Pedro Sánchez: corrupción, decretos y promesas incumplidas. ¿Cuánto más podrá aguantar?

Cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en 2018 lo hizo con un discurso claro: regeneración democrática, transparencia y tolerancia cero con la corrupción. Hoy, ocho años después, ese mensaje se ha erosionado hasta tal punto que la misma vara de medir que él utilizó para exigir la dimisión de Mariano Rajoy se le vuelve en contra.

Con un Gobierno debilitado por casos de corrupción que afectan a personas de su círculo más cercano y con un abuso del decreto-ley que vacía de sentido el papel del Parlamento, la pregunta que muchos se hacen es si Sánchez puede seguir al frente del Ejecutivo sin que la credibilidad institucional quede hecha trizas.

 Los casos de corrupción que cercan a su entorno
El presidente asegura que no hay nada que le afecte de manera directa, pero la realidad es que la sombra de la corrupción no deja de crecer en torno a su figura:

El caso Koldo, con contratos millonarios durante la pandemia presuntamente amañados, salpica a antiguos colaboradores de su máxima confianza.

La dimisión de dirigentes clave del partido en plena investigación evidencia que la red de favores y comisiones se extendió más allá de meros intermediarios.

La imputación de su esposa, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción, abre un frente delicadísimo que afecta directamente a la institución de la Presidencia.

El envío a juicio de su hermano, David Sánchez, por presunta prevaricación y tráfico de influencias, refuerza la sensación de nepotismo y de falta de ejemplaridad.

Aunque Sánchez se aferra al argumento de que debe dejar actuar a los jueces, la magnitud de los casos y la proximidad de los implicados hacen insostenible el discurso de que “no tiene nada que ver”.

 Gobernar por decreto: de la crítica a la práctica abusiva
Sánchez reprochó en su día a Rajoy gobernar mediante decretos, afirmando que era un gesto propio de un Ejecutivo incapaz de dialogar. La hemeroteca muestra con claridad esa posición. Sin embargo, el actual presidente ha superado a sus predecesores en el uso del real decreto-ley como herramienta habitual para legislar.

Lo que debería ser un instrumento excepcional en situaciones de urgencia se ha convertido en la vía ordinaria para sacar adelante medidas de gran calado. Esa práctica genera varios problemas:

Reduce el control parlamentario.
Despoja al Congreso de su papel central en el debate democrático.
Acentúa la imagen de un Gobierno que actúa de forma autocrática, imponiendo normas sin consenso ni discusión real.
La contradicción entre lo que Sánchez prometió y lo que finalmente practica es, en este punto, evidente.

 La doble vara de medir
Quizá el reproche más fuerte que hoy se le hace a Sánchez sea su incoherencia. En 2017 pidió la dimisión inmediata de Mariano Rajoy al considerar que un presidente no podía permanecer en el cargo mientras la justicia señalaba a su partido por corrupción. Su mensaje fue claro: la ética pública debía estar por encima de la mera responsabilidad penal.

Esa misma exigencia debería aplicarse hoy. No basta con alegar que “no hay causa contra el presidente”. Lo que está en juego es la ejemplaridad, la confianza en las instituciones y la credibilidad de un Gobierno que prometió ser distinto. Cuando el círculo íntimo de un presidente se ve envuelto en causas judiciales por corrupción y tráfico de influencias, la legitimidad política queda profundamente cuestionada.

 Un deterioro institucional creciente
A los escándalos se suma la sensación de desgaste institucional:

La utilización sistemática de decretos erosiona la separación de poderes.
La corrupción cercando al partido en el poder destruye la confianza ciudadana.
El recurso constante a la confrontación y a la polarización política bloquea la capacidad de consenso.
Incluso dentro del propio partido de Sánchez comienzan a escucharse voces críticas que piden un cambio de rumbo. El desgaste ya no es solo externo; también amenaza con fracturar la cohesión interna.

 La coherencia perdida
Pedro Sánchez llegó al poder exigiendo regeneración, transparencia y responsabilidad. Hoy, esos tres pilares se tambalean. Ha tolerado prácticas que él mismo denunció, ha gobernado con métodos que calificaba de autoritarios, y ha permitido que la corrupción rodee a su círculo más cercano sin dar explicaciones convincentes.

Si Sánchez aplicara la misma vara de medir que él utilizó contra Rajoy, su salida debería haberse producido hace tiempo. Seguir aferrado al poder en estas condiciones no solo erosiona su figura, sino que compromete la credibilidad de la democracia española.

Porque, como él mismo dijo entonces, un presidente no puede permanecer en el cargo cuando la corrupción se sienta en la mesa del Consejo de Ministros, aunque sea de forma indirecta. Y hoy esa es exactamente la situación.

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