La Misión Internacional de la ONU creada para investigar violaciones de derechos humanos en Venezuela ha revelado información alarmante sobre la detención de más de cien niños, niñas y adolescentes en el país sudamericano, acusados de crímenes graves en el marco de las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales de julio.
Según la misión, los menores han sido imputados por los mismos delitos que los adultos detenidos, incluyendo cargos de terrorismo, conspiración e incitación al odio. El grupo de juristas que integra la misión expresó su preocupación por la falta de protección legal adecuada para estos niños, señalando que muchos de ellos han enfrentado procesos judiciales sin la presencia de sus padres o tutores legales.
Francisco Cox, experto de la misión de la ONU, enfatizó la necesidad de que los menores sean tratados con el mayor respeto hacia las normas internacionales de protección de la niñez. «La misión reclama con firmeza que los niños, niñas y adolescentes detenidos sean tratados con estricto apego a las normas internacionales, respetando su interés superior», afirmó Cox en un comunicado oficial.
Además de la situación de los menores detenidos, la misión ha documentado la muerte de 24 personas, la mayoría de ellas jóvenes, entre el 28 de julio y el 8 de agosto, en el contexto de las protestas. Marta Valiñas, presidenta de la misión, ha exigido que estas muertes sean investigadas a fondo, y que se procese judicialmente a los responsables, ya sea dentro de las fuerzas de seguridad o entre los civiles armados que actuaron en su apoyo.
El grupo de la ONU también denunció la detención de al menos 1.260 personas, de las cuales 160 son mujeres, durante el mismo periodo. Estas cifras contrastan con las proporcionadas por el fiscal general de Venezuela, quien afirmó que se habían detenido a 2.200 personas en total.
La misión ha calificado estas detenciones como arbitrarias, destacando que los detenidos se enfrentaron a un sistema judicial que los dejó desprotegidos, con audiencias sumarias llevadas a cabo por tribunales especializados en terrorismo en Caracas, a pesar de que muchos de los hechos ocurrieron en otras regiones del país.
Además, la misión señaló que en muchos casos las imputaciones de delitos graves como terrorismo, conspiración y delitos de odio se realizaron sin pruebas suficientes o de manera desproporcionada. También se reportaron numerosos obstáculos para que los familiares de los detenidos recibieran información adecuada y oportuna, así como impedimentos para el acceso a abogados de confianza.
Este informe subraya la continua preocupación de la comunidad internacional por la situación de los derechos humanos en Venezuela, especialmente en el contexto de una represión que, según la ONU, afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la sociedad.
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