Impacto España Noticias
El pasado 12 de noviembre de 2025, en la majestuosa sala de la Biblioteca Nacional de España, tuvo lugar un acto con poco de espontáneo homenaje y mucho de maniobra política. Bajo el rótulo de “Homenaje a Mujeres que han hecho Historia”, seis mujeres fueron encumbradas por un acto que, más que reivindicar la memoria, sirvió para consolidar una narrativa oficial.
Lo llamativo no fue tanto quién habló: Paquita Sauquillo, Cristina Almeida, Rosa Villacastín, Marta Nebot o la novia de Javier Ruiz, Sarah Santaolalla –actual musa mediática de la izquierda–, sino quién pagó todo: el Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, bajo el control del Gobierno de Pedro Sánchez.
¿Quién financia a quién?
Según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la empresa responsable del evento fue Display Connectors SL, compañía editora del diario Público, medio claramente afín al Ejecutivo. Se adjudicó de forma directa (sin concurso público) un contrato menor por valor total de 18.148,79 €, impuestos incluidos, para una ejecución de un solo día. Esa modalidad —la adjudicación directa al límite legal permitido— es precisamente la que evita la competencia y transparencia que un concurso abierto exige.
Este gesto no es anecdótico. En una legislatura marcada por concesiones millonarias por parte del Instituto de las Mujeres, el Gobierno ha aprobado recientemente subvenciones directas por 2,2 millones de euros, repartidas entre más de veinte entidades presuntamente “promotoras de la igualdad” pero muchas alineadas con el discurso oficial. Igualdad
La lógica es clara: financiar con recursos públicos medios que publican y celebran exclusivamente lo que interesa al Ejecutivo. No se trata de apoyar voces independientes, sino de sostener eco-chambers que validan la estrategia política del poder.
Más que un homenaje: una exaltación política
El evento se abrió con la directora de relaciones institucionales del medio, seguida de su directora de comunicación y eventos, y concluyó con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, intercalando discursos de gran carga simbólica y poco espacio para la discrepancia. Gloria y reconocimiento, desde luego, para seis mujeres destacadas:
María Luisa Solá (dobladora), Begoña San José (activista feminista), Isabel Giménez (jueza), Carmen Arce (“Kubalita”, pionera del fútbol femenino), Irune Costumero (luchadora contra el Sindrome de Alienación Parental) e Isabel Jiménez (maestra gitana y defensora de la educación inclusiva). Todas ellas merecen reconocimiento, sin duda, pero pocas preguntas se hicieron sobre por qué fueron elegidas, quién decide qué figuras “cuentan” para el relato feminista estatal, y quién paga ese relato.
Las intervenciones fueron emotivas: Paquita Sauquillo recordó que, en su juventud, las mujeres “éramos menores de edad perpetuas”; Cristina Almeida, vividora de dinero publico, denunció el papel represivo del franquismo sobre la autonomía femenina; Rosa Villacastín evocó los límites sociales que imponía la tradición; Marta Nebot recordó cómo las miradas sólidas y la lucha de varias generaciones hicieron posible avanzar.
Y finalmente, Sarah Santaolalla, nacida en 1998, aludió a los “avances significativos” en derechos de conciliación y permisos retribuidos con la ley laboral. Este discurso de triunfo progresivo, hilado por generaciones, no dejó demasiado espacio para cuestionar desde fuera las políticas actuales, sino para celebrarlas como herederas de un legado femenino perfectamente alineado con la visión oficial.
Crítica política: ¿propaganda con presupuesto público?
Que el Ministerio de Igualdad financie (con dinero de todos) un acto para un medio que comparte su misma línea ideológica no es solo una ocurrencia simbólica. Es una estrategia política. Se gastan casi 20.000 euros de dinero publico, para que un medio privado pueda reforzar un relato público, con nombres mediáticos que usan esas plataformas para legitimar el discurso del Gobierno.
Este tipo de adjudicaciones directas —sin concurso ni competencia— alimentan una peligrosa relación entre poder público y medios afines. No es libertad de prensa: es dependencia. No es pluralidad: es circuito cerrado. En lugar de abrir espacios para voces críticas, se refuerza una narrativa “oficial” que pocos medios dirigen, pocos medios reproducen, y muchos consumen como verdad irrebatible.
Además, el hecho de que el coste del acto sea relativamente modesto en el conjunto del presupuesto estatal hace aún más evidente la preferencia por usar mecanismos ágiles y poco transparentes. No hay licitación, no hay transparencia real sobre los criterios de selección, y el beneficiario es precisamente quien produce el contenido.
El riesgo para la democracia
Cuando el Gobierno financia medios que operan como coros oficiales de su agenda, la democracia se debilita. La propaganda disfrazada de conmemoración no es solidaria: es instrumental. Con cada acto “institucional” celebrado bajo su paraguas, la distancia entre la ciudadanía y una prensa crítica se agranda.
La igualdad es un objetivo legítimo. Las seis mujeres homenajeadas merecen sin duda reconocimiento por su lucha y su legado. Pero no se puede permitir que ese reconocimiento se convierta en una extensión de la maquinaria política. No puede financiarse con dinero público únicamente para reforzar una narrativa cómoda, sin espacio para la discrepancia ni la crítica.
El Gobierno de Sánchez, si de verdad cree en la igualdad, no debería financiar solo los actos de sus medios amigos, sino promover un ecosistema mediático plural, diverso y crítico. Porque la igualdad real no se construye desde el eco de lo que ya se piensa, sino desde el choque respetuoso de opiniones distintas.
Un añadido preocupante: las subvenciones del Gobierno a sus medios amigos y su eco en el juicio al Fiscal General
Cabe añadir además un aspecto aún más polémico y sintomático del sistema de relación entre medios y poder: las cuantiosas subvenciones que el Ejecutivo de Sánchez ha otorgado a medios claramente afines, y cómo esa vinculación se ha dejado notar incluso en el reciente juicio al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
No es un secreto que medios como elDiario.es, El País o la Cadena SER han recibido importantes aportaciones de fondos públicos durante esta legislatura. Según diversas fuentes críticas, estas ayudas no solo buscan mantener viva una red mediática amigable, sino reforzar un relato afín al Gobierno.
Este sesgo se ha visto reflejado también durante el juicio al Fiscal General. La defensa de García Ortiz ha apelado explícitamente a periodistas de esos medios para sostener su defensa. Algunos testimonios recogidos en el Supremo muestran declaraciones de periodistas de elDiario.es, de La Sexta, del El País o de la SER, cuya versión de los hechos ha sido utilizada por su defensa para argumentar su inocencia.
Para agravar la situación, varios de esos reporteros declararon que tenían acceso al correo filtrado antes incluso de que éste llegara al fiscal general. Este hecho, más allá de la versión oficial, plantea serias dudas sobre la independencia informativa de esos medios: ¿están cumpliendo su función de prensa crítica o simplemente prestan su voz al relato del poder?
Además, se ha informado de que algunos de los medios señalados han defendido públicamente al fiscal, no solo informando, sino con un tono que se aleja de la neutralidad periodística. Este alineamiento refuerza la percepción de que los medios beneficiados con ayudas públicas se están comportando como amplificadores de la estrategia política del Gobierno, no como guardianes independientes del poder.
En definitiva, al sumar estos elementos —subvenciones millonarias, medios afines, testigos mediáticos en el juicio— se traza una imagen inquietante sobre la instrumentalización de la prensa desde el poder. No se trata solo de un apoyo económico: es una red que mantiene ecoservicios informativos que, al final, pueden debilitar la función social del periodismo como contrapeso democrático.
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