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Así figura en la documentación entregada por Ferraz al Tribunal Supremo, y que se incluye en la investigación sobre el exdirigente socialista hoy en prisión
Esta petición, cursada por el magistrado instructor del caso, Ángel Hurtado, busca recuperar contenido que fue eliminado en dos ocasiones el mismo día en que García Ortiz fue informado de su imputación
Corrupción08 de marzo de 2025El Tribunal Supremo ha solicitado a la sede de WhatsApp, ubicada en los Estados Unidos, los mensajes eliminados del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el marco de la investigación sobre la presunta revelación de secretos vinculada a la filtración de información personal del novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Esta petición, cursada por el magistrado instructor del caso, Ángel Hurtado, busca recuperar contenido que fue eliminado en dos ocasiones el mismo día en que García Ortiz fue informado de su imputación.
La decisión de remitir esta solicitud a las autoridades estadounidenses se produce después de que Irlanda, donde WhatsApp tiene su sede europea, respondiera a una comisión rogatoria previa enviada por el magistrado español.
Ahora, además de enviar la documentación recibida desde Irlanda para su traducción oficial, el juez ha optado por ampliar la solicitud a Estados Unidos, donde se encuentran los servidores principales de la aplicación de mensajería.
La investigación también ha requerido la cooperación de Google, con el objetivo de acceder a otros datos que puedan haber sido almacenados en sus sistemas. Estas diligencias forman parte de un procedimiento que sigue abierto contra dos imputados:
Álvaro García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. La causa ha sido prorrogada seis meses más para dar margen a la recepción y análisis de la información solicitada a ambas compañías tecnológicas.
El magistrado busca esclarecer si la eliminación de los mensajes por parte del fiscal general fue una acción deliberada con el propósito de obstruir la investigación.
Este material podría resultar clave para determinar su implicación en la filtración de datos confidenciales y arrojar luz sobre las circunstancias en las que se produjo la difusión de la información personal vinculada a la pareja de Ayuso.
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