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Santos Cerdán ha reconocido ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que negoció la ley de amnistía con Junts per Catalunya porque "era el partido esencial para conseguir la investidura de Pedro Sánchez", informan fuentes jurídicas. El ex secretario de Organización del PSOE desmonta así el argumentario del presidente del Gobierno, que siempre trató de justificar esta medida por el "interés general".
Cerdán ha declarado durante más de una hora como imputado y ha tratado de presentarse como una víctima de "persecución política". Según ha afirmado, él se encargó de pactar la amnistía con el partido de Carles Puigdemont en Bruselas a cambio de la investidura, mientras que el actual ministro de Justicia, Félix Bolaños, "siempre fue el negociador" de esta ley con ERC y "por eso va a ser el siguiente objetivo".
Cerdán solo ha respondido a las preguntas de su abogado, Benet Salellas, que participó en el juicio del procés como defensor del expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart y que también fue diputado da la CUP en el Parlament de Cataluña. Durante el interrogatorio, el ex secretario de Organización del PSOE se ha presentado como "el arquitecto que ha conseguido los gobiernos progresistas en España" y ha apuntado de forma directa a la moción de censura contra Mariano Rajoy.
El ex número tres del PSOE ha insistido en que fue él quien negoció con el PNV para garantizar la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa y ha apuntado para ello a la intervención de Antxon Alonso. Este es el empresario al que, según refleja una escritura privada incautada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el socialista compró un 45% de las participaciones de Servinabar, la empresa a la que se le atribuyeron contratos millonarios desde el Gobierno socialista de Navarra. El documento recoge que Cerdán pagó a cambio de estas acciones 6.000 euros en 2016.
El ex secretario de Organización ha tratado de negar dicho pago y ha dicho que solo firmó el documento porque era un momento en el que estaba planteándose "abandonar la política". Pese a ello, ha reconocido su "relación de amistad" con Alonso e incluso ha revelado que este jugó un papel determinante en las mencionadas negociaciones. "Fue la puerta para hablar con Bildu y PNV", ha asegurado.
Esta amistad llegó a tal punto que también ha dicho que compartió piso con él en Madrid. "Era de una habitación y en el salón montamos una cama", ha dicho. "Pagábamos juntos".
Sus explicaciones no han convencido a la Fiscalía Anticorrupción, que ha solicitado su ingreso en prisión al apreciar riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. El magistrado Leopoldo Puente ha atendido su petición y le ha enviado a la cárcel por los delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
"El botín indiciariamente obtenido por, o comprometido para, los Sres. Ábalos y García (en el entorno de un millón de euros) representa un porcentaje insólitamente mínimo en el marco de esta clase de operaciones delictivas", sostiene el magistrado.
"En efecto, si el importe del premio económico por la indebida adjudicación de las obras hubiera constituido, por hipótesis, un 1% del valor de las adjudicaciones —porcentaje aún muy contenido en términos comparativos con otras operaciones semejantes (no infrecuentes, por desgracia, en procedimientos judiciales de parecida naturaleza)— dicho premio equivaldría a una cantidad superior a los cinco millones de euros".
La defensa de Cerdán considera por su parte que el ingreso en prisión del socialista solo puede perseguir dos objetivos: una confesión al estilo del empresario Víctor de Aldama o aumentar la presión sobre el Gobierno. Según han afirmado, el primer escenario está totalmente descartado porque "no tiene nada que contar", pero ahora queda por ver si Ábalos y Koldo mantienen esa misma postura.
Ambos comparecieron ante el juez el pasado 23 de junio y las acusaciones populares, lideradas por el PP, también solicitaron su ingreso en prisión provisional, pero el magistrado rechazó esta petición y mantuvo las medidas cautelares ya acordadas contra ellos: prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y comparecencia periódica en sede judicial.
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