Golpe del Tribunal Superior a Gallardo: ve fraude de ley en su aforamiento y devuelve el caso a la juez

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha emitido un auto demoledor que cuestiona duramente el proceso mediante el cual Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura, adquirió la condición de aforado tras acceder como diputado a la Asamblea regional.

El Tribunal considera que este movimiento constituye un fraude de ley, al haberse producido de manera precipitada y con el objetivo deliberado de evitar la competencia del Juzgado de Instrucción de Badajoz y de la Audiencia Provincial.

Con esta decisión, el TSJEx se declara incompetente para seguir instruyendo la causa y ordena que los hechos investigados continúen su tramitación en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, bajo la dirección de la magistrada Beatriz Biedma, quien venía conduciendo la investigación antes de que Gallardo pasara a ser aforado.

Investigación por corrupción: el trasfondo del caso
La causa afecta a once personas investigadas, entre las que figuran Miguel Ángel Gallardo y David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ambos están siendo investigados en el marco de un procedimiento por presuntos delitos relacionados con corrupción en la contratación pública.

La instructora, la jueza Beatriz Biedma, había remitido el pasado 9 de junio una exposición razonada al TSJEx en la que alertaba de posibles irregularidades en el acceso de Gallardo al Parlamento extremeño. En su escrito, señalaba que el aforamiento se había producido mediante una maniobra concertada, en la que Gallardo saltó en la lista electoral a cinco compañeros para poder asumir un escaño y acogerse así al privilegio del aforamiento.

El análisis del Tribunal: “no fue una adquisición sobrevenida”
En su auto, el TSJ extremeño niega que el aforamiento de Gallardo se derive de un proceso natural de sustitución parlamentaria ni de una circunstancia excepcional. Por el contrario, el tribunal destaca que “no estamos ante una sobrevenida adquisición de la condición de diputado”, sino ante “una concatenación de actos indicativos de que se busca precipitadamente el aforamiento para eludir la competencia del Juzgado de Instrucción y de la Audiencia Provincial”.

En otras palabras, el tribunal ve indicios de que se habría utilizado de manera fraudulenta la figura del aforamiento, lo que puede suponer una vulneración del derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley, recogido en el artículo 24 de la Constitución Española.

Consecuencias judiciales y políticas
La decisión del TSJEx supone un giro importante en el procedimiento. De haberse admitido la competencia del tribunal, los aforados habrían sido juzgados por la máxima instancia judicial autonómica, lo que habría apartado a la jueza Biedma del caso. Con esta resolución, sin embargo, se refuerza la validez del trabajo instructivo realizado por la magistrada hasta la fecha y se frena un posible intento de blindaje judicial.

Además, este auto tiene implicaciones políticas significativas. No solo implica al líder del PSOE extremeño, sino que arrastra al hermano del presidente del Gobierno, lo que puede erosionar la imagen pública del Ejecutivo y abrir un nuevo frente de desgaste político.

La figura del aforamiento, otra vez en el foco
Este caso vuelve a poner en cuestión el uso del aforamiento en la política española, una figura que ha sido objeto de debate en múltiples ocasiones por su potencial uso para obstaculizar investigaciones judiciales. Si bien su finalidad es proteger la independencia de los cargos públicos frente a posibles denuncias espurias, en la práctica ha sido denunciado reiteradamente como un privilegio que puede dar lugar a abusos.

El TSJEx, con esta resolución, marca una línea roja clara ante el uso instrumental del aforamiento, al considerar que el acceso de Gallardo al escaño no fue casual ni fruto del azar, sino una maniobra diseñada para alterar la jurisdicción natural del caso.

La causa vuelve a Badajoz
La Sala Civil y Penal del TSJEx ha decidido devolver la causa a la magistrada instructora de Badajoz, ordenando que continúe la tramitación “hasta su conclusión”. Esta decisión mantiene viva una de las investigaciones judiciales más sensibles del panorama político actual, con potenciales implicaciones para la esfera institucional y para el debate sobre la regeneración democrática en España.

El retorno del caso a la magistrada Biedma podría acelerar nuevas diligencias, y no se descarta que, a la luz de las revelaciones del TSJEx, se abran nuevas líneas de investigación por fraude procesal o manipulación de órganos jurisdiccionales.

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