El acuerdo de la coalición PP-PSOE en Castilla-La Mancha para reformar el Estatuto de Autonomía: ensayo para una coalición nacional

Este incremento de gasto político, disfrazado de modernización institucional, es parte del encubrimiento PP-PSOE para blindar su dominio electoral, aumentar la casta política y preparar un Estado federal encubierto

Politica30 de mayo de 2025Impacto España NoticiasImpacto España Noticias
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Emiliano García-Page

El acuerdo PP-PSOE da un paso decisivo en Castilla-La Mancha con un acuerdo que sienta las bases de una coalición nacional, ya consolidada en Bruselas. La reforma del Estatuto de Autonomía, el aumento de diputados y la creación de una Hacienda autonómica revelan el verdadero interés de PP y PSOE: afianzar su poder, aumentar el gasto político y abrir la vía al federalismo.

Castilla-La Mancha, laboratorio de un proyecto nacional
El presidente socialista Emiliano García-Page ha presentado con entusiasmo el pacto con el PP para reformar el estatuto de autonomía, afirmando que «es un ejemplo de poder pactar». En su discurso, reconoció que este acuerdo podría ser «el único elemento de consenso entre PSOE y PP en España». Es, según él, un «día trascendente» que consolida el proceso autonómico.

Este acuerdo, avalado por Génova, sirve de prueba piloto para consolidar la coalición PP-PSOE a nivel nacional. La reforma incluye el aumento del número de diputados regionales y una nueva Agencia Tributaria con personalidad jurídica independiente. En definitiva, un modelo inspirado en el sistema catalán, que pone en riesgo la unidad fiscal y la soberanía.

El acuerdo PP-PSOE pretende camuflar esta maniobra como un ejemplo de consenso, pero lo que oculta es una clara intención de consolidar una red clientelar y ampliar el control político.

Aumento de gasto y privilegios
El acuerdo supone un gasto adicional superior a los 12 millones de euros por legislatura. El gasto político anual subirá de 4 a 7 millones. Un derroche inaceptable en plena crisis económica y sin ningún tipo de demanda ciudadana.

Este incremento de gasto político, disfrazado de modernización institucional, es parte del encubrimiento PP-PSOE para blindar su dominio electoral, aumentar la casta política y preparar un Estado federal encubierto, en contra de la unidad nacional.

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Una Hacienda autonómica al estilo catalán
La nueva Agencia Tributaria autonómica en Castilla-La Mancha tendrá capacidad de recaudación e inspección, similar al modelo catalán. Esta medida, que se ha ocultado deliberadamente en el debate mediático, constituye un paso más hacia el federalismo fiscal.

El acuerdo PP-PSOE promueve una estructura paralela de Hacienda que debilita el principio de caja única, uno de los pilares de la unidad económica nacional. En lugar de reforzar la colaboración institucional, se apuesta por la fragmentación y el control territorial del dinero público.

Consolidación del régimen bipartidista y deterioro democrático
El pacto entre PP y PSOE demuestra la consolidación de un régimen bipartidista que actúa al margen del verdadero interés ciudadano. Mientras aparentan oponerse en campaña, colaboran en la sombra para mantenerse en el poder. La democracia pierde fuerza cuando los grandes partidos negocian entre sí reformas estructurales sin consulta popular ni respaldo social.

El acuerdo PP-PSOE no sólo aumenta el gasto político, también limita la pluralidad y asfixia cualquier alternativa política real. Estamos ante un deterioro evidente del sistema representativo, donde las decisiones clave se toman en despachos cerrados, de espaldas al ciudadano.

El pacto de Castilla-La Mancha es solo un ejemplo de la dirección en la que avanzan: más poder para los partidos, menos participación ciudadana. Así, el bipartidismo no solo sobrevive, sino que se fortalece mediante pactos que buscan perpetuarse y blindarse frente a cualquier disidencia.

El acuerdo PP-PSOE amenaza la soberanía
El pacto PP-PSOE en Castilla-La Mancha no es un gesto de consenso, sino una maniobra calculada para afianzar la coalición PP-PSOE a nivel nacional y su proyecto federal. Aumentan el gasto, consolidan su control electoral y promueven estructuras autonómicas que abren la puerta a una ruptura encubierta.

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