Militantes de Majadahonda alertaron durante años sobre afiliaciones irregulares que influyeron en procesos internos clave del PSOE. Ni Pedro Sánchez ni José Luis Ábalos respondieron a las advertencias
Corrupción10 de julio de 2025
Impacto España Noticias
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) afronta un nuevo foco de controversia interna tras la reciente designación de Borja Cabezón como adjunto a la Secretaría de Organización en materia de Transparencia y Acción Democrática.
Su nombramiento se produce en medio de tensiones por la salida de Santos Cerdán, actualmente en prisión preventiva por su presunta implicación en la trama Koldo. Pero el historial de Cabezón dentro del partido ya acumulaba episodios conflictivos, algunos de los cuales nunca fueron aclarados y hoy regresan con fuerza.
Uno de los más significativos se remonta a abril de 2017, cuando militantes de la agrupación socialista de Majadahonda (Madrid) elevaron una denuncia formal ante los órganos federales del partido por supuestas irregularidades en el censo de afiliados. El foco de la acusación estaba en la inscripción de once nuevos militantes, en vísperas de las primarias que enfrentaban a Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López por la secretaría general del PSOE.
Según los denunciantes, estas incorporaciones se realizaron de forma exprés, con la intención de alterar el equilibrio de votos en favor de una candidatura concreta. De hecho, los once afiliados figuraban como residentes en Majadahonda, aunque en realidad estaban domiciliados en Las Rozas, municipio vecino. Esa manipulación, advertían, constituía un traslado fraudulento de afiliados de una agrupación local a otra, contraviniendo las normas del propio partido.
Un silencio prolongado desde Ferraz
El 25 de abril de 2017, representantes de la ejecutiva local de Majadahonda presentaron un recurso formal ante el departamento federal de censos del PSOE. El escrito solicitaba que se anulara la inscripción de los once nuevos militantes por considerarla irregular, e incluía evidencias de que los afectados no residían en el municipio al que fueron asignados.
Pese a la gravedad de la denuncia, ni Pedro Sánchez, entonces aspirante a recuperar la secretaría general, ni el núcleo de la dirección provisional del partido tomaron medidas al respecto. La denuncia quedó sin respuesta durante meses. Solo tras la insistencia de la agrupación madrileña, se envió una segunda reclamación en noviembre de ese mismo año, esta vez dirigida al Comité Federal de Garantías del PSOE.
La respuesta no llegó hasta cuatro meses después. El Comité desestimó la alegación con un argumento técnico: dado que la diferencia de votos en las elecciones internas locales superaba el número de afiliados impugnados, su influencia en el resultado era considerada “irrelevante”. Sin embargo, el enfoque numérico no abordó el fondo del asunto: la posible vulneración de normas internas y la integridad de los procesos democráticos en el partido.
Un asunto con implicaciones más allá de lo local
Aunque el conflicto se originó en una agrupación municipal, sus ramificaciones alcanzaron el plano federal. La participación de Borja Cabezón en la inscripción de los once afiliados fue señalada de forma directa por los militantes de Majadahonda, quienes aseguraban que el entonces miembro de la gestora socialista —designada tras la dimisión forzada de Pedro Sánchez en 2016— había favorecido la incorporación de militantes afines a Susana Díaz para inclinar el resultado de las primarias.
El resultado en Majadahonda en aquel proceso fue estrechísimo: Susana Díaz se impuso a Pedro Sánchez por un solo voto. La agrupación local interpretó ese resultado como una prueba de que los once afiliados irregulares sí habían tenido un efecto decisivo. Sin embargo, el Comité de Garantías mantuvo su postura de irrelevancia numérica.
Las tensiones internas continuaron en los meses siguientes. En mayo de 2018, José Luis Ábalos, ya entonces secretario de Organización del PSOE, recibió un burofax contundente en el que se denunciaba una supuesta “corrupción política” gestada desde su propia Secretaría. El documento acusaba a determinados cuadros del partido de manejar el censo electoral con criterios políticos y arbitrarios, favoreciendo a dirigentes afines a costa de las normas internas.
Acusaciones de “prácticas mafiosas”
El lenguaje empleado por los denunciantes no dejaba margen para interpretaciones suaves. El escrito advertía sobre la persistencia de una “práctica mafiosa” en el funcionamiento interno del PSOE, una expresión que dirigía los focos sobre Borja Cabezón y su entorno político. En el mismo documento se alertaba sobre la intención de lanzar una campaña interna de difusión para exponer los hechos a toda la militancia si no se tomaban medidas correctivas.
Los responsables de la agrupación de Majadahonda llegaron incluso a contratar a un detective privado, que elaboró un informe con pruebas documentales sobre la falsedad de los domicilios declarados por los once afiliados incorporados. Dicho informe sirvió posteriormente de base para una denuncia judicial presentada en Madrid a finales de 2018.
El procedimiento judicial —cuya evolución ha permanecido fuera del foco público— fue impulsado por uno de los firmantes de las reclamaciones internas, y se centraba en la posible falsedad documental y el incumplimiento de los reglamentos internos de partido. La denuncia aún podría reactivarse a la luz de los recientes movimientos en la cúpula socialista.
El regreso de Cabezón y el malestar latente
El reciente nombramiento de Borja Cabezón como figura destacada en la Secretaría de Organización del PSOE, a cargo ahora de la regeneración interna y los mecanismos de transparencia, ha reabierto viejas heridas entre sectores críticos del partido.
Para algunos militantes de base, la incorporación de una figura vinculada a episodios opacos representa una contradicción flagrante con el discurso de limpieza y ética pública que el PSOE ha intentado sostener tras los escándalos que salpican a varias figuras del entorno socialista.
Mientras tanto, Pedro Sánchez mantiene un silencio absoluto sobre los hechos denunciados en 2017 y 2018. Ni entonces ni ahora ha hecho pública ninguna valoración o respuesta sobre las alegaciones presentadas por los militantes de Majadahonda, pese a que estas afectaban directamente a la legitimidad del proceso que lo devolvió a la secretaría general del partido.
¿Hacia una regeneración real?
Los hechos expuestos ofrecen una visión poco conocida de las tensiones internas que han atravesado al PSOE en los últimos años. La denuncia de afiliaciones fraudulentas, el uso político del censo interno, la falta de respuesta por parte de los órganos de dirección y la reincorporación de figuras cuestionadas plantean interrogantes sobre el compromiso real del partido con la transparencia y la democracia interna.
En un momento político marcado por escándalos como el de la trama Koldo y los esfuerzos del Gobierno por proyectar una imagen de integridad institucional, estas viejas denuncias, nunca resueltas del todo, vuelven a cobrar relevancia. Para muchos en el seno del partido, la regeneración no puede venir de la mano de quienes, en el pasado, fueron parte del problema.
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