El PSOE paga a sus fontaneros a través de contrataciones publicas y de Fundaciones afines

En los últimos años, una práctica discreta pero sistemática ha permitido al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) recolocar a militantes y antiguos altos cargos en empresas públicas, privadas y fundaciones, sin que exista formalmente una relación laboral directa.

Se trata de contratos de colaboración, de asistencia, como autónomos o "por fuera", que sortearían tanto los conflictos de interés como la supervisión de incompatibilidades, y evitarían el escrutinio público al no dejar rastro en las contrataciones oficiales del partido.

Una de las piezas clave en este entramado es Leire Díez de Castro, militante del PSOE en Cantabria, conocida por su vinculación con la sede de Ferraz y con altos cargos del Ejecutivo. Aunque ella afirma encontrarse inmersa en un proyecto periodístico centrado en temas de hidrocarburos, ha sido vista entrando y saliendo con regularidad de la sede del partido, pese a que oficialmente no mantiene ninguna relación laboral con él.

Díez ha trabajado en dos empresas públicas: Enusa, dedicada al enriquecimiento de uranio, donde ocupó la Dirección de Comunicación entre 2018 y 2021, y Correos, donde en 2022 fue nombrada directora de Filatelia y Relaciones Institucionales. Su ascenso en esta última se atribuye a su cercanía con Juan Manuel Serrano, presidente de la compañía y antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez e intimo amigo. Su etapa en Correos finalizó en 2024, cuando Pedro Saura prescindió de sus servicios. Durante su estancia, llegó a ejercer como apoderada, con potestad para validar votos por correo.

Más allá de su actividad institucional, Díez ha sido señalada por participar en una trama destinada a desacreditar a jueces y fiscales vinculados a casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez. Según diversas fuentes, habría operado en nombre del Ejecutivo, y colaborado desde 2019 con el empresario Javier Pérez Dolset, quien sostiene estar investigando casos de corrupción desde su detención en 2017, recordar que Dolset esta imputado por fraude de mas de cien millones de euros a la Hacienda Publica.

Contratos indirectos, empresas satélite y fundaciones
El uso de contratos mercantiles o colaboraciones externas como herramienta para evitar las incompatibilidades ha facilitado la integración de antiguos altos cargos en empresas con vínculos políticos o contratos públicos.

Uno de los casos más ilustrativos es el de Vicente Rodríguez Guerrero, expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), imputado por el caso Aznalcóllar, que investiga la adjudicación de una mina al grupo Magtel durante su etapa como secretario general de Industria en Andalucía. A pesar de su imputación, Rodríguez Guerrero fue autorizado el 19 de mayo de 2021 por la Oficina de Conflictos de Intereses para ser contratado por Servinabar 2000 SL, administrada por Joseba Antxon Alonso Egurrola, empresario vinculado a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE.

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Servinabar 2000 SL, una empresa con menos de diez empleados declarados en 2021 y actualmente inactiva según registros mercantiles, fue adjudicataria en diciembre de 2023 de una obra pública por valor de 62,8 millones de euros: el desdoblamiento de los túneles de Belate (Navarra), junto a Acciona y Excavaciones Fermín Osés.

Además, Alonso Egurrola también ha mostrado interés en la Mina Muga, adjudicada a Geoalcali Highfield Resources, con capital australiano y participación china. En abril de 2024, Acciona obtuvo la obra civil del proyecto por 56,9 millones de euros. La presidenta de Navarra, María Chivite, reconoció en mayo de 2024 que se reunió en varias ocasiones con Egurrola entre 2020 y 2021 para tratar asuntos relacionados con obras públicas y la citada mina.

Díaz Bidart y la sombra de la mujer del presidente
Otro caso relevante es el de Juan Ignacio Díaz Bidart, exconcejal del PSOE en Torrelodones, amigo de juventud de Pedro Sánchez y uno de los principales impulsores de la carrera pública de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Entre 2018 y 2023, fue jefe de gabinete de Reyes Maroto en el Ministerio de Industria.

Se le atribuye el papel de facilitador en contratos adjudicados a Carlos Barrabés, empresario afín a la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense. Entre 2019 y 2021, Enisa, empresa pública dependiente de Industria, firmó contratos con Barrabés por al menos 200.000 euros. Begoña Gómez inauguró varias de esas jornadas como "experta en innovación social y sostenibilidad".

Tras dejar el Ministerio, Urbas, empresa promotora de Construcciones Murias, fichó a Díaz Bidart como asesor para relanzar su negocio internacional. Aunque él mismo publicó su incorporación en redes en junio de 2024, posteriormente eliminó la información y la empresa lo desmintió. No obstante, semanas después, se confirmó que su vínculo se establecía en calidad de "colaborador".

David Cierco: Red.es, fundaciones fantasma y Atrevia
El exdirector general de Red.es, David Cierco, también figura en esta red de recolocaciones. Fue director general hasta mayo de 2021, momento en el que pasó a la Fundación Alianza Digital 2030, ligada a la empresa de comunicación Atrevia y posteriormente inactiva, permitiendo así evitar conflictos de interés.

Un año más tarde, se incorporó oficialmente a Atrevia, coincidiendo con una nueva participación de Begoña Gómez en el Congreso CEAPI, evento presidido por Núria Vilanova, directora de Atrevia.

Durante su etapa en Red.es, Cierco firmó tres contratos clave a favor de la UTE formada por Innova Next y la empresa de Carlos Barrabés, beneficiarios del programa Acelera Pyme, que generó ingresos por 10,6 millones de euros. Dos cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez sustentaban la candidatura del grupo. Las fechas de adjudicación de los contratos fueron el 18 de marzo, 30 de julio y 2 de agosto de 2021.

Cierco, además, fue concejal del PSOE en Pozuelo de Alarcón entre 2011 y 2014, lugar de residencia de Pedro Sánchez y Begoña Gómez.

Red Eléctrica, apagones y compensaciones políticas
En mayo de 2024, Arancha González Laya, exministra de Asuntos Exteriores, fue nombrada consejera dominical de Red Eléctrica, empresa presidida por Beatriz Corredor, también exministra socialista. Su designación tuvo lugar horas antes del apagón que afectó a todo el país, lo que puso foco en la falta de experiencia de la dirección y en las posibles motivaciones políticas detrás del nombramiento.

González Laya había abandonado el Gobierno tras la crisis diplomática con Marruecos desatada por la acogida de Brahim Gali, líder del Frente Polisario. Su nueva posición se interpreta como una forma de compensación política por su salida forzada del Ejecutivo.

 La utilización de fórmulas contractuales atípicas, empresas satélite, fundaciones inactivas y colaboraciones sin relación laboral aparente permite al PSOE mantener vínculos funcionales con militantes y ex altos cargos, blindar lealtades, evitar barreras legales y sortear el control público.

Lejos de responder a criterios de eficiencia o mérito, esta operativa se percibe como una forma de retribución encubierta, sostenida con recursos públicos o parapetada tras el velo de la "colaboración externa". Una estructura flexible y opaca que, en algunos casos, roza el conflicto de interés y alimenta la percepción de una red clientelar al servicio del poder.

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El coste oculto: más de 110.000 millones de euros en corrupción
A lo largo de los distintos mandatos de Pedro Sánchez, los casos de corrupción, clientelismo y uso partidista de estructuras públicas no sólo han deteriorado la credibilidad institucional, sino que han supuesto un gravísimo coste económico para los ciudadanos. Diversas estimaciones realizadas por analistas económicos y organismos independientes cifran en más de 110.000 millones de euros el impacto acumulado que ha tenido la corrupción asociada al entorno del Gobierno socialista.

Esta cifra incluye sobrecostes en adjudicaciones públicas, contratos otorgados sin concurrencia competitiva, subvenciones opacas, gastos en fundaciones inactivas, campañas de propaganda institucional con fines partidistas, así como el desvío sistemático de recursos públicos para beneficiar a entornos afines a través de empresas pantalla y contrataciones sin relación laboral directa.

Aunque los mecanismos son diversos y difícilmente trazables en muchos casos, el patrón es el mismo: una red de intereses políticos, empresariales y personales que opera al margen de la transparencia y el control público, erosionando la calidad democrática y generando un impacto multimillonario sobre las arcas del Estado.

Frente a este panorama, surgen preguntas cada vez más incómodas: ¿cuántos recursos se han desviado que podrían haberse destinado a sanidad, educación o vivienda? ¿Hasta cuándo puede sostenerse una arquitectura institucional que permite, bajo la apariencia de legalidad, lo que muchos califican ya de corrupción estructural?

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