El PP pide a Bruselas aclarar si la investigación sobre el PSOE afecta a Teresa Ribera

El PP va un paso más allá y pregunta directamente a Ursula von der Leyen si ha valorado la posibilidad de adoptar alguna medida respecto a las responsabilidades de Ribera mientras se esclarecen los hechos
Politica25 de septiembre de 2026Impacto España NoticiasImpacto España Noticias

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El Partido Popular ha abierto un nuevo frente político en Bruselas a raíz de la investigación sobre las denominadas “cloacas” del PSOE. La eurodiputada y vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha registrado una pregunta parlamentaria para que la Comisión Europea aclare si las diligencias relacionadas con la campaña socialista de las elecciones europeas de 2024 pueden tener consecuencias sobre las responsabilidades que actualmente ejerce Teresa Ribera como vicepresidenta ejecutiva del Ejecutivo comunitario.

La iniciativa llega después de que trascendiera que la Fiscalía Europea se ha interesado por determinar si en la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz existen fondos de la Unión Europea afectados. El organismo comunitario actuó después de recibir la denuncia de un particular y preguntó a la UCO si los hechos denunciados coincidían con la causa que se investiga en España y si constaba la existencia de recursos europeos implicados. Esa petición de información no supone, por sí misma, que se haya acreditado un desvío de fondos.

El foco se sitúa sobre una partida de la campaña del PSOE para las elecciones europeas de 2024, en las que Ribera encabezó la candidatura socialista. Entre la documentación analizada aparece una factura de 18.125,80 euros, IVA incluido, correspondiente a publicidad electoral contratada en Crónica Libre, medio vinculado a Leire Díez. Según la documentación recogida en la causa, una responsable de la agencia de medios Iki Group declaró ante la UCO sobre esa inversión y cuestionó la capacidad publicitaria del medio.

La Guardia Civil ya había señalado en informes anteriores ese pago dentro del análisis económico de la investigación. No obstante, el PSOE sostiene que se trató exclusivamente de servicios de publicidad electoral efectivamente realizados y niega que el dinero abonado sirviera para retribuir actividades distintas. Fuentes socialistas han defendido además que las campañas electorales se financian con fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y son fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas.

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Montserrat quiere ahora que el asunto llegue directamente a la Comisión Europea. En su pregunta parlamentaria pide saber si el Ejecutivo comunitario ha recibido formalmente información de la Fiscalía Europea sobre estas diligencias y plantea el caso a la luz de las obligaciones de integridad, independencia y dignidad exigidas a los miembros de la Comisión.

La dirigente popular vincula además la cuestión con la posición institucional que ocupa Ribera. La exministra española es actualmente vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y encabezó la candidatura del PSOE en las mismas elecciones de junio de 2024 en las que Montserrat fue cabeza de lista del PP.

El PP va un paso más allá y pregunta directamente a Ursula von der Leyen si ha valorado la posibilidad de adoptar alguna medida respecto a las responsabilidades de Ribera mientras se esclarecen los hechos. Para ello, Montserrat invoca el artículo 17.6 del Tratado de la Unión Europea, que atribuye a la presidenta de la Comisión competencias sobre la organización interna del Ejecutivo comunitario y contempla que un comisario debe presentar su dimisión cuando la presidenta se lo solicite.

La petición registrada este viernes convierte así la investigación española en un asunto que el PP quiere situar también en el ámbito institucional comunitario. La Comisión deberá responder ahora a las preguntas planteadas por Montserrat sobre la información de la que dispone, la posible afectación de fondos europeos y la aplicación de sus normas internas a la vicepresidenta ejecutiva mientras continúa la investigación judicial.

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