La deuda histórica: el legado del despilfarro de Sánchez

España ha vuelto a pulverizar un récord nada envidiable: 1,691 billones de euros de deuda pública, lo que equivale al 103,4% del PIB. Detrás de la frialdad de estas cifras se esconde una realidad alarmante: el país debe más de lo que produce en un año. Una hipoteca nacional que no solo condiciona el presente, sino que hipotecará durante décadas el futuro de varias generaciones.

Este aumento no es un fenómeno puntual, ni fruto únicamente de la coyuntura internacional. Se trata de la consecuencia directa de una gestión caracterizada por el despilfarro, el cortoplacismo electoral y la ausencia de una estrategia seria de consolidación fiscal. Bajo el mandato de Pedro Sánchez, la deuda ha escalado de manera acelerada, sostenida en un modelo de gasto público sin control, basado en anuncios rimbombantes y medidas de alto impacto mediático, pero escaso rigor económico.

Gasto expansivo y clientelismo político
El Ejecutivo ha convertido el presupuesto en una herramienta de propaganda permanente. Subvenciones indiscriminadas, bonificaciones generalizadas y programas sin evaluación real de impacto han multiplicado la factura del Estado. Los fondos europeos, que deberían haber servido para transformar la economía y mejorar la competitividad, se han utilizado en gran medida como instrumento para engrasar redes clientelares y contentar a aliados parlamentarios.

Lejos de priorizar inversiones productivas que impulsen el crecimiento a largo plazo, Sánchez ha optado por una estrategia de dispersión de recursos que busca rentabilidad electoral inmediata. Las ayudas puntuales al consumo, los aumentos del gasto corriente y las promesas de financiación territorial responden más a la aritmética parlamentaria que a una visión de Estado.

Una deuda que ahoga la soberanía económica
El problema no es solo la magnitud de la deuda, sino la tendencia. En apenas unos meses, el ratio deuda/PIB ha escalado del 102,3% al 103,4%. Y esto sucede en un contexto donde el crecimiento económico se desacelera y los tipos de interés se mantienen altos, lo que dispara el coste del servicio de la deuda.

Cada punto adicional de deuda implica más recursos destinados a pagar intereses y menos margen para políticas sociales o inversiones estratégicas. España se encamina hacia una situación en la que será rehén de sus acreedores y de las exigencias de Bruselas, con la posibilidad de tener que aplicar ajustes drásticos en el futuro.

El espejismo de la propaganda
Desde Moncloa se intenta maquillar la realidad con un discurso triunfalista sobre la “resiliencia de la economía española” o los “avances sociales”. Sin embargo, los datos son contundentes: España acumula más deuda que nunca, más déficit estructural que nunca y menos margen de maniobra que nunca.

El relato de Sánchez se sostiene en anuncios y titulares, pero la economía no se construye con eslóganes. El despilfarro y la improvisación tienen consecuencias tangibles: pérdida de confianza en los mercados, aumento de la prima de riesgo, presión fiscal creciente y un endeudamiento que recae sobre los hombros de quienes hoy aún no votan ni trabajan.

Un futuro hipotecado
La deuda pública no es un concepto abstracto. Significa que cada ciudadano, desde el recién nacido hasta el jubilado, carga con una mochila de más de 35.000 euros de deuda per cápita. Y esa mochila seguirá engordando mientras el Gobierno continúe con su política de gasto ilimitado y promesas sin respaldo presupuestario.

España necesita un giro radical en la gestión de sus cuentas públicas: austeridad responsable, racionalización del gasto, evaluación rigurosa de las políticas y un compromiso serio con la reducción del déficit. Lo contrario —seguir por la senda del despilfarro— nos aboca a un escenario donde el Estado tendrá que elegir entre recortar servicios básicos o subir impuestos hasta niveles asfixiantes.

El récord histórico de la deuda pública no es un accidente, sino el resultado directo del modelo Sánchez: gobernar a golpe de anuncio, ignorar los equilibrios macroeconómicos y anteponer la supervivencia política al interés general. Cada millón añadido a esa deuda es una hipoteca firmada en nombre de los españoles sin su consentimiento.

España no necesita más promesas vacías, necesita responsabilidad, rigor y visión de futuro. Y eso, por desgracia, es lo que más escasea en el actual Gobierno.

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