El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha consumado una nacionalización masiva de extranjeros mediante la ley de memoria histórica, ampliando de forma irregular el acceso a la nacionalidad. El proceso comenzó en 2022 y ha culminado con la inscripción de más de 237.000 personas, que ya poseen pasaporte español y derecho a voto.
Según datos del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Extranjero, cerca de un millón de personas han solicitado la nacionalidad a través de consulados. Más de 400.000 recibieron aprobación, mientras que unas 237.000 figuran oficialmente inscritas. Esta cifra representa un incremento sustancial en el censo electoral, lo que alimenta la sospecha de una maniobra política para garantizar un electorado favorable al Gobierno.
Juristas advierten que esta interpretación amplia de la ley viola principios fundamentales del derecho administrativo y socava la confianza en las instituciones. La maniobra, ejecutada por instrucciones internas del Ministerio de Justicia, modifica la ley sin intervención parlamentaria, un acto que expertos califican de irregular y preocupante.
Una reinterpretación de la ley de memoria histórica
La clave del proceso reside en una instrucción interna firmada por Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, que amplió sustancialmente el alcance de la ley de memoria histórica. Esta instrucción permitió que cualquier descendiente de españoles nacidos en el extranjero solicitara la nacionalidad, sin necesidad de acreditar persecución o exilio.
Los consulados españoles en Iberoamérica y otras regiones del extranjero se vieron colapsados por la avalancha de solicitudes. La aplicación estricta de la instrucción, sin distinción entre descendientes de exiliados y otros españoles, refleja una orientación política clara: inflar el censo electoral con ciudadanos potencialmente favorables al Gobierno.
Guillermo Rocafort, portavoz de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, denuncia que estas acciones no tienen nada que ver con la memoria histórica: “Esto no es memoria histórica, es ingeniería política”. La asociación recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia, pero sus demandas no prosperaron.
Expertos legales alertan sobre irregularidades
Juristas y catedráticos de Derecho Administrativo consideran que la instrucción vulnera el principio de jerarquía normativa. Una ley no puede ser alterada mediante una simple directriz administrativa. Esta nacionalización masiva de extranjeros no tiene precedente y evidencia un abuso del poder ejecutivo.
La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica solicitó al Consejo de Transparencia que publicara las circulares enviadas a los consulados. Aunque el Consejo falló a favor de la transparencia, el Ministerio de Asuntos Exteriores se niega a hacer públicas estas comunicaciones. Esto refuerza la percepción de que el proceso busca beneficiar electoralmente al Gobierno de Sánchez en lugar de cumplir con fines históricos o de justicia.
Además, la falta de control parlamentario y la opacidad en la gestión de estas nacionalizaciones crean un precedente peligroso, que permite al Ejecutivo alterar la composición del electorado mediante decisiones administrativas internas.
Un golpe a la democracia y a la ley
El efecto práctico de la nacionalización masiva es claro: más de 500.000 nuevos votantes podrían influir directamente en elecciones futuras. Esta estrategia, implementada sin reforma legal ni debate público, constituye un ataque a la democracia y al principio de igualdad ante la ley.
La ley de memoria histórica debería servir , según el gobierno, para reconocer injusticias pasadas y reparar a víctimas del franquismo, no para conceder nacionalidades a discreción con fines políticos. La manipulación del censo electoral pone en riesgo la confianza de los ciudadanos en las instituciones y cuestiona la integridad de los procesos electorales.
La ley de memoria histórica, reinterpretada mediante instrucciones internas, permite otorgar ciudadanía y derecho a voto a cientos de miles sin el debido respaldo legal.
La denuncia de Rocafort y la postura de los expertos evidencian que España enfrenta un desafío institucional: garantizar que la nacionalidad y el derecho al voto se otorguen conforme a la ley, no como herramienta de ingeniería política.
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