La maniobra, ejecutada por instrucciones internas del Ministerio de Justicia, modifica la ley sin intervención parlamentaria, un acto que expertos califican de irregular y preocupante
Noticias25 de octubre de 2025 AE
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha consumado una nacionalización masiva de extranjeros mediante la ley de memoria histórica, ampliando de forma irregular el acceso a la nacionalidad. El proceso comenzó en 2022 y ha culminado con la inscripción de más de 237.000 personas, que ya poseen pasaporte español y derecho a voto.
Según datos del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Extranjero, cerca de un millón de personas han solicitado la nacionalidad a través de consulados. Más de 400.000 recibieron aprobación, mientras que unas 237.000 figuran oficialmente inscritas. Esta cifra representa un incremento sustancial en el censo electoral, lo que alimenta la sospecha de una maniobra política para garantizar un electorado favorable al Gobierno.
Juristas advierten que esta interpretación amplia de la ley viola principios fundamentales del derecho administrativo y socava la confianza en las instituciones. La maniobra, ejecutada por instrucciones internas del Ministerio de Justicia, modifica la ley sin intervención parlamentaria, un acto que expertos califican de irregular y preocupante.
Una reinterpretación de la ley de memoria histórica
La clave del proceso reside en una instrucción interna firmada por Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, que amplió sustancialmente el alcance de la ley de memoria histórica. Esta instrucción permitió que cualquier descendiente de españoles nacidos en el extranjero solicitara la nacionalidad, sin necesidad de acreditar persecución o exilio.
Los consulados españoles en Iberoamérica y otras regiones del extranjero se vieron colapsados por la avalancha de solicitudes. La aplicación estricta de la instrucción, sin distinción entre descendientes de exiliados y otros españoles, refleja una orientación política clara: inflar el censo electoral con ciudadanos potencialmente favorables al Gobierno.
Guillermo Rocafort, portavoz de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, denuncia que estas acciones no tienen nada que ver con la memoria histórica: “Esto no es memoria histórica, es ingeniería política”. La asociación recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia, pero sus demandas no prosperaron.
Expertos legales alertan sobre irregularidades
Juristas y catedráticos de Derecho Administrativo consideran que la instrucción vulnera el principio de jerarquía normativa. Una ley no puede ser alterada mediante una simple directriz administrativa. Esta nacionalización masiva de extranjeros no tiene precedente y evidencia un abuso del poder ejecutivo.
La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica solicitó al Consejo de Transparencia que publicara las circulares enviadas a los consulados. Aunque el Consejo falló a favor de la transparencia, el Ministerio de Asuntos Exteriores se niega a hacer públicas estas comunicaciones. Esto refuerza la percepción de que el proceso busca beneficiar electoralmente al Gobierno de Sánchez en lugar de cumplir con fines históricos o de justicia.
Además, la falta de control parlamentario y la opacidad en la gestión de estas nacionalizaciones crean un precedente peligroso, que permite al Ejecutivo alterar la composición del electorado mediante decisiones administrativas internas.
Un golpe a la democracia y a la ley
El efecto práctico de la nacionalización masiva es claro: más de 500.000 nuevos votantes podrían influir directamente en elecciones futuras. Esta estrategia, implementada sin reforma legal ni debate público, constituye un ataque a la democracia y al principio de igualdad ante la ley.
La ley de memoria histórica debería servir , según el gobierno, para reconocer injusticias pasadas y reparar a víctimas del franquismo, no para conceder nacionalidades a discreción con fines políticos. La manipulación del censo electoral pone en riesgo la confianza de los ciudadanos en las instituciones y cuestiona la integridad de los procesos electorales.
La ley de memoria histórica, reinterpretada mediante instrucciones internas, permite otorgar ciudadanía y derecho a voto a cientos de miles sin el debido respaldo legal.
La denuncia de Rocafort y la postura de los expertos evidencian que España enfrenta un desafío institucional: garantizar que la nacionalidad y el derecho al voto se otorguen conforme a la ley, no como herramienta de ingeniería política.
Comparte con tus contactos
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias
Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a
WhatsApp: 635967726
"Uno de esos sobres fueron entregados por la que fue afiliada Carmen Pano que en dos ocasiones entregó sobres con dinero por importe cada uno de 45.000 euros"
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha acordado por unanimidad desestimar como «infundada» la demanda presentada por Arnaldo Otegi contra España en relación con la revisión judicial del conocido caso Bateragune
La reciente regularización impulsada por la Inspección de Trabajo —que afectó también al contrato de Intxaurrondo— vino a corregir una práctica extendida: la de considerar “colaboradores externos” a quienes, en realidad, mantenían una relación laboral continuada
“No se trata de integración, sino de imposición cultural”, denuncian asociaciones de padres, que reclaman igualdad de trato para las familias que no profesan ninguna religión y se quejan de que la Administración cede ante las exigencias de minorías organizadas
El FMI advierte que el crecimiento español está basado en gasto, deuda y baja productividad
“Iglesias vive como un millonario mientras predica contra los ricos", “vivir a cuerpo de rey gracias al dinero del populismo bolivariano”
Antonio Tejero Molina, exteniente coronel de la Guardia Civil y figura central del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, esta grave en hospital de Valencia, pero aun no ha muerto
Finalmente, los padres han sido detenidos por presunto abandono de menores, favorecimiento de la inmigración ilegal y fraude a la administración
Resulta llamativo —por no decir escandaloso— que tanto PP como PSOE presuman en sus campañas nacionales de “defender al agricultor” mientras en Bruselas actúan al dictado de los grandes intereses globales
«Si no eres ciudadano sueco y recibes una condena de un solo día de prisión, serás deportado»
"Uno de esos sobres fueron entregados por la que fue afiliada Carmen Pano que en dos ocasiones entregó sobres con dinero por importe cada uno de 45.000 euros"
