Álvaro García Ortiz

El Gobierno del autócrata lo tiene claro: no sólo cambian la ley para moldear la realidad a su antojo. Cuando una sentencia no les gusta, se la saltan

Una carta en la que también agradece «la confianza depositada» por el Gobierno en junio de 2022, cuando fue nombrado. «Una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad»

«Debemos condenar y condenamos a D. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado, por tiempo de 2 años»

Las penas potenciales son contundentes: hasta seis años de cárcel, 12 de inhabilitación y más de 400.000 euros en multas e indemnizaciones

Según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la empresa responsable del evento fue Display Connectors SL, compañía editora del diario Público, medio claramente afín al Ejecutivo. Se adjudicó de forma directa (sin concurso público)

Lo cierto era que el fiscal general pretendía ganar ‘el relato político’ en contra de la presidenta de Madrid para así beneficiar a sus jefes políticos de la Moncloa. Quedando claro que la Fiscalía General del Estado nunca debió de entrar en los debates de orden político

Las partes acusadoras sostienen que el fiscal general utilizó su cargo para dirigir una filtración con impacto político y mediático, vulnerando derechos procesales protegidos

En esta línea, ha pedido que el fiscal general del Estado sea sentenciado a seis años de cárcel y 12 de inhabilitación al representante de la Fiscalía por delitos que irían más allá de la revelación de secretos y apuntan a la prevaricación

«No es que se transmitiera a los medios la existencia de un procedimiento penal, es que se transmite que es un delincuente confeso. Se tiene una sentencia pública de condena»

González Amador aseguró que la investigación se transformó en una auténtica persecución y que, si no se hubiera “borrado la verdad”, podría demostrar su inocencia

Los investigadores determinaron que el vaciado del historial de conversaciones no fue un borrado parcial o accidental, sino una eliminación sistemática de todo el contenido existente hasta el 16 de octubre de 2024, fecha en la que el Tribunal Supremo comunicó la apertura de diligencias contra el fiscal general

Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, ha subrayado en su declaración en el Tribunal Supremo que la Fiscalía «fracturó el derecho de defensa» de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso

Ya no hay política, solo relato. Y ese relato lo controla la izquierda. El PSOE ha convertido la mentira en su principal herramienta de gobierno. Su estrategia se basa en manipular la opinión pública y en vaciar el debate político de contenido moral y ético

Las cloacas del PSOE recopilaron audios y elaboraron dosieres con presunta información comprometedora sobre el magistrado del Tribunal Supremo y expresidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena

Según la Asociación de Fiscales, esa afirmación supone una "intromisión inaceptable" en el ámbito de la Justicia, al tratarse de una valoración que sólo compete a los jueces

La dependencia de la publicidad institucional y las subvenciones públicas ha convertido a demasiadas redacciones en satélites del Gobierno de turno, donde el instinto crítico se sustituye por el cálculo político

Ha explicado en el Supremo que, el 13 de marzo. Santos Cerdán le llamó para decirle que en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, iba a pedir a Alberto Núñez Feijóo la dimisión de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. "Era un asunto nacional"

Alberto González Amador. Con voz quebrada, el empresario describió cómo su vida cambió tras la publicación de la nota de la Fiscalía y la posterior difusión de su correo electrónico. “Me han destrozado la vida”

Todos coincidieron en un mismo punto: la inusual prisa y el tono insistente con el que García Ortiz solicitó los correos electrónicos relativos al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la noche en que se produjo la presunta filtración

Se enfrenta a una condena de hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y un desembolso de más de 400.000 euros

En el futuro, de aprobarse esta reforma, sería el fiscal quien daría las órdenes a la Benemérita. Sin embargo, el propio Ministerio Público, hasta ahora, ha venido posicionándose en contra de que esos magistrados examinaran a los investigados del entorno del presidente

García Ortiz se enfrenta a una acusación formal por haber autorizado presuntamente la difusión de un correo electrónico remitido por el letrado de González Amador a la Fiscalía de Madrid, en el contexto de una investigación sobre posibles delitos fiscales

Los partidos políticos no podrán ejercer la acusación popular en caso de aprobarse la Ley. Del mismo modo, también quedarán fuera de la misma, las personas jurídicas públicas, los sindicatos o las asociaciones dependientes de ellos

Así consta en el vídeo que recoge su declaración del pasado 29 de enero. Aunque en febrero trascendió la transcripción oficial del interrogatorio, la Sala de lo Penal ha autorizado ahora a las defensas y las acusaciones el acceso a las grabaciones de las declaraciones