Transcribimos a continuación la carta entregada en mano al presidente de la oposición Alberto Núñez Feijóo hoy en el Congreso de los Diputados. 

D. Alberto Núñez Feijóo

Presidente del Partido Popular

Génova 13

 Estimado Presidente del Partido Popular: 

 Nos dirigimos a usted en un momento en el que se debaten, de nuevo, iniciativas legislativas que pretenden “abolir la prostitución” o “acabar con cualquier tipo de proxenetismo”. Estaríamos de acuerdo en ambas iniciativas si no tuviéramos la seguridad de que esconden un ataque contra la libertad y una expulsión hacia la clandestinidad de más de cien mil personas a las que se va a privar de seguridad, de protección y por tanto de derechos.

 En el caso de la proposición de Ley Orgánica que modifica el Código Penal, presentada por el PSOE y firmada por su portavoz, Patxi López, la finalidad de la ley está clara: se permite a las trabajadoras sexuales continuar con su trabajo siempre que no lo ejerzan en pisos alquilados o locales.

La reforma castiga a los clientes y declara víctima a toda mujer prostituta, quiera o no serlo, se considere o no como tal. La reforma es un desahucio general que traerá más inseguridad, más ataques contra un grupo de personas estigmatizadas, y, en definitiva, más violencia y dolor. Y de nuevo, esta reforma se plantea sin haber escuchado ni una sola voz de las personas afectadas. 

 Somos muchas, señor Núñez Feijóo, las que hemos elegido este trabajo. Y lo hemos elegido por muchas razones: retribución, flexibilidad horaria, capacidad de atender a nuestros hijos, y libertad. Nuestra Plataforma agrupa a miles de personas que quieren seguir ejerciendo este servicio, y lo quieren hacer con seguridad, protección, derechos, y las mejores condiciones de higiene.

La reforma planteada por el PSOE, y sobre la que no tenemos constancia de la posición del Partido Popular, nos considera minusválidas mentales, nos ofende porque niega nuestra autonomía, desprecia nuestro consentimiento y nos arroja, de nuevo, a los márgenes de la sociedad. Con el pretexto de “salvarnos” nos entregan a la delincuencia y a las bandas organizadas. A las mayores de nosotras esto les recuerda el franquismo. 

 Vamos ahora con la proposición que anuncia su partido, el Partido Popular. Prometen combatir la trata y terminar con todo tipo de proxenetismo. No podemos estar más de acuerdo. Aunque, como diría Alicia, el personaje de Lewis Carroll, depende de lo que entendamos por proxenetismo.

Porque nosotras no consideramos tales a los propietarios que nos alquilan pisos, o a los empresarios y empresarias que nos brindan locales seguros donde ejercer nuestro trabajo; locales abiertos donde la policía puede entrar sin necesidad de solicitar permiso y donde hemos invitado a muchos políticos para que conozcan nuestro trabajo. Usted mismo está invitado para visitarnos cuando quiera.

El PSOE quiere considerar a esas personas proxenetas, delincuentes. Y no sabemos lo que piensa de esto el PP. 

 Por eso es importante que en la elaboración de su proposición de Ley tengan ustedes en cuenta como legisladores algunas datos de la realidad que les ayudarán a proteger mejor a las víctimas de trata a la vez que se preserva la libertad de quienes nos dedicamos al trabajo sexual con libertad y sin coacciones, simplemente porque en el ejercicio de nuestra libertad, lo hemos elegido. 

 1.-Es falso que el 90 % de las trabajadoras sexuales ejerzan su trabajo por coacciones, por presiones, o en situación de extrema necesidad. Investigadores como Carmen Meneses o José López Riopedre niegan de forma tajante ese porcentaje. En consultas a través del Portal de Transparencia, la Plataforma pidió al gobierno que aclarara la fuente de ese dato esgrimido por la Policía Nacional.

El gobierno se remitió a lo dicho por la Policía. No existe ninguna fuente científica que avale con rigor esa cifra. Si nos acogemos a las cifras que maneja el CITCO, el Centro de Investigación contra el Terrorismo y el Crimen organizado, que depende del Ministerio del Interior, el número de casos de explotación sexual y trata detectados cada año no llegaría al 1% del total de personas dedicadas a la prostitución. 

 2.-El segundo punto nos lleva a la cifra total de personas dedicadas al trabajo sexual.  Según los investigadores que han estudiado este ámbito de trabajo, en España hay unas 120.000 personas directamente dedicadas al trabajo sexual. Son proyecciones similares a las que ha hecho la Agencia Tributaria cuando ha evaluado el trabajo sexual en España y ha estimado que, de regularizarse, la tributación del sector sumaría más de 2.800 millones de euros a los impuestos que ahora ya se recaudan por esas actividades. 

 3.-De lo anterior se desprende que otra de las trampas mentales de quienes plantean leyes punitivas es la confusión interesada entre prostitución y trata. Tal identificación equivaldría a confundir esclavitud con trabajo, lo que nos permitiría afirmar que todo trabajador ejerce su actividad presionado o coaccionado, o por extrema necesidad.

Las investigaciones desarrolladas hasta ahora por sociólogos y antropólogos afirman que, si excluimos la trata, mujeres, hombres y transexuales ejercen el trabajo sexual con libertad y autonomía, y no tienen ninguna intención de cambiar de trabajo, y menos de acogerse a la consideración de víctimas subsidiadas por el Estado. Confundir trata con prostitución condena de antemano a todo un sector que es el más implicado en la lucha contra las situaciones de explotación.

Trabajadoras sexuales y empresarios son los más comprometidos en la detección y denuncia de casos de explotación. De hecho, según las cifras del Poder Judicial, en 2020, 2021 y en 2022 no se cerró ningún local o establecimiento en España por estar citado en casos de trata. Setenta locales fueron inspeccionados durante la llamada operación Escortum y en ninguno se detectó caso alguno de trata. Cuando todo el sector desaparezca, ¿nos quiere decir qué capacidad tendrá el Estado de detectar situaciones de explotación o abuso?

 4.-En este sentido, las cifras que ofrece la estadística del Consejo del Poder Judicial son reveladoras. En 2022 fueron procesadas 76 personas por trata, 40 fueron condenadas, 35 de ellas por prostitución coactiva. De esas condenas, tan solo UNA llegó a través de denuncias de las organizaciones de la llamada “industria del rescate”.

Organizaciones que se dedican a alarmar a la población inflando estadísticas y cifras, y que multiplican por miles los casos que dicen que son de trata con fines de explotación sexual para justificar las subvenciones que reciben, contribuyeron con UNA SOLA DENUNCIA en el año judicial de 2022 a la lucha contra la trata. 

 5.- En los países que han aplicado leyes similares a las que ha propuesto el PSOE en las legislaturas XIV y XV ha aumentado la violencia contra las trabajadoras sexuales, los ataques, las violaciones, los robos, o la quema de caravanas, sobre todo en Francia, donde ejercen su trabajo. Los índices de violencia en Francia contra las trabajadoras se han multiplicado por cinco.

Otro de los efectos de la ley francesa, que incluye un programa de acogida a aquellas mujeres que quieran dejar la prostitución, es que las que han aceptado el programa no llegan a 150 en los primeros cinco años de aplicación de la ley. En esos países la prostitución no ha desaparecido.

Ahora sirve para que las ONG que se dedican al rescate reclamen al estado francés miles de millones de euros para “salvarlas”. ¿La ley ha mejorado la vida de las trabajadoras? Al contrario, su vida es más violenta, más sombría que nunca, y su estigma se ha multiplicado. ¿Por qué todo esto no figura en la exposición de motivos de su ley? 

 6.-Por lo que se refiere a España, el Ministerio de Igualdad licitó un proyecto para estudiar la prostitución en nuestro país. La licitación quedó desierta, porque ningún equipo sociológico presentó su candidatura ante lo exiguo del presupuesto planteado. Nunca en España se ha hecho un estudio serio, completo y exhaustivo sobre la prostitución,

Por tanto, las afirmaciones de que el 40% de los españoles consumen servicios sexuales, o que España es el primer país consumidor del mundo, son falsas mientras no las demuestre un estudio científico. Todas las cifras que maneja el Gobierno, y las que utilizó usted en la presentación de la ley, tienen un fin propagandístico, y han sido difundidas con fines ideológicos.

 7.-Cuando se legisla en estas materias es importante tener en cuenta las conclusiones de los investigadores. Un trabajo publicado por el Journal of Law and Economics, y firmado por los científicos Huasheng Gao y Vanya Petrova, de la Fudan University concluye que existe una relación entre las políticas de prohibición de la prostitución y el aumento de las violaciones. Además de esa conclusión, lo interesante es que el trabajo de estos dos investigadores toma como base las legislaciones en países europeos.

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En el artículo publicado en JL&E, Huaseng Gao y Vany Petrova investigan los efectos producidos por las políticas en relación a la prostitución y su relación con las violaciones durante los últimos treinta años. Y la conclusión de los investigadores es contundente: «la prohibición del comercio sexual conduce a un aumento significativo de las tasas de violaciones y su liberalización da como resultado una disminución significativa en las tasas de violaciones».

 Nos sobran razones para oponernos a la reforma del Código Penal que propone el PSOE. Desconocemos la posición del PP sobre esa reforma, así como el sentido de la propuesta que prepara su Grupo Parlamentario. En invierno pasado fuimos recibidos por la Vicesecretaria de Política Social, Carmen Navarro.

Nos escuchó con atención cordial; no transmitió confianza y seguridad. Volvemos a pedir al Partido Popular que nos escuche. Nuestra primera intención es la de trasladarles información, datos de la realidad. Legislar de espaldas a la realidad es muy peligroso, sobre todo para las personas afectadas. Legislar por convicción, de espaldas al mundo, suele provocar  efectos opuestos a aquellos que se buscan.

Nuestro mundo es muy delicado: una reforma hacia la clandestinidad arruinará la vida de decenas de miles de personas. Un paso hacia la regulación permitirá combatir con más eficacia delitos como la trata, combate en el que somos las más implicadas, y también las más eficaces. 

 Tenemos derecho, señor Núñez Feijóo a que se nos escuche, a que se nos tenga en cuenta, a que nuestra voz cuente. Sobre todo, cuando nuestra palabra ha sido siempre marginada, se desconoce nuestro mundo y se nos considera víctimas, como si al ponernos esta etiqueta, quien nos la pone pudiera exhibir una superioridad moral que no tiene. 

 Con nuestra más alta consideración

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