La Diputación de Valencia ha instado recientemente a la funcionaria a presentar los documentos que acrediten su nivel académico, pero a día de hoy, y pese a la trascendencia del requerimiento, la documentación aún no ha sido entregada
Corrupción06 de agosto de 2025
Impacto España Noticias
La situación de Carmen Ninet, subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM), se complica tras revelarse que no consta en su expediente ninguna titulación universitaria, un requisito indispensable para desempeñar el puesto que ocupa desde hace más de nueve años.
La Diputación de Valencia ha instado recientemente a la funcionaria a presentar los documentos que acrediten su nivel académico, pero a día de hoy, y pese a la trascendencia del requerimiento, la documentación aún no ha sido entregada.
Un puesto que exige formación universitaria
La plaza de subdirectora del MuVIM está encuadrada en la categoría A1 del funcionariado, grupo reservado a personas que cuenten con una titulación universitaria de grado o equivalente. Sin embargo, en el expediente de Carmen Ninet sólo consta la educación básica obligatoria. Esta circunstancia, de por sí relevante, se agrava porque, según fuentes internas de la Diputación, ni siquiera figura constancia de estudios medios ni superiores, algo totalmente incompatible con los requisitos mínimos para ejercer un cargo de este nivel técnico.
Pese a ello, Ninet ha permanecido en el cargo desde marzo de 2016, tras reincorporarse a la Diputación apenas un año antes, en marzo de 2015. Su acceso a este puesto se produjo semanas después de que se aprobaran una serie de cambios en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la institución provincial, con el respaldo del grupo socialista en el pleno. Una de las modificaciones afectó precisamente a la estructura del museo, permitiendo la creación o redefinición de plazas directivas como la que hoy ocupa Ninet.
Requerimiento formal ignorado durante dos días
El pasado miércoles 31 de julio, la Diputación remitió a Ninet un correo electrónico oficial requiriéndole que acreditara de forma urgente su titulación universitaria. Este paso se enmarca en el protocolo de revisión documental activado tras detectarse irregularidades en varios expedientes de personal de la institución.
Lo que ha causado aún más sorpresa en el entorno político y administrativo es que la funcionaria no abrió el correo hasta dos días después, concretamente el viernes 2 de agosto, según confirman fuentes de la institución provincial. Este retraso, aunque legalmente puede no tener consecuencias inmediatas, ha sido interpretado por algunos sectores como una falta de diligencia ante una situación de máxima gravedad para su continuidad profesional.
Desde el área de Personal de la Diputación se sostiene que, en casos como este, los plazos para cumplir con requerimientos administrativos comienzan a contar a partir de la apertura del correo, no desde su envío. Por lo tanto, el plazo de respuesta se extendería hasta la medianoche del viernes 9 de agosto.
Un curso no universitario como único respaldo
En declaraciones previas, la funcionaria ha alegado haber realizado un curso de un año de duración en el Instituto Superior de Empresa (IESE), en su sede de El Saler (Valencia). No obstante, este programa formativo —de reconocido prestigio en el ámbito empresarial— no puede ser homologado como una titulación universitaria ni habilita por sí solo el acceso a la categoría A1 dentro del empleo público.
De hecho, dicho curso no aparece registrado en su expediente administrativo en la Diputación, lo que complica aún más su situación. La legislación vigente establece con claridad que el acceso a los puestos del Grupo A1 en la administración pública exige contar con un título oficial de grado universitario, licenciatura o equivalente, condición que, según la documentación disponible, Ninet no cumple.
Posible destitución en el horizonte
Si llegada la fecha límite del viernes 9 de agosto Ninet no ha presentado los documentos requeridos, la Diputación activará el procedimiento para su destitución del cargo que ocupa actualmente en el MuVIM. Fuentes cercanas al caso confirman que ya se han iniciado las consultas jurídicas pertinentes para asegurar que el proceso se lleve a cabo conforme a la normativa vigente, garantizando los derechos de la funcionaria pero también el cumplimiento de los requisitos legales del puesto.
Esta posible destitución marcaría el fin de una larga trayectoria institucional. Carmen Ninet fue una figura destacada del socialismo valenciano hasta 2015, año en que abandonó la primera línea política tras haber sido portavoz adjunta del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas. A finales de febrero de ese mismo año solicitó su reingreso a la Diputación de Valencia, donde ha permanecido desde entonces.
Antecedentes familiares y contexto institucional
Este caso se produce en un contexto especialmente sensible para la Diputación de Valencia y para el ecosistema político valenciano. En fechas recientes, la Agencia Valenciana Antifraude ya había detectado irregularidades en otros procesos de acceso a la función pública, entre ellos el de la pareja de Ninet, un ex alto cargo vinculado a la gestión de emergencias que habría falsificado su formación académica para consolidar una plaza en la administración.
La suma de estos casos ha reavivado el debate sobre el control de los nombramientos en la administración pública y la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia, especialmente en los procesos de selección interna y en la validación de méritos académicos.
El caso de Carmen Ninet no es sólo un asunto individual, sino que plantea una cuestión de fondo sobre el rigor y la transparencia en el acceso a cargos públicos. A pocos días de que venza el plazo otorgado para acreditar su formación, la subdirectora del MuVIM se enfrenta a una posible destitución que podría sentar un precedente dentro de la administración valenciana.
La evolución de este expediente será seguida con atención tanto desde los despachos institucionales como por la opinión pública, en un momento en el que la credibilidad de las instituciones se ve sometida a un creciente escrutinio ciudadano.
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