La Ley de Memoria Democrática, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y aprobada con el apoyo de Bildu en 2022, sigue generando polémica.

En esta ocasión, la controversia surge con la implementación de una serie de unidades didácticas diseñadas por la Fundación Cives, que incluyen actividades que separarán a los alumnos en las aulas en función de sus opiniones sobre el franquismo. Una vez más, se pone en evidencia cómo esta ley, lejos de buscar una reconciliación histórica, impone un relato sesgado y cargado de ideología.

La educación como herramienta de adoctrinamiento
Según lo adelantado por diversos medios, una de las actividades más polémicas es el denominado «Barómetro de Valores», dirigido a alumnos de segundo de Bachillerato.

Este ejercicio pretende medir el grado de conciencia de los estudiantes sobre la Guerra Civil y la dictadura franquista a través de dinámicas de debate. Hasta aquí, todo parecería una actividad educativa más, si no fuera porque la metodología aplicada convierte el aula en un escenario de segregación ideológica.

El ejercicio consiste en dividir físicamente el aula en dos mitades, con los alumnos posicionándose en función de su nivel de acuerdo o desacuerdo con diversas afirmaciones sobre la historia reciente de España. Algunas de las frases que los estudiantes deben debatir incluyen:

«Si la guerra la hubiera ganado la República, habría existido la misma represión que con el franquismo», «Las heridas de la guerra se cerraron hace ya mucho tiempo y no merece la pena reabrirlas» o «España le debe mucho a Franco y a sus 40 años de paz».

 Este tipo de dinámicas no solo exponen a los estudiantes a ser señalados o presionados en función de su postura, sino que además fomentan una narrativa parcial que deslegitima cualquier perspectiva que se aparte del discurso oficial del Gobierno. Se camufla bajo la apariencia de un ejercicio de reflexión, pero en realidad es un mecanismo para detectar y marginar a aquellos alumnos cuyas opiniones no encajen con el relato impuesto.

Un relato sesgado y peligroso
Ya habían criticado la Ley de Memoria Democrática por su carácter revanchista y su intención de monopolizar la verdad histórica. Pero ahora, con la llegada de estas actividades a las aulas, se confirma el objetivo de este marco legislativo: moldear la percepción histórica de las futuras generaciones bajo una única interpretación de los hechos.

No es casualidad que hayan encomendado el desarrollo de estos contenidos a la Fundación Cives, una entidad vinculada a la izquierda y promotora del laicismo militante en la educación.. Esta fundación ha convertido la enseñanza en una herramienta de adoctrinamiento, eliminando cualquier vestigio de imparcialidad y promoviendo un pensamiento único en las aulas.

 Si realmente se buscara una comprensión objetiva de la historia, se incluirían en estos debates afirmaciones sobre la violencia y represión ejercida por ambos bandos durante la Guerra Civil, o el análisis de las circunstancias socioeconómicas que permitieron la consolidación del régimen de Franco.

Sin embargo, el enfoque unilateral que plantea esta metodología demuestra que no se trata de educar, sino de reescribir la historia con fines políticos.

Una imposición ideológica más del Gobierno de Sánchez
El adoctrinamiento en las aulas no es un fenómeno nuevo dentro de las políticas educativas del Gobierno de Pedro Sánchez. La imposición de la Ley Celaá, que suprimió el español como lengua vehicular en la educación y limitó la libertad de elección de los padres, ya fue un claro indicativo de la estrategia socialista para utilizar la educación como instrumento de control ideológico.

Ahora, con la Ley de Memoria Democrática, el Gobierno da un paso más allá al generar una fractura entre los propios estudiantes en función de su pensamiento político.

El problema de fondo radica en que la educación pública debería garantizar una enseñanza objetiva y plural, permitiendo a los alumnos desarrollar un pensamiento crítico basado en hechos y datos verificables, y no en narrativas impuestas por el poder político. La instrumentalización de la memoria histórica en las aulas no solo atenta contra la imparcialidad educativa, sino que contribuye a perpetuar la división y el enfrentamiento entre los ciudadanos.

 España necesita una visión integradora de su historia, que reconozca los errores y aciertos de todas las etapas sin caer en maniqueísmos ni en relatos sesgados. La reconciliación solo es posible desde la verdad y el respeto a la pluralidad, algo que el Gobierno de Pedro Sánchez parece estar decidido a destruir con iniciativas como esta.

Si la educación sigue siendo utilizada como un campo de batalla ideológico, el precio lo pagarán las futuras generaciones, condenadas a crecer en un ambiente donde la historia no se estudia, sino que se impone. La Ley de Memoria Democrática, lejos de servir como un instrumento de justicia histórica, se ha convertido en un arma de propaganda destinada a dividir a los españoles desde las aulas.

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