Israel estaría investigando si parte del dinero público enviado por el Gobierno de Pedro Sánchez a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) pudo acabar desviándose a estructuras controladas por Hamás, la organización islamista catalogada como terrorista por la UE y la ONU
Nacional25 de noviembre de 2025
Impacto España Noticias
Israel estaría investigando si parte del dinero público enviado por el Gobierno de Pedro Sánchez a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) pudo acabar desviándose a estructuras controladas por Hamás, la organización islamista catalogada como terrorista por la UE y la ONU. La información, difundida por diversas fuentes mediáticas y compartida por analistas de inteligencia, ha desatado una tormenta diplomática cuyo epicentro podría golpear directamente a La Moncloa.
El envío de fondos españoles, cifrado en alrededor de 50 millones de euros, habría sido aprobado como “ayuda a la gobernanza palestina”. Es decir, dinero destinado supuestamente a fines administrativos y sociales. Sin embargo, la investigación israelí plantea una incómoda pregunta: ¿terminó parte de ese dinero financiando al grupo islamista?
¿Dónde está el control de estos fondos?
Mientras organizaciones internacionales alertan desde hace años de la opacidad presupuestaria en los territorios palestinos, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió mantener e incluso aumentar la financiación hacia la ANP. Críticos del sistema denuncian que no existen mecanismos transparentes que garanticen que esas ayudas no acaben en manos de grupos violentos.
Europa, dividida: ¿ayuda humanitaria o financiación encubierta?
Algunos países europeos han empezado a revisar su cooperación con Palestina tras la reorganización política interna y el aumento del poder de facciones radicales afines a Hamás. España, en cambio, ha seguido apostando por una financiación millonaria. Y ahora surge la duda que incomoda a La Moncloa: ¿se está pagando con impuestos españoles la actividad de un grupo terrorista?
La pregunta que estalla en Madrid
Si Israel confirma el desvío de fondos, el escándalo abriría un escenario sin precedentes. La responsabilidad política podría alcanzar directamente al Ejecutivo español. ¿Quién aprobó el dinero? ¿Quién garantizó el control de su uso? ¿Quién responde si se demuestra que los euros de los contribuyentes acabaron financiando terrorismo islamista?
Lo que era cooperación internacional podría convertirse en uno de los mayores boomerangs diplomáticos de los últimos años y en un escándalo sin precedentes.
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