Durante el periodo en el que Leire Díez formó parte de la alta estructura directiva de Correos, la empresa pública intensificó la venta de inmuebles históricos en ubicaciones prime, muchos de ellos adquiridos por administraciones gobernadas por el PSOE
Corrupción22 de diciembre de 2025 VP
La adquisición de varios edificios históricos pertenecientes a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos por parte de la Generalitat Valenciana durante los mandatos de Ximo Puig ha pasado de ser una operación patrimonial a convertirse en un asunto bajo investigación administrativa y fiscal. En el centro de la polémica aparece el nombre de Leire Díez, exdirectiva de Correos, cuya etapa en la empresa pública coincide con una intensa política de ventas inmobiliarias financiadas con fondos públicos autonómicos.
Entre 2019 y 2023, el Gobierno valenciano cerró la compra de cinco inmuebles de Correos repartidos por Valencia, Alicante, Gandía, Elche y Castellón, por un importe que supera los 35 millones de euros, sin incluir los costes previstos de rehabilitación, que en algunos casos duplicaban o triplicaban el precio de adquisición. Tres de estas operaciones se aprobaron mientras Leire Díez ocupaba la jefatura del departamento de Relaciones Institucionales de Correos, entre noviembre de 2021 y febrero de 2024.
La justicia y la Agencia Tributaria investigan ahora si estas operaciones respondieron a criterios de interés general o si, por el contrario, formaron parte de un modelo de compraventa y posterior rehabilitación diseñado para beneficiar a determinados actores empresariales y políticos.
Leire Díez y la etapa de expansión inmobiliaria de Correos
Durante el periodo en el que Leire Díez formó parte de la alta estructura directiva de Correos, la empresa pública intensificó la venta de inmuebles históricos en ubicaciones prime, muchos de ellos adquiridos por administraciones gobernadas por el PSOE. Estas operaciones se financiaron mediante partidas presupuestarias destinadas inicialmente a infraestructuras educativas, deportivas o de vivienda pública.
Los investigadores analizan si existió un patrón repetido: venta de edificios a precios elevados, encargos de informes justificativos posteriores y previsión de costosas rehabilitaciones que, en algunos casos, nunca llegaron a ejecutarse.
En esta trama aparecen también Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y Antxon Alonso, socio en la empresa Servinabar de Santos Cerdán. Según diversas investigaciones, este entramado habría participado en la intermediación de operaciones inmobiliarias y en la proyección de reformas posteriores.
Valencia: la operación más costosa y el epicentro de las sospechas
La compra más relevante se produjo en diciembre de 2021 con la adquisición del antiguo edificio de Correos en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. El Consell autorizó el pago de 23,9 millones de euros por un inmueble con una superficie construida de 9.461 metros cuadrados sobre una parcela de 2.361 metros.
La operación fue aprobada mediante un acuerdo firmado por la entonces vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y el Ejecutivo justificó la compra por el valor patrimonial y la singularidad arquitectónica del edificio, que lo hacía susceptible de protección cultural.
Sin embargo, la financiación de la operación levantó críticas desde el primer momento, ya que el dinero procedía de partidas destinadas a la construcción de colegios, instalaciones deportivas y vivienda pública. Posteriormente, se encargaron informes externos para justificar el uso social y cultural del inmueble, algunos de ellos después de haberse fijado el precio de compra.
La Oficina Nacional contra el Fraude de la Agencia Tributaria investiga si estos informes fueron meramente instrumentales y si se produjo un uso ineficiente o irregular de fondos públicos. A ello se suma un informe adicional encargado a una empresa pública por más de un millón de euros, que estimaba que la rehabilitación del edificio exigiría otros 19,3 millones de euros.
A día de hoy, el inmueble, rebautizado como Palacio de las Comunicaciones, permanece infrautilizado.
Alicante: una sede fallida para la Generalitat
En febrero de 2023, el Consell aprobó la compra del edificio de Correos en la plaza Gabriel Miró de Alicante por 4,9 millones de euros. El inmueble cuenta con 3.254 metros cuadrados construidos y la intención inicial era convertirlo en sede institucional de la Generalitat en la ciudad.
Tras el cambio de gobierno autonómico, el uso previsto fue modificado y el edificio pasó a albergar dependencias de la Conselleria de Innovación, mientras que la planta baja quedó reservada para actos institucionales y eventos. La operación también se encuentra bajo revisión por el elevado coste de adquisición en relación con el uso final.
Gandía: una compra acelerada en plena precampaña electoral
La tercera adquisición vinculada a esta etapa se cerró en marzo de 2023, apenas diez días antes de las elecciones autonómicas. La Generalitat compró el edificio de Correos de Gandía por 2,4 millones de euros, a pesar de que su valoración catastral era de 626.000 euros.
El expediente se había iniciado en junio de 2022, pero la formalización se aceleró cuando el Gobierno ya estaba en funciones. El inmueble, de 2.444 metros cuadrados construidos, iba a destinarse al denominado Hub Distrito Digital Sanitario, un proyecto que nunca llegó a materializarse.
No se elaboró un informe externo independiente que justificara el precio de compra. Tras la llegada del nuevo Ejecutivo autonómico, se ejecutó el pago comprometido, pero el edificio continúa sin un uso definido.
Compras anteriores: Elche y Castellón
Antes de la llegada de Leire Díez a Correos, el Gobierno de Ximo Puig ya había adquirido otros dos inmuebles de la misma empresa estatal.
En Elche, en mayo de 2019 y con el Consell en funciones, se compró el edificio de Correos por 738.000 euros, con la previsión de invertir hasta 8 millones de euros en su rehabilitación para albergar un centro internacional vinculado al diseño y la moda del calzado. A día de hoy, el edificio presenta signos de deterioro y carece de actividad estable.
En Castellón, en febrero de 2021, la Generalitat pagó 2 millones de euros por el inmueble situado en la plaza Tetuán. Está previsto destinarlo a servicios administrativos, aunque las obras de rehabilitación superan los 3,17 millones de euros.
Sospechas políticas y exigencia de responsabilidades
La acumulación de compras, la reiteración del modelo y la falta de uso efectivo de varios de los inmuebles han llevado a la oposición a exigir explicaciones. Se cuestiona el posible trato de favor a una empresa pública presidida por personas con estrechos vínculos políticos y el desvío de fondos destinados a servicios esenciales.
Las investigaciones en curso tratan de determinar si existieron irregularidades administrativas, sobrecostes injustificados o incluso el cobro de comisiones en el marco de estas operaciones. La Abogacía de la Generalitat y la Agencia Tributaria han solicitado documentación y analizan los expedientes completos.
Mientras tanto, los edificios adquiridos continúan, en su mayoría, sin cumplir los fines públicos para los que fueron comprados, convirtiéndose en símbolos de una política patrimonial que hoy está bajo la lupa judicial y social.
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