El futuro del fiscal general del Estado se complicó después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil subrayara la «participación preeminente» de Álvaro García Ortiz en la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Los indicios recabados por la unidad de élite del Instituto Armado apuntan directamente al fiscal general y hacen altamente probable que el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, instructor de la causa, acabe decidiendo sentarlo en el banquillo de los acusados -es decir, dictando el auto de apertura de juicio oral- por un delito de revelación de secretos, según informan fuentes jurídicas.

La cadena de mensajes que intercambió García Ortiz y su guardia de corps -la jefe y el teniente de la Secretaria Técnica- con la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada en el Alto Tribunal, dan solidez a los indicios que desde un primer momento apuntaron al papel protagonista de García Ortiz en la operación urdida contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En su demoledor informe, de 57 páginas, la UCO analiza el móvil y correo electrónico de la fiscal jefe de Madrid entre los días 8 y 14 de marzo y concluye que desde la Fiscalía General se produjeron dos filtraciones sobre el novio de Ayuso.

La primera, cuando se envió a eldiario.es todo el expediente que afectaba a Alberto González Amador y, la segunda, cuando se filtra a la Cadena Ser el correo electrónico donde el empresario confiesa la comisión de dos delitos fiscales.

Los mensajes de whatsapp intercambiados entre el teniente fiscal de la Secretaria Técnica, el fiscal Diego Villafañe (mano derecha y amigo personal del fiscal general) y la fiscal jefe Pilar Rodríguez revelan como éste pidió el expediente sobre el novio de Ayuso a la Fiscalía Provincial de Madrid.

Asimismo, la Guardia Civil resalta que la información inicial de eldiario.es -publicada cuatro días después, el 12 de marzo- contenía «fragmentos de la denuncia de la Fiscalía» y de «dos informes de la Agencia Tributaria», «documentación facilitada el 8 de marzo por la Fiscalía Provincial de Madrid a la cuenta de correo de Villafañe».

Además, la UCO analiza una llamada telefónica entre la fiscal jefe de la Secretaria Técnica, Ana García León, y Pilar Rodríguez, donde ésta última le comenta que la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, estaba enfadada con la «Fiscalía General del Estado» por la filtración «de lo del novio de Ayuso».

Lastra fue la fiscal que recibió la orden directa de García Ortiz de remitir a los medios una nota de prensa donde se señalaba que González Amador había confesado la comisión del fraude fiscal. Tal y como publicó en exclusiva este periódico, la orden de García Ortiz fue «imperativa» porque temía que le ganaran «el relato».

Por su parte, la mañana del pasado 13 de marzo, García León escribe de nuevo a la fiscal jefe de Madrid por las informaciones sobre González Amador. Rodríguez le responde lo siguiente: «El jueves me pidió las diligencias y le mandé todo. Así que imagino que después de analizarlas es cuando se ha dado publicidad por FGE».

Por otro lado, respecto de la segunda filtración, la UCO resalta que tras la publicación por parte de EL MUNDO de una información donde desvelaron las conversaciones mantenidas entre ambas partes para negociar un pacto de conformidad, el fiscal general del Estado «comienza a impartir órdenes» para que se le remitieran esos mails a su cuenta de correo personal.

El nerviosismo se aprecia en la cadena de mensajes, donde García Ortiz llega a interesarse por si es posible pactar al estar González Amador acusado del delito de falsedad documental.

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En este sentido, la Guardia Civil destaca que los correos electrónicos del fiscal Julián Salto son enviados a García Ortiz a las 21.59 horas y a las 22 horas, respectivamente. A las 23.51 horas la Cadena Ser publica la información sobre el correo y anuncia que la Fiscalía prepara una nota de prensa para precisar que fue, en primer lugar, el abogado del novio de Ayuso quién buscó cerrar una conformidad.

La UCO abunda en que «desde las 21.59 horas en las que recibe el fiscal general del Estado el correo que requiere y que contiene el que finalmente se filtra y hasta que se publica la filtración hay tan solo un número muy reducido de personas en los que concurren dos circunstancias: que tienen acceso a todos los correos entre la Fiscalía y el abogado de la defensa» y que «tienen conocimiento, no sólo de que la Fiscalía está elaborando un comunicado sino el periodo temporal aproximado en el que éste se publicará».

Pese al concluyente informe de la UCO, fuentes del Gobierno mantuvieron ayer la confianza en el fiscal general. «Por supuesto», respondieron.

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