Una resolución del Procurador del Común de Castilla y León ha sacado a la luz la actuación de una profesora de instituto que, a través de una encuesta, llegó a sugerir a alumnos de 13 y 14 años que mantuvieran relaciones con personas de su mismo sexo para comprobar la «veracidad» de su orientación heterosexual.
La resolución, hecha pública el pasado viernes, no concreta la provincia ni el centro donde ocurrieron los hechos, en aplicación de la política de protección de datos y a petición de los denunciantes, aunque sí recoge los elementos esenciales del caso.
El expediente se abrió a raíz de un escrito en el que se denunciaba que la tutora de la clase obligó a los estudiantes a responder a un cuestionario con preguntas como: «¿Cuándo te diste cuenta de que eras heterosexual?«, «¿Qué opinan tus padres de que seas heterosexual?» o «¿Por qué los heterosexuales hablan tanto de sus parejas?». Todavía más graves fueron las cuestiones en las que se les invitaba a replantearse su orientación sexual.
Entre ellas: «¿Cómo sabes que te gustan las personas de distinto sexo si nunca has probado con alguien del mismo sexo?«, «¿No crees que es una moda ser heterosexual?» o «¿Te sientes atraído por cualquier persona del sexo opuesto?».
Aunque en un principio los cuestionarios iban a ser anónimos, finalmente se obligó a los alumnos a identificarlos con su nombre. Esto generó un aluvión de protestas tanto de estudiantes como de familias, que reclamaron la devolución de los documentos por la falta de garantías en el consentimiento. La profesora justificó su actuación asegurando que pretendía «hacer reflexionar a los alumnos sobre el respeto hacia otras identidades sexuales».
La Consejería de Educación elaboró un informe en el que recogía la queja de una madre presentada en junio de 2025, probablemente relacionada con el mismo cuestionario. El documento confirma que la docente se encuentra de baja desde febrero de ese mismo año, lo que apunta a que los hechos sucedieron el curso anterior. La inspección realizada constató, además, que la actividad era desconocida para el Equipo Directivo y el departamento de Orientación.
En su resolución, el Procurador del Común pide a la Consejería de Educación que investigue los hechos por considerar que podrían constituir una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad personal recogido en el artículo 18.1 de la Constitución, así como en la Ley Orgánica 1/1982 de Protección del Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y la Propia Imagen.
La resolución advierte de que no está claro que los menores conocieran de antemano el contenido del cuestionario y que, en cualquier caso, la relación de autoridad entre profesora y alumnos habría limitado su libertad para rechazarlo.
El Procurador exige a la Administración educativa adoptar todas las medidas necesarias: comprobar los hechos, identificar dónde están los cuestionarios y quién los custodia, determinar si fueron difundidos y, en su caso, por quién, y abrir el correspondiente expediente sancionador si hubiera infracciones. También reclama que se devuelvan los documentos a los alumnos para evitar su circulación, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder a las familias afectadas.
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