacionalizada vaya a votar al PSOE.

Ni una.

Un ciudadano recién nacionalizado puede votar a Pedro Sánchez, a Alberto Núñez Feijóo, a Santiago Abascal, a Yolanda Díaz, a cualquier otra candidatura o no votar.

La nacionalidad no determina ideología.

Por eso sería intelectualmente deshonesto convertir estas cifras en una acusación automática contra el PSOE.

Pero hay otra conclusión que sí es perfectamente legítima:

si el cuerpo electoral cambia sustancialmente, la sociedad tiene derecho a conocer con precisión cómo cambia.

Y eso es justamente lo que Sánchez debería facilitar.

El CERA: la otra cara de la ecuación

Aquí entra el dato que puede resultar más desconcertante para el ciudadano.

El Censo Electoral de Residentes Ausentes, el CERA, incluye a españoles residentes en el extranjero.

Por eso no es extraño, jurídicamente, que un pequeño municipio tenga más electores CERA que habitantes residentes.

Lo extraordinario es la magnitud.

La imagen que sirve de punto de partida a este análisis presenta ejemplos difíciles de ignorar.

Ventrosa: 48 habitantes y 296 CERA.

Valdeprado: 8 habitantes y 38 CERA.

Junciana: 40 habitantes y 130 CERA.

Fuentestrún: 55 habitantes y 177 CERA.

Soto en Cameros: 82 habitantes y 237 CERA.

En Ventrosa, según esa tabla, el CERA alcanzaría el 616,7% de la población residente.

Es decir, habría más de seis electores residentes en el extranjero por cada habitante residente.

¿Es ilegal?

No necesariamente.

¿Es automáticamente fraude?

No.

¿Es estadísticamente extraordinario?

Sin ninguna duda.

Y precisamente por eso debería ser objeto de una explicación pública detallada.

El Gobierno de Sánchez debería empezar por los 21 casos extremos

El dato que más llama la atención no son los 451 municipios.

Son los 21 municipios en los que el CERA sería igual o superior al 200% de la población residente.

Ahí hay una investigación periodística perfectamente legítima.

No para acusar.

Para comprobar.

Hay que saber:

Quién está censado.

Desde cuándo.

En qué país reside.

Cuándo se incorporó al CERA.

Cuándo fue la última actualización.

Si ha votado.

Cuántos votos se emitieron.

Cuántas altas y bajas se produjeron.

Si existen incidencias o duplicidades.

Cómo se cruza la información entre el padrón, el PERE y el CERA.

El propio INE dispone de procedimientos diferenciados para el padrón de residentes en España, el PERE y el CERA, y mantiene trámites específicos relacionados con la inscripción en el censo electoral.

Por tanto, la infraestructura administrativa existe.

La pregunta es si la transparencia pública está a la altura del fenómeno.

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Sánchez y la política de ciudadanía

Pedro Sánchez ha ido más lejos que una simple política de gestión migratoria.

Su Gobierno ha utilizado también la nacionalidad como instrumento de reparación histórica.

El 31 de octubre de 2025, Sánchez anunció la concesión de la nacionalidad española a casi 170 descendientes de miembros de las Brigadas Internacionales que la habían solicitado al amparo de la Ley de Memoria Democrática. El propio presidente afirmó entonces que sería un honor llamarlos compatriotas.

La decisión puede defenderse históricamente.

También puede discutirse políticamente.

Pero demuestra una cosa: la nacionalidad se ha convertido en una herramienta explícita de la política de Sánchez sobre memoria, identidad y ciudadanía.

Y eso hace todavía más importante examinar con lupa cómo se está produciendo la expansión del cuerpo de ciudadanos españoles.

Sánchez no puede pedir confianza y negar la auditoría

Hay algo que Pedro Sánchez debería entender.

La transparencia no perjudica al Gobierno cuando no hay nada que ocultar.

Al contrario.

Si los procedimientos son impecables, una auditoría los fortalecerá.

Si el CERA es correcto, una comprobación municipio por municipio demostrará que lo es.

Si las nacionalizaciones se conceden conforme a la ley, publicar las estadísticas detalladas permitirá comprobarlo.

Si no existe ninguna conexión entre nacionalización y comportamiento electoral, los datos acabarán demostrando precisamente eso.

Entonces, ¿por qué no hacer públicos todos esos cruces estadísticos?

¿Por qué no ofrecer una base de datos histórica que permita seguir la evolución de las nacionalizaciones?

¿Por qué no publicar, de forma anonimizada, la evolución del CERA por municipio?

¿Por qué no facilitar la participación electoral del CERA por municipio?

¿Por qué no permitir que universidades, investigadores y periodistas reproduzcan los cálculos?

La respuesta debería ser sencilla:

porque la transparencia es una obligación democrática, no una concesión del Gobierno.

El PSOE debería ser el primer interesado en despejar cualquier sospecha

Hay una ironía política en todo esto.

Si alguien quiere sostener que las nacionalizaciones son una operación diseñada para beneficiar electoralmente al PSOE, necesita demostrarlo.

No basta con presentar cifras de nacionalidad.

No basta con presentar cifras de CERA.

No basta con señalar que hay municipios con más electores en el extranjero que habitantes.

Hace falta demostrar una conexión causal.

Y eso, hoy, no está demostrado.

Por tanto, quien acuse de pucherazo sin pruebas está haciendo propaganda.

Pero el Gobierno de Sánchez tampoco debería aprovechar esa debilidad argumental para dar por terminado el debate.

Porque existe una posición mucho más sólida:

No hay pruebas de pucherazo. Precisamente por eso, auditemos los datos y acabemos con las sospechas.

Eso sería una respuesta democrática.

El verdadero problema de las nacionalizaciones aceleradas

La cuestión no es que haya extranjeros que se conviertan en españoles.

España ha sido siempre una nación abierta a la incorporación de nuevos ciudadanos.

La cuestión es la velocidad, la magnitud y la capacidad de control del Estado.

Cuando en poco más de cinco años se acumulan más de un millón de solicitudes y más de un millón de concesiones contabilizadas por el Ministerio en su estadística de 2021 a marzo de 2026, la política deja de ser marginal.

Y cuando simultáneamente aparecen centenares de municipios con una proporción extraordinaria de CERA respecto a la población residente, el debate sobre el censo deja de ser una curiosidad estadística.

Pasa a ser una cuestión de Estado.

No es xenofobia pedir controles

También conviene decirlo claramente.

Pedir controles sobre la nacionalidad no significa desconfiar del extranjero.

Pedir una auditoría del CERA no significa cuestionar a los españoles que viven fuera.

Pedir transparencia sobre el voto no significa atacar la democracia.

Al contrario.

Es defenderla.

La nacionalidad debe ser segura.

El censo debe ser fiable.

El voto debe ser limpio.

Y los resultados deben ser auditables.

No hay nada extremista en exigir esas cuatro cosas.

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La responsabilidad política tiene nombres y apellidos

Y aquí sí hay nombres.

Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno y máximo responsable político del Ejecutivo.

Félix Bolaños, como ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, tiene responsabilidad política sobre el Ministerio que gestiona las políticas de nacionalidad.

Fernando Grande-Marlaska dirige Interior, un departamento central en materia de seguridad, documentación y coordinación policial.

Elma Saiz dirige Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y ha acompañado a Sánchez en la nueva política migratoria e integradora.

Y Pilar Cancela, como secretaria de Estado de Migraciones, forma parte de la estructura directamente implicada en la política migratoria del Ejecutivo.

No significa que ninguno de ellos haya cometido irregularidad alguna.

Significa algo mucho más elemental:

son responsables políticos de explicar la política que están aplicando.

Y España tiene derecho a pedirles explicaciones.

La pregunta que queda encima de la mesa

No es:

“¿Sánchez está fabricando votos del PSOE?”

No tenemos pruebas para afirmar eso.

La pregunta seria es:

¿Está el Gobierno de Pedro Sánchez ampliando y transformando el cuerpo político español a una velocidad que merece un nivel de transparencia y control mucho mayor del que existe actualmente?

Los datos oficiales sobre nacionalidad demuestran que el fenómeno tiene una dimensión enorme.

Los datos del CERA muestran concentraciones extraordinarias en determinados municipios.

El marco legal permite nacionalizaciones en plazos muy inferiores a diez años para determinados colectivos.

Y el propio Sánchez ha colocado la integración, la ciudadanía y la inmigración en el centro de su agenda política.

Todo ello es legal.

Pero que algo sea legal no significa que esté fuera del debate democrático.

Sánchez debe elegir entre la transparencia o la sospecha

La cuestión, al final, es sencilla.

Si Pedro Sánchez cree realmente que su política de nacionalidad es buena para España, debe defenderla con datos.

Si cree que la expansión del CERA es perfectamente normal, debe demostrarlo con datos.

Si considera que las nacionalizaciones no tienen ninguna dimensión electoral partidista, debe facilitar los datos que permitan comprobarlo.

Y si está convencido de que el sistema electoral español es plenamente fiable, debería ser el primero en apoyar una auditoría independiente de sus componentes.

Porque el peor escenario para España no sería descubrir que existen muchos españoles residentes en el extranjero.

Ni descubrir que cientos de miles de extranjeros han adquirido legalmente la nacionalidad.

El peor escenario sería que una parte creciente de la sociedad dejara de confiar en el sistema porque el Gobierno no quiere o no sabe explicar sus propias cifras.

Y eso sí sería gravísimo.

No porque pruebe un pucherazo.

Sino porque la democracia necesita algo más que legalidad.

Necesita credibilidad.

Pedro Sánchez puede defender sus políticas.

Puede defender la inmigración.

Puede defender las regularizaciones.

Puede defender las nacionalizaciones.

Puede defender la memoria democrática.

Puede defender una España más abierta.

Pero cuando se habla de ciudadanía, censo y voto hay una regla que debería aceptar sin reservas:

quien amplía el cuerpo político de una nación tiene la obligación de explicar con absoluta transparencia cómo lo está haciendo.

Y mientras no exista esa transparencia, las cifras seguirán ahí.

451 municipios por encima del 50%.

220 por encima del 75%.

123 con más CERA que población residente.

21 con el doble o más.

No son pruebas de fraude.

Pero son cifras demasiado extraordinarias como para despacharlas con un encogimiento de hombros.

Sánchez tiene derecho a pedir que se confíe en él.

Los españoles tienen derecho a pedir que se comprueben los datos.

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