El festín del BOE de Felix Bolaños: jamón ibérico, langostinos y barra libre a costa del contribuyente

Mientras la gente pasa hambre, los políticos se sirven manjares con nuestros impuestos. tenemos la compra del Ministerio, ha presupuestado 737.500 euros para adquirir productos como jamón ibérico, solomillo de ternera, langostinos, gambas congeladas, mejillones extra, setas, tomates pera y un largo etcétera

Noticias26 de abril de 2025 Salvador Gimenez
OIP (2)
Pedro Sanchez

Mientras millones de españoles luchan día tras día para poder llenar la nevera con lo más básico —carne, pescado, o incluso frutas y verduras—, el Gobierno de Félix Bolaños ha anunciado con total desfachatez dos licitaciones para suministrar productos de lujo al comedor de la Boletín Oficial del Estado (BOE).

Un total de 1,36 millones de euros se gastarán en alimentar a una entidad de 288 empleados, que no solo se sirven lo mejor de lo mejor, sino que también disfrutan de un bar-cafetería donde se venden productos de alta gama a precios irrisorios.

Este despilfarro no es un hecho aislado. En un contexto de crisis económica, con la inflación disparada y un nivel de pobreza creciente, los políticos siguen disfrutando de privilegios que son inconcebibles para la mayoría de la población. Y, por si fuera poco, todo esto ocurre mientras muchos de ellos no pagan sus impuestos correctamente.

1,36 millones para los manjares de los políticos
Las licitaciones que ha sacado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes son una muestra palmaria del desdén hacia los contribuyentes que tanto han tenido que sufrir durante la última década. Mientras familias enteras no pueden permitirse ni comprar carne ni pescado fresco, el Gobierno de Sanchez ha decidido que es más importante que los funcionarios, políticos, diputados y senadores que se benefician del BOE tengan acceso a un banquete.

Por un lado, tenemos la compra de alimentos frescos para el comedor, donde el Ministerio ha presupuestado 737.500 euros para adquirir productos como jamón ibérico, solomillo de ternera, langostinos, gambas congeladas, mejillones extra, setas, tomates pera y un largo etcétera. Esto no es solo un simple gasto de alimentos, sino una ostentación innecesaria cuando millones de ciudadanos ni siquiera pueden permitirse productos básicos, como carne de calidad o pescado fresco.

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Por otro lado, el servicio de bar-cafetería también está presupuestado en 627.807,80 euros. Este bar no solo atenderá a los funcionarios, políticos, diputados y senadores,, sino también a sus acompañantes, visitantes, becarios e incluso personal externo.

Este bar-cafetería tendrá precios tan bajos como 1,10 euros por un café, 0,75 euros por una caña de cerveza o 0,60 céntimos por un vaso de gazpacho. Cualquier madrileño que se atreva a comparar estos precios con los del mercado se encontrará con una realidad indignante: el precio medio de un café en la ciudad es de alrededor de 2,5 euros, y en algunos bares el botellín de cerveza supera el euro.

El hecho de que los políticos y funcionarios puedan disfrutar de estos precios ridículos mientras los ciudadanos enfrentan aumentos en el coste de la vida, el alquiler y las facturas de servicios básicos, es una afrenta al sentido común y una demostración más de lo desconectados que están los políticos del sufrimiento del pueblo.

¿A qué precio estos privilegios?
Mientras tanto, millones de españoles hacen malabares para pagar las facturas de electricidad, agua y gas, y muchos hogares de clase media no tienen ni siquiera acceso a una alimentación adecuada. En este contexto, gastar más de un millón de euros en un comedor y un bar para 288 empleados, muchos de los cuales son políticos, diputados y senadores, es una clara burla a los sacrificios que hace el ciudadano medio.

Pero el despilfarro de estos 1,36 millones de euros no es un hecho aislado. Se trata de una pequeña parte de un sistema profundamente desigual en el que los políticos, altos funcionarios y el entorno cercano a ellos siguen disfrutando de privilegios que rozan lo inmoral. Mientras los ciudadanos se ven forzados a elegir entre pagar la calefacción o la comida, las élites se dan el lujo de pedir “sacrificios” a los más vulnerables, mientras se sirven langostinos y solomillo a diario.

Y esto es solo la punta del iceberg.

El escándalo de los privilegios políticos: primas opacas, evasión fiscal y gastos no declarados
Si el despilfarro en comedores y bares de lujo no fuera ya suficientemente indignante, la opacidad fiscal en la que se mueven muchos políticos agrega una capa más de desconfianza e impotencia entre la población.

Es bien conocido que muchos políticos de alto rango tienen familiares y amigos que se benefician de privilegios fiscales. Primas millonarias que no se declaran en Hacienda, subvenciones opacas y contratos públicos a familiares son solo algunas de las prácticas que arrastran el nombre de la clase política por el barro.

Pero lo que realmente pone en evidencia el cinismo de nuestros políticos es el escándalo de los gastos no declarados. Numerosos diputados en el Congreso han sido acusados de cobrar grandes sumas por gastos ficticios o no justificados, aprovechándose de un sistema que les permite esquivar el control fiscal. Estos cobros, que en muchos casos no se declaran a Hacienda, permiten que muchos de ellos sigan acumulando riquezas a costa del dinero público, sin rendir cuentas.

Mientras los ciudadanos sufren por una fiscalidad regresiva y por unos servicios públicos cada vez más recortados, muchos de estos políticos se siguen beneficiando de gastos no justificados que nunca llegan a ser verificados. En algunos casos, se ha demostrado que familiares cercanos de diputados y ministros han sido contratados o han recibido subvenciones públicas que el resto de los ciudadanos jamás verán.

Gastos injustificables y absurdos de los ministerios: un insulto al sentido común
El festín del BOE no es un caso aislado en el Gobierno. Los ministerios y organismos públicos están plagados de gastos injustificables que siguen siendo financiados con el dinero de todos los contribuyentes.

Un claro ejemplo es el Ministerio de Cultura, que en los últimos años ha destinado millones de euros a eventos y festivales de dudosa rentabilidad, mientras las familias españolas siguen sin acceso a recursos básicos. Subvenciones a festivales de arte y cine que nadie ve, o la compra de cuadros de artistas poco conocidos a precios desorbitados, son solo la punta de un iceberg de gastos innecesarios que podrían haber sido destinados a sanidad o educación.

Incluso en el Ministerio de Igualdad, se han financiado proyectos de dudosa efectividad con una alta carga administrativa y costos desmesurados, que podrían haber sido utilizados de manera más eficiente en programas de apoyo a mujeres maltratadas o ayudas directas a víctimas de violencia de género.

Un país que no cambia: el cinismo como forma de gobierno
Este es el escenario que enfrentamos: un Gobierno que se mantiene aislado de la realidad mientras los ciudadanos tienen que elegir entre comer o pagar la luz. Este despilfarro de recursos públicos es una manifestación de un sistema donde la desigualdad y la corrupción se perpetúan, y donde los más desfavorecidos se ven obligados a pagar por un sistema que no les favorece.

La clase política no solo disfruta de privilegios escandalosos, sino que también se rodea de un manto de impunidad que les permite seguir burlando las reglas mientras el pueblo sigue pagando los platos rotos. La pregunta es clara: ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nuestros impuestos se utilicen para satisfacer los caprichos de unos pocos?

El festín del BOE que utiliza este gobierno, es solo un síntoma más de un país que ha dejado de ser democrático para convertirse en una máquina de privilegios para unos pocos, mientras el resto de la población sigue luchando por sobrevivir. La indignación que esta situación provoca debe transformarse en una respuesta clara y contundente: basta de despilfarro, basta de opacidad, basta de privilegios.

Millones al extranjero y a asociaciones absurdas mientras los españoles no llegan a fin de mes

No solo el Gobierno despilfarra millones de euros en manjares para políticos, bares subvencionados y privilegios fiscales ocultos. También dedica enormes cantidades de dinero público a subvencionar organizaciones extranjeras o proyectos ridículos, mientras millones de españoles pierden poder adquisitivo, enfrentan subidas de hipotecas, precariedad laboral, y una sanidad colapsada.

Mientras el ciudadano medio no puede pagar la cesta de la compra ni la luz, el Gobierno entrega subvenciones absurdas que solo sirven para comprar apoyos ideológicos y alimentar redes clientelares.

Estos son algunos ejemplos reales de cómo se regala el dinero de los españoles:

Subvenciones disparatadas a asociaciones extranjeras
6 millones de euros a proyectos de “apoyo cultural y artístico” en países del Sahel africano, zonas donde el dinero termina, muchas veces, en manos de organizaciones opacas o gobiernos corruptos.

2 millones de euros para financiar “acciones de género y empoderamiento LGTB+” en países de Centroamérica, donde ni siquiera existen estructuras de control para saber si el dinero cumple su supuesto objetivo.

Más de 500.000 euros para la “protección del jaguar” en Belice y Guatemala, mientras en España no se invierte lo suficiente en proteger especies en peligro de extinción en la Sierra de Guadarrama o en el Delta del Ebro.
300.000 euros para fomentar el “turismo sostenible y la resiliencia climática” en Túnez mientras aquí nuestros parques nacionales siguen con presupuestos congelados.

800.000 euros en “programas de formación en liderazgo político femenino” en el Congo y Níger, a pesar de que en España las becas universitarias siguen recortándose y los estudiantes deben endeudarse para poder estudiar.
Asociaciones internas que reciben dinero sin ningún control

Más de 2 millones de euros anuales para asociaciones que promueven la “diversidad afectivo-sexual en la tercera edad”, aunque los ancianos españoles tengan pensiones miserables y listas de espera médicas interminables.
Subvenciones millonarias para colectivos de "economía alternativa y solidaria", muchos de los cuales no rinden cuentas y funcionan como chiringuitos políticos.

Más de 1,5 millones para "observatorios de la igualdad de género" que duplican funciones y cuyos informes no tienen ninguna aplicación real.

Financiación pública de eventos ideológicos (ferias, talleres, seminarios) en los que apenas participa nadie, pero que cuestan cientos de miles de euros en alquileres de salas, catering, viajes y alojamientos de "expertos".
¿Y mientras tanto, qué pasa en España?

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Mientras se subvencionan estas causas exóticas y absurdas, en España:

Cientos de miles de familias no pueden poner calefacción en invierno.
Millones de trabajadores ven cómo sus sueldos no suben lo suficiente, pese a la inflación.
Los jóvenes no pueden emanciparse por los precios abusivos de la vivienda.
Los pensionistas tienen que elegir entre comer o comprar medicinas.
Las listas de espera sanitarias superan los 6 meses en muchas comunidades.

Un Gobierno más preocupado en quedar bien fuera que en cuidar a su gente
En resumen: el Gobierno prefiere regalar millones al exterior o a asociaciones ideológicas que resolver los problemas reales que sufrimos los españoles. No hay justificación alguna para seguir derrochando dinero mientras la clase media y trabajadora se hunde.

Subvenciones a la República Dominicana: el escándalo silenciado
Particularmente sangrante es el caso de las subvenciones millonarias enviadas a República Dominicana, un país donde las tramas de corrupción ligadas al PSOE están perfectamente instaladas.

Más de 3 millones de euros han sido destinados en los últimos años a “proyectos de cooperación al desarrollo” en República Dominicana.

Buena parte de este dinero ha terminado en ONGs controladas por personas cercanas a círculos del PSOE, algunas de ellas investigadas en su día por desvío de fondos y corrupción.

Este país ha sido usado históricamente como plataforma de operaciones para entramados clientelares que facilitan el desvío de subvenciones, en algunos casos con vínculos a figuras políticas relevantes en España.

Mientras tanto, millones de españoles en situación de pobreza energética o alimentaria no reciben ni un euro de ayuda directa.

España necesita un cambio de prioridades: menos subvenciones absurdas y más inversión real en el bienestar de los ciudadanos.

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