“Me ofreció un puesto de trabajo en el Ayuntamiento por tiempo de un mes, a cambio de firmar el impreso de voto por correo a favor del PSOE”
Corrupción25 de abril de 2025
Impacto España Noticias
La sombra de la compra de votos: el caso de Albaida del Aljarafe y el patrón de corrupción electoral que persiste en el PSOE
La democracia, ese delicado equilibrio entre voluntad popular y normas justas, ha vuelto a ser puesta en entredicho en España. Esta vez, el epicentro se sitúa en Albaida del Aljarafe, un pequeño municipio sevillano donde la Guardia Civil ha destapado una presunta trama de compra de votos por correo que apunta directamente a cargos vinculados al Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Pero lo que a primera vista podría parecer un caso aislado, va cobrando una dimensión mucho más inquietante: un modus operandi sistemático, extendido, y aún en marcha, controlado desde las entrañas del partido.
Un testimonio demoledor
Todo comienza con la declaración de un joven vecino de Albaida ante la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil. En su testimonio, afirma sin titubeos que le ofrecieron un contrato temporal en el Ayuntamiento a cambio de firmar su voto por correo a favor del PSOE en las elecciones municipales de mayo de 2019.
“Me ofreció un puesto de trabajo en el Ayuntamiento por tiempo de un mes, a cambio de firmar el impreso de voto por correo a favor del PSOE”.
El joven asegura que no acudió a ninguna oficina de Correos. Entregó su DNI y firmó unos documentos en manos de un tercero: B.D.A., entonces encargado general del Ayuntamiento y marido de la teniente de alcalde socialista. Dos días después, le devolvieron el DNI. Nunca votó personalmente. Su voto fue ejecutado por otros.
La promesa de empleo jamás se cumplió. Tras largas evasivas, le dijeron que “tenía que esperar a que se liberara un puesto”. Finalmente, encontró trabajo por su cuenta, pero su derecho al voto ya había sido secuestrado por intereses partidistas.
El PSOE niega, pero las pruebas se acumulan
El señalado, B.D.A., negó ante la Guardia Civil haber ofrecido empleo alguno, asegurando que su puesto como jardinero no le daba potestad para contratar a nadie. Afirmó que jamás habló con el denunciante sobre política. Sin embargo, su nombre aparece reiteradamente en la denuncia presentada por Izquierda Unida, donde se describe con detalle una red clientelar perfectamente organizada dentro del PSOE local: desde la captación de votantes vulnerables hasta la manipulación del sistema postal.
Según esta denuncia, varios cargos socialistas actuaban en cadena: una concejal seleccionaba a los beneficiarios de empleo, B.D.A. presionaba por el voto, y un empleado de Correos, también identificado, gestionaba físicamente el envío de los votos, evitando que los votantes tuvieran que intervenir.
La Guardia Civil ha constatado graves irregularidades, desde firmas falsificadas hasta documentación electoral tramitada por terceros, violando de forma flagrante la Ley Electoral.
Un patrón nacional: la corrupción electoral no es un accidente, es estrategia
Lo más preocupante es que Albaida del Aljarafe no es una excepción, sino parte de un sistema extendido. Casos similares se investigan en Melilla, Mojácar, Murcia, Tenerife o Ciudad Real. En todos, se repite el mismo patrón: clientelismo político, compra de votos, utilización de empleados públicos, y manipulación del voto por correo.
Esto no se trata de un puñado de militantes locales actuando por su cuenta. Las investigaciones apuntan a una trama coordinada, con cobertura institucional y respaldo desde el aparato del partido. Y lo más grave: el PSOE sigue utilizando estas prácticas, sin consecuencias reales, con una sorprendente impunidad que solo se explica por su control sobre los propios mecanismos de supervisión electoral.
El zorro cuidando del gallinero: control de los sistemas de vigilancia electoral
No se puede pasar por alto que el PSOE, como partido en el Gobierno y con fuerte implantación territorial, controla en buena parte los órganos institucionales que deberían auditar estos procesos: desde juntas electorales provinciales hasta altos cargos en Correos, pasando por delegaciones del Gobierno.
Este control permite que las denuncias se diluyan, los responsables escapen sin sanción y las investigaciones se eternicen o se cierren sin consecuencias. La falta de separación entre poder político y mecanismos de control electoral es una de las principales debilidades del sistema democrático español, y el PSOE parece haberla explotado a su favor sin escrúpulos.
Una democracia vulnerada desde dentro
Más allá de tecnicismos legales, estamos ante una realidad alarmante: el derecho al voto está siendo secuestrado, manipulado y mercadeado por quienes deberían protegerlo. La compra de votos no es solo corrupción: es una forma de violencia institucional contra los ciudadanos, especialmente los más vulnerables.
Cuando un partido político instrumentaliza el hambre, la necesidad laboral o la desesperación a cambio de votos, no solo pervierte el sistema electoral: pervierte la dignidad humana. Y cuando, además, controla los órganos que deberían fiscalizar su conducta, lo convierte en una maquinaria autoritaria con ropaje democrático.
El silencio del PSOE y la complicidad de muchos
A día de hoy, ninguna figura destacada del PSOE ha asumido responsabilidad política alguna. No se han producido dimisiones, expulsiones, ni se ha exigido explicaciones públicas por estos casos. El silencio es absoluto, y la estrategia es clara: negar, minimizar y resistir hasta que pase la tormenta.
Pero ya no se puede hablar de tormenta. Lo que ocurre es estructural. Lo que ocurre es sistémico. Y lo que ocurre, si no se corta de raíz, acabará de matar la confianza de la ciudadanía en las urnas y en sus instituciones.
¿Qué hacer frente a esta deriva?
Es hora de levantar la voz. De exigir reformas profundas en el voto por correo, auditorías externas, y la completa desvinculación de los partidos políticos de los sistemas de control electoral. Mientras el partido que gobierna controle los mecanismos para ser elegido, la democracia será solo una apariencia.
El caso de Albaida del Aljarafe es solo uno más, pero contiene todos los elementos de una decadencia democrática que ya no se puede esconder. Y el PSOE, lejos de corregir el rumbo, parece decidido a mantener las manos en el timón de una nave que ya navega sin rumbo ético.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias
Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a
WhatsApp: 635967726
Además de la falta de trayectoria de la empresa, la denuncia interpuesta también apuntó a una posible vinculación personal entre los gestores de FCS y el propio Illa, con el municipio catalán de La Roca del Vallés como posible nexo
El gasto público injustificado se dispara en la Cámara Alta. La corrupción legal en el Senado supera los 943.000 euros en desplazamientos solo en el primer trimestre de 2025
Ábalos, cada vez más desmarcado de la cúpula socialista, confesó sentirse «utilizado» por Santos Cerdán y su exasesor Koldo García, llegando a definirse a sí mismo como «gilipollas» e «imbécil» por su papel en la trama
De confirmarse la prórroga del contrato durante el periodo en que Óscar Chivite era consejero y administrador de Lauburu, estaríamos ante un conflicto de intereses directo, posiblemente contrario a la Ley Foral 8/2011 de Incompatibilidades de Altos Cargos
Nuevo golpe de la UCO al PSOE: La Guardia Civil sostiene en el último informe sobre el 'caso Azud' que Rafa Rubio recibió una primera entrega de 100.000 euros por parte de empresarios para comprar su silencio
El suegro de María Chivite y alcalde de Sesma, Pedro María Mangado Pinillos, adjudicó en marzo de 2023 un contrato valorado en 80.000 euros a la empresa Excavaciones Fermín Osés para realizar mejoras en las piscinas municipales
Sánchez apuesta todo a una sola jugada: la Ley Bolaños. Esta normativa, impulsada por su ministro de Presidencia, busca reestructurar el poder judicial y otorgar un control más férreo al Ejecutivo sobre las causas abiertas
Para lograrlo, la Plataforma pedirá a los grupos parlamentarios del Partido Popular y de Vox que cedan 18 diputados cada uno, alcanzando así el 10 % de los escaños exigido por la ley para registrar la iniciativa
La reacción del presidente, con una auditoría de las cuentas del PSOE y cambios en la dirección, es vista como tardía e insuficiente por la firma estadounidense, que también observa con inquietud el malestar creciente entre los socios parlamentarios
«Se aferrará al cargo a riesgo de acabar con la democracia española». Especialmente duros son los pasajes dedicados a las grabaciones de Koldo García y José Luis Ábalos, en las que aparecen conversaciones degradantes que incluyen valoraciones sobre «los méritos de distintas prostitutas»
Cada vez son más los enfermos de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) que piden la eutanasia ante las promesas no cumplidas del Ejecutivo central, liderado por Pedro Sánchez. “La ELA no espera. Las promesas no curan. La financiación salva vidas”
