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El PSOE, a un paso de ser imputado por financiación ilegal, se enfrenta a uno de los capítulos más comprometidos de su historia reciente.
La última documentación remitida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al Tribunal Supremo ha puesto de relieve lo que los investigadores describen como una posible «caja B» dentro del partido, desde la que se habrían abonado sobresueldos en metálico a varios dirigentes, entre ellos el exministro de Transportes José Luis Ábalos.
El informe, de 285 páginas, detalla con precisión las presuntas irregularidades detectadas en la contabilidad interna de la formación. Según los agentes, durante años se habrían efectuado pagos «sin respaldo documental» con dinero de procedencia desconocida, entregado directamente en sobres.
Esta práctica, según la Guardia Civil, se habría vuelto especialmente frecuente a partir de la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, coincidiendo con un notable incremento de los movimientos de efectivo en la sede de la calle Ferraz.
Las pesquisas apuntan también a la participación de dos trabajadoras del propio partido, Covadonga San Pedro Pascual y Celia Rodríguez Alonso, en la operativa de pagos. Resulta especialmente llamativa la contradicción de esta última, quien en otro procedimiento judicial aseguró que los gastos de Ábalos se cubrían siempre mediante transferencias bancarias, una versión que choca frontalmente con la abundante documentación en metálico recogida por la UCO.
El caso ha adquirido una nueva dimensión tras las declaraciones del empresario Víctor de Aldama, considerado el principal comisionista de la trama de corrupción que rodea al antiguo Ministerio de Transportes. De Aldama aseguró haber presenciado cómo Ábalos y su exasesor Koldo García discutían la entrega de una parte del rescate de 53 millones de euros concedido en 2021 a la aerolínea Plus Ultra —en concreto, 10 millones— para financiar actividades vinculadas al PSOE y a la Internacional Socialista, que preside Pedro Sánchez.
La investigación judicial ya contaba con el denominado «informe Cerdán», incorporado en julio a la causa que instruye el Supremo.
En ese documento se señalaba a los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán como posibles receptores de comisiones ilegales ligadas al amaño de contratos públicos. Por primera vez, los indicios recogidos en aquel informe abrían la posibilidad de imputar al propio Partido Socialista como persona jurídica por presunta financiación irregular.
El análisis de la evolución económica de Ábalos, según el último dictamen de la UCO, revela un patrón que refuerza las sospechas. Entre 2018 y 2023, el exministro dejó de realizar retiradas de dinero desde sus cuentas, al tiempo que sus ingresos en efectivo aumentaban de manera sustancial.
En ese mismo periodo, se detectaron gastos en ocio y servicios de acompañamiento por valor de unos 20.000 euros, que habrían sido sufragados con parte de los 95.000 euros que supuestamente recibió sin declarar.
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