Impacto España Noticias
El odio visceral de la izquierda radical hacia la fe católica y hacia quienes la profesaban en la guerra civil española desencadenó una de las páginas más oscuras y criminales de la historia contemporánea de España. Las cifras oficiales de la Conferencia Episcopal Española revelan la verdadera magnitud de una persecución sistemática que buscaba la eliminación total de los fieles y la destrucción y quema de sus iglesias.
La Iglesia en España reconoce o estudia actualmente el martirio de 5.455 personas asesinadas exclusivamente por su fe durante el siglo XX.
El recuento oficial sitúa en 2.404 los mártires ya beatificados, en 11 los canonizados y en 3.040 los que permanecen en pleno proceso. Estas identidades representan el testimonio irrefutable de un auténtico genocidio de católicos que los herederos ideológicos actuales del Frente Popular ocultan bajo mantos de desmemoria democrática.
La revisión constante de los datos aflora una realidad insoslayable. Los procesos de beatificación avanzan gracias al trabajo de las diócesis, que preparan este otoño tres celebraciones litúrgicas de gran relevancia institucional. La diócesis de Ibiza elevó a los altares a 20 sacerdotes diocesanos. Le seguirán la diócesis de Santander, con un grupo numeroso de 80 mártires, y la Archidiócesis de Madrid, que recordará formalmente el sacrificio de 11 seminaristas y varios de sus familiares directos.
El Dicasterio de las Causas de los Santos en Roma ya promulgó los decretos correspondientes que avalan que estas muertes sucedieron estrictamente in odium fidei, es decir, por odio directo a la religión. A estas listas se incorporan además cincuenta mártires gabrielistas, integrados por 49 religiosos de San Gabriel y su capellán, asesinados en el cinturón de Barcelona entre julio y noviembre de 1936, y cuya ceremonia oficial aguarda una fecha definitiva en el calendario eclesiástico.
El desglose pormenorizado de las víctimas evidencia que las milicias socialistas, comunistas, anarquistas y separatistas no hacían distinciones en su afán exterminador. Entre los creyentes que ya gozan de la condición de beatos, el grupo mayoritario corresponde a los miembros de congregaciones religiosas, con un total de 1.080 nombres.
Los sacerdotes diocesanos suman 586 víctimas, los sacerdotes religiosos alcanzan los 512, los laicos comprometidos representan 183 casos registrados, los seminaristas ascienden a 34 y los obispos asesinados totalizan nueve representantes, de los cuales ocho ejercían como diocesanos y uno pertenecía a una orden religiosa. En el ámbito de los santos elevados a la canonización definitiva, figuran nueve religiosos, un sacerdote diocesano y un sacerdote religioso.
Sin embargo, las causas que todavía permanecen abiertas en los tribunales eclesiásticos de Madrid y Roma demuestran que el peso de la represión criminal frentepopulista recayó de manera abrumadora sobre el clero secular, el más arraigado en los pueblos y ciudades de España. De los 3.040 mártires que esperan actualmente la aprobación de sus expedientes en el Vaticano, 1.904 son sacerdotes diocesanos, lo que supone prácticamente dos de cada tres personas en proceso de beatificación.
El resto del listado lo componen 703 laicos asesinados por defender sus convicciones, 232 religiosos, 159 sacerdotes religiosos, 39 jóvenes seminaristas que vieron truncada su vocación por los asesinos izquierdistas, y tres obispos diocesanos que prefirieron el martirio antes que renegar de su misión pastoral.
La documentación existente no abarca el daño real infligido a la sociedad católica española. El listado oficial de la Conferencia Episcopal Española excluye aún por motivos formales a miles de ciudadanos cuyos expedientes todavía se analizan de manera preliminar en las delegaciones diocesanas, o cuyos procesos ni siquiera han comenzado por falta de recursos logísticos.
Existe además una cifra negra e indeterminada de hombres y mujeres asesinados por las checas y comités revolucionarios durante la Guerra Civil cuyos rastros documentales desaparecieron por completo. La falta de testimonios directos impedirá de manera definitiva la apertura de una causa canónica para estos creyentes anónimos, cuyos nombres permanecen borrados de los registros pero vivos en la memoria de la fe.
El gobierno de Sánchez y sus cómplices insisten en encuadrar estos crímenes como meras consecuencias colaterales de la contienda militar iniciada en julio de 1936. No obstante, los analistas e historiadores eclesiásticos recuerdan que los ataques sistemáticos comenzaron mucho antes.
La violencia letal arrancó en el año 1934, durante el intento de golpe de Estado contra la legalidad de la II República que protagonizó el PSOE junto a comunistas. Aquella insurrección armada causó decenas de muertes religiosas en regiones como Asturias, donde el movimiento revolucionario mostró su faceta más despiadada a través del asesinato de dos laicos y 37 eclesiásticos, entre los que figuraban nueve Hermanos de La Salle, siete seminaristas diocesanos, tres formadores, tres misioneros paúles, dos jesuitas, un carmelita y un religioso pasionista.
El esfuerzo de los partidos de la coalición socialista-comunistas-separatistas por imponer una memoria histórica falsa y manipuladora choca frontalmente con la contundencia de las pruebas documentales. Las actas de martirio detallan tormentos y ejecuciones sumarias que responden a un patrón planificado de eliminación de todo lo católico.
Los comités frentepopulistas asaltaban templos y fusilaban a ciudadanos por llevar un crucifijo o por el simple hecho de ir a misa. Ninguna ley de carácter propagandístico conseguirá blanquear un genocidio católico de tales proporciones.
La sangre de los millares de mártires reconocidos por la Iglesia Católica constituye el testimonio definitivo de la verdad histórica. Frente al sectarismo institucional y el olvido forzado que promueven los sectores herederos de aquella izquierda extremista y sectaria, las cifras y los nombres propios de los sacerdotes, religiosos y laicos asesinados permanecen inalterables.
España sufrió una persecución religiosa salvaje y programada, una verdad histórica que los procesos de beatificación actuales siguen desvelando ante los ojos del mundo entero de manera inapelable.
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