Impacto España NoticiasÁlvaro García Ortiz
Álvaro García Ortiz, ante los magistrados que el van a juzgar ha justificado su presencia argumentando que «si estoy aquí como Fiscal General del Estado, es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman».
Ante el Rey Felipe VI y durante su intervención en la apertura del año judicial 2025, celebrada en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, el imputado García Ortiz ha empezado reconociendo las «singulares circunstancias» de su situación procesal pero ha reivindicado su confianza en las instituciones.
«Soy plenamente consciente de las singulares circunstancias de mi intervención como consecuencia de mi situación procesal», ha declarado García Ortiz en una sala donde ha sido recibido con rostros serios y un pequeño grupo de manifestantes en la calle.
Durante su discurso, García Ortiz ha realizado un «humilde llamamiento para reclamar el máximo respeto a la función de la Fiscalía española». El fiscal ha defendido el Ministerio Fiscal como «la institución fuerte que es», describiendo una organización «sólida, confiable, que vertebra un país y que garantiza el cumplimiento de la Ley».
«Lejos de ser una caricatura sumisa al poder establecido que algunos intentan proyectar, la Fiscalía española es la mejor salvaguarda para la ciudadanía», ha indicado el fiscal general.
Las cifras presentadas por García Ortiz han revelado un sistema judicial al límite de su capacidad. En 2024 se han incoado 1.687.743 procedimientos de diligencias previas, lo que supone un crecimiento del 1,4% respecto al año anterior. Esta cifra demuestra el ingente volumen de trabajo que ha soportado la justicia española durante el pasado ejercicio.
Los delitos contra la vida y contra la integridad han constituido el 32% del total de diligencias. Los delitos contra el patrimonio se han mantenido en el 21%. Los juicios rápidos han experimentado un notable protagonismo, con 245.851 diligencias urgentes incoadas, un incremento del 2,6% respecto a 2023.
La eficacia del sistema se ha reflejado en que el Ministerio Fiscal ha formulado acusación en el 65,4% de los asuntos incoados. Se ha alcanzado conformidad ante los juzgados de instrucción en el 74,6% de los procedimientos, una cifra que evidencia la agilidad del sistema en determinados casos.
Los señalamientos de juicios a los que ha asistido el Ministerio Fiscal han llegado a 365.418, número superior a los 316.418 de 2023. Sin embargo, el porcentaje de suspensiones de juicios se mantiene en niveles preocupantes, alcanzando el 36,8% en los juzgados de lo penal.
García Ortiz ha subrayado «el efecto negativo del elevado índice de suspensiones», que «genera una elevada y justificada insatisfacción a la ciudadanía». Estas dilaciones, según el fiscal, «perturban la organización de las fiscalías» y debilitan la respuesta penal frente al delito.
En una intervención marcada por la paradoja de su situación personal, García Ortiz ha dedicado especial atención a la lucha contra la corrupción. El fiscal ha destacado «la estrecha relación» entre corrupción y delincuencia organizada, fenómenos que «se retroalimentan mutuamente».
«La corrupción facilita que grupos criminales se infiltren y actúen en diversos sectores», ha declarado García Ortiz. Según su análisis, «la delincuencia organizada utiliza la corrupción para alcanzar sus objetivos y mantener su impunidad», lo que conlleva «un grave deterioro de la relación entre la ciudadanía, el ordenamiento jurídico y las instituciones públicas».
El fiscal general ha mencionado la creación de dos nuevas unidades especializadas dentro del Plan de Regeneración Democrática, aprobado por el Gobierno en septiembre de 2024. Esta medida busca «fortalecer la respuesta» institucional ante estos fenómenos criminales.
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha sido calificada por García Ortiz como «modelo y referente para otras fiscalías similares en los países de nuestro entorno». Esta valoración adquiere especial relevancia dado el contexto personal del propio fiscal.
En cuanto a las sentencias absolutorias, García Ortiz ha defendido que «nunca pueden interpretarse como un dato discordante». Según su criterio, estas resoluciones «significan que el sistema funciona y que el proceso es garante de los derechos de la ciudadanía».
García Ortiz fue nombrado fiscal general del Estado en julio de 2022, convirtiéndose en el primer fiscal imputado de la democracia. Su imputación se relaciona con la presunta revelación de secretos en el caso que afecta al novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
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