El juez Vilaplana imputa a 18 ex altos cargos del PSOE por desviar ayudas millonarias a Santana Motor

Mediante un auto dictado el pasado 16 de octubre, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla (rebautizado como Tribunal de Instancia) imprime un salto cuantitativo exponencial a esta investigación abierta el 5 de marzo de 2025.

Se trata de una de las ramas surgidas del tronco de la macrocausa de corrupción en torno a Santana Motor que indaga la presunta ilicitud de los fondos públicos transferidos desde la agencia pública IDEA a la fábrica automovilística para «el pago de anticipos de supuestas ayudas» a 750 extrabajadores de la planta «sin sujeción al procedimiento legalmente establecido y con el consiguiente menoscabo o administración ilícita» de los mismos.

Entre los investigados destaca Antonio Ávila Cano, quien fuera consejero de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta entre 2010 y 2013, persona de máxima confianza del expresidente José Antonio Griñán.

 Las diligencias practicadas apuntan a que la agencia autonómica IDEA concedió préstamos ficticios y anticipos que nunca se reclamaron y que convirtieron el rescate de la empresa automovilística en un pozo sin fondo. El Ejecutivo enterró más de 600 millones de euros de todos los andaluces en intentar reflotar una compañía que terminó clausurando a principios de 2011.

El auto judicial fija un intenso calendario de declaraciones. Los interrogatorios a los 18 nuevos investigados se desarrollarán en tres tandas los próximos días 24 y 26 de noviembre y 1 de diciembre, y estarán precedidos por las comparecencias de seis testigos el 23 de noviembre. 

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El exconsejero Ávila declarará cinco días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, una urgencia que responde al traslado del magistrado, previsto para el 7 de enero, al juzgado cordobés que ganó en un concurso de méritos.

Hasta ahora, solo había tres personas imputadas: Bienvenido Martínez Martínez, exdirector de Inversiones Estratégicas de IDEA y expresidente de Santana Motor, junto con dos representantes de la asociación creada para cobrar las subvenciones. La lista de investigados se amplía ahora a antiguos responsables de las consejerías de Empleo y Economía, así como a exdirectivos e integrantes del consejo rector de IDEA.

En una resolución de 38 páginas, el juez Vilaplana describe cómo la Junta de Andalucía articuló un mecanismo de fontanería presupuestaria para traspasar fondos públicos a Santana Motor cuando la planta linense ya era un auténtico cadáver financiero, justo después de acordar su liquidación el 29 de abril de 2011. Con posterioridad a la fecha de defunción formal de la empresa, la agencia IDEA llevó a cabo sucesivas ampliaciones de capital de su sociedad filial Incuba que permitieron desviar más de 44 millones de euros hacia la moribunda factoría.

El magistrado subraya que los investigados conocieron o autorizaron un «uso indebido de transferencias de financiación», una herramienta habitual en las Administraciones Públicas para dotar de fondos a las agencias o sociedades públicas, pero que se utilizó para conceder ayudas a extrabajadores a costa de reducir el control sobre el destino del dinero público.

Este sistema le permitió mover grandes sumas de dinero al margen de la finalidad legalmente prevista en las cuentas autonómicas y, de manera específica, del programa presupuestario 72C vinculado a la Consejería de Economía.

La investigación separada que impulsa el juez Vilaplana se centra en el acuerdo marco firmado el 14 de febrero de 2011 entre el Gobierno andaluz y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Bajo el paraguas del denominado 'Plan Linares Futuro', la Junta prometió brindar una alternativa laboral a 727 extrabajadores mediante el pago de prestaciones mensuales y la supuesta recolocación en cinco empresas tecnológicas que jamás llegaron a instalarse en Linares.

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El quebranto económico generado con el programa de ayudas asciende a 2.776.265 euros. De ellos, 919.032,35 euros corresponden a fondos públicos anticipados a 750 extrabajadores «en concepto de ayudas que no les han sido concedidas» y que la agencia autonómica jamás reclamó.

Otros 1.497.343,36 euros se canalizaron a través de un préstamo sin ningún tipo de garantía de devolución concedido por la Junta a la Asociación Promoción Social 28 de Febrero, entidad concebida para cobrar más de 100 millones de euros en ayudas sociolaborales del caso ERE. A estas cuantías hay que sumar 359.889,34 euros adicionales repartidos entre extrabajadores de la empresa auxiliar de Santana denominada Matresur, cuyo reintegro tampoco se tramitó.

El instructor advierte de que «el contrato de dicho préstamo [de casi 1,5 millones de euros] era una ficción, articulado para dar apariencia de legalidad a los desembolsos efectuados con fondos públicos a favor de extrabajadores de sociedades del parque de proveedores de Santana asumidos por la Junta de Andalucía sin amparo normativo alguno».

El juez no solo apunta a las altas esferas políticas, sino que plantea revisar a fondo la documentación que sustentó dichas operaciones. Así, ha requerido a la actual Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social toda la información relativa al polémico programa presupuestario 72C, así como los acuerdos del Consejo de Gobierno andaluz que ratificaron las decisiones del consejo rector de IDEA.

 Asimismo, ha ordenado recabar todos los expedientes de contratación suscritos con despachos de abogados vinculados al desarrollo del 'Plan Linares Futuro' y a la propia liquidación de las sociedades del grupo industrial.

Toda esta documentación será analizada por una interventora de la Junta de Andalucía designada por el juzgado para esclarecer el impacto real de estas operaciones en su informe definitivo de control financiero de Santana Motor del ejercicio 2017.