Impacto España Noticias
El Gobierno ha impedido que se elimine el copago para los enfermos de ELA. El miércoles era una cita señalada en el calendario de miles de españoles que padecen esclerosis lateral amiotrófica, pues albergaban la esperanza de que esta suerte de 'impuesto' sobre las ayudas públicas que reciben para sobrevivir, el copago, fuera historia.
Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez impidió que este punto ni siquiera se debatiera en el Congreso de los Diputados en la modificación de la ley de dependencia, alegando que acabar con el copago de estos pacientes incrementa el gasto presupuestario.
Se trata de una enmienda de Junts, BNG, Coalición Canaria y Agrupación Herreña Independiente que fue aprobada en el Senado y que tenía como fin suprimir esta aportación económica de los beneficiarios en todas las prestaciones para las personas con grado III+ de dependencia extrema. El Ejecutivo argumenta que esta enmienda implica un "incremento sustancial del gasto público al generar nuevas obligaciones de financiación para la Administración General del Estado".
Este incremento del gasto público es cifrado por Moncloa en 33,2 millones de euros anuales. Esta es la cantidad por la que el Gobierno decide echar el freno a una enmienda que habría permitido a pacientes de ELA y otros grandes dependientes de todo el país ahorrarse el copago para unos servicios sociosanitarios que resultan fundamentales para que puedan seguir viviendo. Una cantidad que equivale a menos de la mitad de lo que la Presidencia de Sánchez destina a comunicar la acción gubernamental en medios y redes sociales (78 millones al año).
Las personas que tienen reconocido el grado III+ de dependencia extrema, como las personas con ELA avanzado, reciben una ayuda mensual de 9.859 euros, de los cuales una media de 2.760 euros son retirados en concepto de copago, según los datos del propio Ministerio de Derechos Sociales. El Ejecutivo calcula en unas 2.000 las personas que en España son receptoras de esta prestación y estima que la eliminación del copago supondría un coste anual de 66,4 millones de euros.
De esta cantidad, el 50% le corresponde a la Administración General del Estado, motivo por el que argumenta que el coste de la medida alcanzaría los 33 millones. El Gobierno añade que este "incremento de gasto público" genera "nuevas obligaciones de financiación no contempladas en el presupuesto vigente". No obstante, Moncloa ha realizado modificaciones de partidas presupuestarias que superan los 50.000 millones de euros.
El presidente de ConELA, Pepe Jiménez, lamenta en declaraciones que no se haya permitido debatir una enmienda que es un clamor entre todos los pacientes de ELA. "Esta enfermedad, en estado avanzado, requiere un cuidado sanitario, no social. Son cuidados imprescindibles para la supervivencia de la persona. Ningún servicio sanitario tiene copago", asevera.
"Llegábamos al Congreso pensando que era posible, que los partidos que se habían puesto de acuerdo para eliminar el copago eran mayoría. De hecho, si se hubiera votado esa enmienda, habría salido adelante. Se contaba con votos suficientes con la abstención de Vox. No se ha dado pie ni a poderlo debatir y votar. Por nuestra parte, vamos a seguir luchando para que su eliminación quede consolidada en la ley", añade.
En estos momentos, las comunidades autónomas tienen la capacidad de decidir si imponen el copago a sus pacientes de dependencia extrema. ConELA ha mantenido conversaciones con numerosos gobiernos autonómicos para eliminarlo y lo ha conseguido en numerosos territorios.
Aun así, se mantiene en regiones como la Comunidad Foral de Navarra, Andalucía (donde les han prometido que lo eliminarán próximamente), Cataluña (donde se mantiene un copago del 5% para los que ganan más de 57.000 euros anuales) o Castilla-La Mancha.
Aun así, desde ConELA explican que, al no estar legislada la desaparición del copago, las mismas comunidades que ahora han eliminado el copago pueden volver a recuperarlo en el futuro. Desde la asociación indican que les queda una última oportunidad para revertir la situación.
En julio, el Parlamento catalán aprobó una reforma de la ley ELA que incluye este apartado. Fue apoyada por unanimidad en la Cámara catalana. El Congreso de los Diputados tiene hasta octubre para admitirla y tramitarla. Es la última esperanza de los pacientes de ELA para acabar con el copago esta legislatura.
El Gobierno también ha impedido que se debata este miércoles una enmienda del Partido Popular para que se aplique un tipo reducido del 4% a los servicios de reparación de los vehículos, sillas de ruedas y servicios de adaptación de los taxis y turismos para personas con discapacidad. Se solicitaba que este IVA reducido se aplicase también en las actuaciones realizadas en edificios o viviendas que resulten necesarias para garantizar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
El Ejecutivo ha rechazado su debate en este caso por la pérdida de ingresos para el Estado que implica el IVA en estas actuaciones. En 2025, estiman que se ingresaron 534 millones de euros con las pequeñas obras destinadas a suprimir barreras arquitectónicas o mejorar la movilidad de personas con discapacidad. "Si se redujera el tipo impositivo a la cuantía que propone la enmienda, los ingresos para la Administración General del Estado descenderían hasta los 213 millones de euros en total", alega el Ejecutivo. "Una pérdida no prevista en el presupuesto vigente de 321 millones de euros" que Moncloa considera que no se puede permitir a nivel presupuestario.
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