Se dispara el índice de criminalidad en España: un 7,6% más de violaciones

A pesar de los intentos constantes del Ministerio del Interior por maquillar la realidad, los últimos datos del Balance de Criminalidad del primer trimestre de 2025 arrojan una verdad incómoda para el Gobierno de Pedro Sánchez: la criminalidad en España, lejos de estar bajo control, muestra tendencias profundamente preocupantes, especialmente en el ámbito de los delitos más graves y traumáticos para las víctimas. El Ejecutivo sigue apelando a una narrativa triunfalista, mientras se ignoran las señales de deterioro en ámbitos clave de la seguridad ciudadana.

El Ministerio ha destacado una reducción del 2,8% en la criminalidad global durante los tres primeros meses de 2025 en comparación con el mismo período de 2024. Cifras que, presentadas de forma aislada, podrían transmitir una sensación de mejora. Sin embargo, al desglosar los datos se descubre una realidad mucho más compleja y alarmante.

Por ejemplo, mientras los delitos contra el patrimonio o los homicidios consumados han bajado, los intentos de homicidio han aumentado en casi un 20%, una cifra que debería encender todas las alarmas. ¿Qué tipo de violencia se está incubando en las calles de nuestro país? ¿Qué políticas están realmente desactivando el riesgo antes de que derive en tragedia?

Pero el dato más inquietante es, sin duda, el aumento de los delitos contra la libertad sexual, que suben un 3,8%, y dentro de esta categoría, las agresiones sexuales con penetración lo hacen en un escalofriante 7,6%. Estos delitos son de los que más devastación dejan en las víctimas, y su incremento refleja una grieta estructural en las políticas de prevención y protección.

Una respuesta institucional insuficiente
La pregunta que muchos ciudadanos se hacen es evidente: ¿Qué está haciendo el Gobierno para frenar estos repuntes?

Desde el Ejecutivo se insiste en que España mantiene una tasa baja de criminalidad convencional (40,6 delitos por cada 1.000 habitantes), pero este argumento no responde al fondo del problema, que es la desprotección efectiva de las personas frente a los delitos más violentos y degradantes. La mera existencia de estadísticas a la baja no garantiza seguridad real.

Además, el Gobierno sigue eludiendo una autocrítica seria sobre la implementación de leyes como la polémica “Ley del solo sí es sí”, que derivó en centenares de reducciones de penas y excarcelaciones anticipadas de agresores sexuales, un hecho reconocido por el propio Tribunal Supremo. Aunque posteriormente se rectificó, el daño social y simbólico ya estaba hecho. Las víctimas quedaron en segundo plano, mientras se consolidaba una política penal que ha sido más ideológica que eficaz.

El peso de la ideología en lugar del rigor
La política criminal del Gobierno de Pedro Sánchez ha estado fuertemente marcada por una visión ideologizada de la justicia. Reformas legislativas aceleradas, mensajes contradictorios y falta de coordinación entre ministerios (especialmente entre Igualdad e Interior) han generado una sensación de improvisación permanente. En lugar de abordar la criminalidad desde una óptica técnica, preventiva y con base en datos, se han priorizado los titulares sobre las soluciones reales.

La inseguridad sexual, además, ha crecido en un entorno donde los dispositivos de protección a las víctimas están desbordados, los juicios se retrasan y la recidiva entre agresores sexuales no ha sido contenida. Los recursos asignados a cuerpos policiales especializados en violencia sexual siguen siendo insuficientes, y los sistemas de seguimiento de reincidentes apenas han evolucionado.

¿Y la cibercriminalidad?
Aunque la cibercriminalidad ha experimentado una leve bajada del 1,2% —con una caída del 3% en estafas informáticas—, esta sigue representando un grave desafío estructural. España no cuenta con un sistema de protección digital ni con una estrategia de alfabetización cibernética suficiente para un entorno cada vez más dependiente de la tecnología. A pesar de representar 9,5 delitos por cada mil habitantes, el Gobierno no ha impulsado una agenda seria ni presupuesto suficiente en ciberseguridad ciudadana.

Una criminalidad menos visible, pero más insidiosa
Una parte del problema es que el Ejecutivo apuesta por los indicadores que puede vender con facilidad, sin atender a los fenómenos delictivos de segundo nivel, que no siempre aparecen en las portadas pero que erosionan profundamente la cohesión social y la percepción de seguridad: robos en zonas rurales, okupación violenta, bandas juveniles organizadas, violencia intrafamiliar no catalogada como género, etc.

Estas realidades no entran en el discurso de “España segura” que tanto esgrime el Ministerio del Interior. Pero las sufre el ciudadano de a pie, el que ya no se siente seguro ni en su barrio ni en Internet, y que ve cómo su denuncia a menudo queda sin seguimiento.

El Gobierno de Pedro Sánchez se escuda en porcentajes generales para sostener un relato de seguridad que no resiste el contraste con los datos más sensibles y alarmantes. Mientras se celebran bajadas generales del 2,8%, se ignoran aumentos en los delitos más destructivos: la violencia sexual, los intentos de homicidio, y el deterioro de la seguridad subjetiva.

Más allá de estadísticas parciales, lo que necesita España es una política criminal seria, integral y técnica, no gobernada por eslóganes ni improvisaciones legislativas. La seguridad ciudadana no puede depender de la propaganda ni de reformas fallidas: requiere voluntad política, inversión, profesionalización y, sobre todo, poner a las víctimas en el centro.

Inmigración ilegal y criminalidad: un tabú en el discurso oficial
Uno de los aspectos más silenciados en el relato del Gobierno es el impacto de la inmigración ilegal en las estadísticas criminales. Aunque Interior evita ofrecer un desglose étnico o de nacionalidad en sus informes públicos —algo que muchos consideran una estrategia deliberada para esquivar el debate—, diversos informes policiales, datos autonómicos y estadísticas judiciales apuntan a una sobrerrepresentación de inmigrantes en ciertos tipos de delitos, especialmente en agresiones sexuales, robos con violencia, tráfico de drogas y delitos contra la propiedad.

Este fenómeno no es una cuestión de estigmatización, sino de transparencia y responsabilidad pública. No se puede diseñar una política de seguridad realista si se niega sistemáticamente la realidad de que una parte importante de la criminalidad violenta y reincidente está protagonizada por individuos en situación irregular, sin arraigo, sin control institucional y, en muchos casos, con antecedentes en sus países de origen.

El modelo migratorio del Gobierno de Sánchez, basado en fronteras porosas, regularizaciones masivas y tolerancia institucional ante la okupación y la ilegalidad, ha generado un efecto llamada que no solo desborda el sistema de acogida, sino también el de seguridad y justicia penal.

El problema se agrava cuando los cuerpos policiales carecen de respaldo jurídico para actuar con eficacia ante individuos sin papeles, y cuando se prioriza el enfoque ideológico del “inmigrante víctima” sobre el principio de protección a la ciudadanía. La consecuencia es un aumento del malestar social, la pérdida de confianza en las instituciones y la percepción creciente de impunidad.

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