Dos documentos gemelos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria demuestran que ya en enero de 2022, María Jesús Montero, investigaba presuntas irregularidades en los contratos de emergencia suscritos por Interior y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), con varias de las empresas de la trama Koldo, para la compra de mascarillas o guantes relacionados con la crisis sanitaria del COVID-19.

Esto es, al menos dos meses antes de la denuncia registrada ante la Fiscalía Anticorrupción, el 10 de marzo de 2022, por el diputado Alfonso Serrano, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid.

Así consta en sendos requerimientos de Hacienda, contenidos en el sumario judicial del caso PSOE, dirigidos los días 25 y 26 de enero de 2022 a la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente de la gestión de Fernando Grande-Marlaska; y, a la empresa pública de trenes adscrita al Departamento de Transportes, durante la etapa de José Luis Ábalos, respectivamente, tal y como ha publicado El Debate.
 

 En pleno escándalo por las presuntas filtraciones de la titular de Hacienda sobre datos confidenciales relativos a la inspección fiscal vigente de la pareja de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, resulta llamativo que no haya trascendido referencia alguna a las actuaciones que, como mínimo desde hace dos años, ordenó la Inspectora Jefe de Equipo Central de Información sobre la relación comercial mantenida por el Ministerio del Interior y ADIF con la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas y varias de las sociedades vinculadas a ésta.

Así como el papel desarrollado en la misma por Víctor Gonzalo de Aldama, uno de los cerebros y principales investigados de la trama, presuntamente corrupta, de material sanitario.
 
 Los inspectores de la Agencia Tributaria ya preguntaron, recién estrenado 2022, tanto al Departamento que encabeza Grande Marlaska, como al que entonces gestionaba la socialista Raquel Sánchez en relación a decisiones y adjudicaciones adoptadas por su predecesor en el cargo, el exministro Ábalos, antes de ser apartado del mismo, acerca de las posibles ventajas que los contratos suscritos con la empresa fiscalizada, y varias más de su grupo, hubiesen podido proporcionar a ésta.

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Además, los técnicos se interesaron por los motivos de la elección del proveedor ya que, hasta entonces, no constaba que Soluciones de Gestión tuviera experiencia u operaciones previas realizadas en los últimos años en el sector de equipos de protección individual sanitario, rezan los citados requerimientos, muy anteriores al arranque de la denominada Operación Delorme que dirige la Fiscalía Anticorrupción.

 Para los responsables de la Oficina Antifraude de Hacienda había ciertos flecos de trascendencia tributaria que era necesario aclarar, tales como: si la participación de otras mercantiles vinculadas a Soluciones de Gestión en las contrataciones inspeccionadas, se realizó con anterioridad a la firma del contrato de compraventa de la mercancía o con posterioridad a la misma; si dicha participación era conocida o habitual en otras operaciones realizadas por los ministerios consultados; o, si por el contrario, la «elección como proveedor» de la mercancía «se debió a la participación de dichas mercantiles y de la persona señalada como intermediario», Víctor de Aldama.

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